La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha considerado que “un nivel de vida digno para todos es la piedra angular de la justicia social y la dignidad humana”. Asimismo, insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a mejorar la adecuación de sus proyectos de ingresos mínimos existentes.
También conviene recordar la aprobación, en enero de 2018, de una resolución del Comité de Asuntos Sociales por la que se animaba a estudiar las iniciativas, pasadas o presentes, de pruebas de campo de diferentes fórmulas de renta básica a nivel local, regional o nacional. Aprobación que, por cierto, contó con los votos favorables del PNV, Podemos y el PP y, en el Parlamento Vasco, PNV y PP parecen no mostrarse favorables en la actualidad.
¿Cómo puede comprenderse que, en la Asamblea del Consejo de Europa se apoye esa iniciativa, mientras que, en el Parlamento Vasco, se pueda poner trabas a la misma?¿Hay alguna evidencia científica que demuestre la imposibilidad de aplicar una Renta Básica Incondicional? O, lo que se está mostrando por quienes se oponen a ella ¿sólo son prejuicios que impiden la experimentación de las iniciativas recomendadas desde la Asamblea del Consejo y la propia ONU? ¿Se prefiere perpetuar las ayudas estigmatizantes de dependencia social o, por el contrario, se quiere consolidar el derecho a percibir una asignación de renta básica, que evite la pobreza extrema de acuerdo con las posibilidades financieras del país?
El asunto de la pobreza, además, compromete a la salud pública por el coste social que conlleva sin olvidar su impacto en la infancia.
Las medidas establecidas para ayudar a la población a no caer en la marginalidad a través de los subsidios, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) desde hace 33 años, e Ingreso Mínimo Vital (IMV), se han visto insuficientes y dejado en la estacada a un sector de población frágil de recursos, por la dificultad de acceso. La 'Encuesta de pobreza y desigualdades sociales' del Gobierno vasco muestra que Lanbide no atiende a cada una de tres personas en situación de exclusión grave, según datos de julio de 2021. ¿Es posible considerarlo un éxito?
No es casualidad que la renta básica despierte interés en el mundo como inversión social en prevención de costes sociales mayores. Y habrá, posiblemente, quienes piensen que es una propuesta propia de la izquierda política y, a este respecto, conviene señalar que ha sido defendida por economistas y políticos conservadores, como el presidente Richard Nixon en 1969, quien estuvo cerca de implantar un sistema similar. Y el Instituto Adam Smith, de línea neoliberal, también admite su vigencia para combatir la pobreza, pues apoyó al Partido Laborista de Jeremy Corbyn en 2018 en su análisis de perspectivas malogradas por el Brexit.
Dos años después de la puesta en marcha de un plan de renta básica, en el pueblo de Stockton, California, con 125 participantes, se ha podido evidenciar el buen resultado que ha permitido a los beneficiarios hacer frente a los gastos de la vida diaria y observar una mejoría en los cuadros de ansiedad y depresión. Y pudieron conservar sus viviendas frenando la amenaza de desahucio. Además, la renta básica impulsó el empleo en el pueblo. “La gente que vive en la pobreza no es gente irresponsable; solamente carece de oportunidades”, dijo el alcalde Michael Tubbs, de 27 años, el más joven de Estados Unidos.
Es la línea piloto que ya está en marcha en Barcelona durante 2022-2025, así como en otros países. En Namibia se puso en marcha un proyecto piloto en 2008-2009 con consecuencias favorables en la salud infantil y en la reducción de la deuda familiar. Incidió en el descenso de la criminalidad y en el índice general de pobreza.
Y no podemos olvidar la simulación efectuada por el catedrático Jordi Arcarons y su equipo en Gipuzkoa, en 2014, con datos demográficos y económicos de 2011, que le permitieron concluir que era posible una renta básica para cada adulto y cada menor de edad que permitiera vivir por encima del umbral de pobreza. Si fuera posible ¿se quiere o no se quiere?
El estudio que realizó Ikuspegi-Observatorio Vasco de la Inmigración en 2018 sobre la aportación de las personas de origen extranjero al PIB, vino a concluir que la cuantía económica dedicada por las Administraciones Públicas fue inferior (714.912.000€), a la aportación de este colectivo (1.525.292.820€). Lo que quiere decir que las personas extranjeras dieron más que lo que recibieron: 810.380.818€.
El resultado del estudio viene a desmentir la corriente de opinión falsa de que la población inmigrante recibe más de lo que aporta a la economía vasca.
La dura exigencia de tres años de residencia para acceder al mercado laboral arroja a los sin papeles a la exclusión social y a la mayoría de los adultos a la economía sumergida que, de estar regularizados, contribuirían notablemente al PIB.
La ILP sobre la Renta Básica Incondicional propone la estimación de tres meses de residencia para obtener la asignación para los extranjeros que se asienten en el territorio con ánimo de trabajar.
Y no debemos olvidar el texto del artículo 128 de la Constitución: “1. Toda la riqueza del país en sus diversas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
El Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (que debiera ser la Biblia de los políticos, en mi opinión) menciona el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”.
En la Agenda 2030 de Naciones Unidas apoyada por el Gobierno Vasco, se pone el acento en “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y velar porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”.
Cuando se aprobó por unanimidad la RGI en 1989, supuso un ejemplo de cómo cerrar filas y, hoy, se puede volver a repetir esa victoria social votando a favor de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Renta Básica Incondicional que, sin ser una panacea, supondría el fin de calamidades personales para muchas personas, reduciendo tensión social y, al mismo tiempo, avanzar un paso firme hacia el bienestar social. Hacia esa Euskadi auzolan, Euskadi bien común que queremos, y que nos hace falta.
*Pablo Martín es miembro de la Asamblea de Bizkaia de Renta Básica.
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