EH Bildu pide garantizar por ley que la ciudadanía pueda mantener una temperatura “adecuada” en el hogar
El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado en la Cámara vasca una proposición de ley dirigida a garantizar el derecho al “bienestar energético” para que todas las personas que vivan en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia puedan mantener una temperatura “adecuada” en sus hogares y que este derecho deba ser garantizado por la Administración. En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco y recogida por Europa Press, los parlamentarios de la coalición Mikel Otero y Nerea Kortajarena han presentado esta iniciativa de “bienestar energético” que busca “dar un salto cualitativo en la protección de las personas”.
El parlamentario ha explicado que la norma que plantea la coalición introduce un concepto “innovador” como es el “bienestar energético” que “claramente supera el de pobreza energética utilizado hasta ahora”. “Si la ley se aprobara en los términos que hemos presentado, el derecho al bienestar energético se convertiría en un derecho objetivo y subjetivo; un derecho a garantizar por la Administración”, ha indicado. La norma propuesta también regula el concepto del abastecimiento energético básico, indicando que es el que “garantiza una temperatura entre 18 y 25 grados en las viviendas”, y también regula que la factura para obtener este suministro básico “no debe suponer más del 10 por ciento de los ingresos de todas las personas que viven en una vivienda”.
Además, la ley plantea la creación y los “pilares” del sistema de prestaciones para la garantía del bienestar de energético y propone prestaciones económicas dirigidas a que “todas las personas de la comunidad autónoma tengan cantidades de energía razonables para satisfacer sus necesidades energéticas, a cambio de una cantidad de dinero también razonable”. Para ello, propone desarrollar indicadores múltiples que tengan en cuenta el tipo de vivienda, su ubicación, el número de personas que viven en ella, entre otros.
También contempla “prestaciones tecnológicas” como líneas de ayudas para acceder a dispositivos eficientes, vinculados a reducciones de facturas energéticas. Otero ha explicado que la iniciativo no solo busca poner a disposición las prestaciones para la satisfacción de los suministros básicos, sino que cree importante poner en marcha, regular, y vincular este derecho a otro tipo de iniciativas y programas porque “la emergencia climática requiere minimizar las emisiones de CO2”.
En este sentido, la ley incide especialmente medidas como la rehabilitación energética de viviendas y en el autoconsumo o consumo compartido impulsado a través energías renovables. Por último, ha detallado que la ley, además de la exposición de motivos, consta de 44 artículos divididos en dos títulos y ocho capítulos. Además tiene seis disposiciones adicionales, una derogatoria y una disposición final.
Miles de afectados
Nerea Kortajarena, por su parte, ha destacado que en el año 2008 “empeoraron los indicadores vinculados a la pobreza energética” y desde entonces se han mantenido en valores “muy altos” y con una “clara tendencia al alza” en los últimos años. “Son miles las personas que no tienen ingresos suficientes para tener una temperatura adecuada en sus hogares”, ha señalado. En este sentido, ha citado la última Encuesta de Pobreza y Necesidades sociales del Gobierno Vasco que señala que en dos años se han incrementando en un 5,3% el número de personas que tienen problemas para mantener una temperatura adecuada en sus hogares, y son casi 200.000 las personas que se encuentran en esta situación.
Según ha explicado, con esta propuesta de ley EH Bildu plantea “dar un salto cualitativo” y conseguir que el bienestar energético sea reconocido como un derecho y que “todos los ciudadanos tengan acceso garantizado a los suministros energéticos esenciales para poder tener unas condiciones de vida dignas”. Kortajarena espera que el Gobierno Vasco se pronuncie a favor de la tramitación de esta propuesta de ley para que, “cuanto antes, el bienestar energético sea un derecho para todos los ciudadanos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia”.
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