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La Fiscalía pide aclaraciones de los informes médicos de dos exdirigentes del PNV condenados por corrupción

El fiscal Josu Izaguirre

Iker Rioja Andueza

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Expertos del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) han entregado ya a la Audiencia Provincial de Álava sendos informes forenses sobre el estado de salud de los exdirigentes del PNV de Álava Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que están buscando evitar el cumplimiento de su pena de prisión por la corrupción del 'caso De Miguel' por este motivo pero que también han pedido un indulto político al Gobierno. Fuentes de la defensa de Tellería han explicado a Efe que el dictamen forense desaconseja su ingreso en un centro penitenciario, mientras que el de Ochandiano es negativo para sus intereses. Sea como fuere, otras fuentes judiciales indican que la Fiscalía ha solicitado algunas aclaraciones a los expertos antes de emitir un informe sobre la cuestión, particularmente en el caso de Tellería.

En todo caso, la última palabra será del tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, que no tiene un plazo fijo para responder. Las fuentes consultadas indican que, habitualmente, las penas se suspenden por motivos de salud únicamente en caso de una enfermedad grave que no permita ser tratada en prisión o incluso con las salidas oportunas a un centro sanitario. Es un debate similar al que se está teniendo en el caso de los ERE de Andalucía, con exdirigentes socialistas implicados. El sentido de la resolución judicial no tiene por qué ser el mismo que el del informe pericial.

Tellería recibió una pena de seis años de prisión por ser integrante de la trama de corrupción encabezada por su colega de partido Alfredo de Miguel, que era el 'número dos' del PNV alavés. Ochandiano, de su lado, fue castigado a siete años. Los tres crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para cobrar comisiones ilegales y blanquear dinero. La pusieron a nombre de las esposas de los tres. Los problemas de salud de ambos ya estaban sobre la mesa cuando en enero llegó la sentencia definitiva del Tribunal Supremo y en marzo, cuando se hizo firme. De hecho, cuando Ochandiano fue despedido de su puesto en una sociedad pública del Gobierno vasco, el parque tecnológico de Miñano, ya llevaba tiempo sin acudir a trabajar.

En las últimas semanas, se está repitiendo la idea de que el propio De Miguel está alegando también problemas de salud y que está pendiente de una exploración forense. Es una información errónea, según recalcan fuentes judiciales y del entorno de los expolíticos condenados. De Miguel sí está agotando todos los recursos posibles para no entrar en la cárcel y también ha buscado la gracia del Gobierno de España, al que ha pedido un indulto parcial. En su caso, la pena es de doce años (nueve de cumplimiento máximo). Pero nunca ha esgrimido esta baza.

Así las cosas, meses después de que llegara la sentencia firme del 'caso De Miguel' solamente uno de los condenados está cumpliendo la pena. Se trata de Xabier Sánchez Robles, también del PNV y exdirector de Juventud del Gobierno vasco. Entró en Zaballa en plena campaña de las municipales y forales y no ha presentado una sola objeción en toda esta fase. Por el contrario, ya se ha decidido que todos los demás condenados, una decena, vean suspendida su pena por considerarse que son delitos de baja duración y que han cumplido otros requisitos en general como el abono de las responsabilidades económicas.

Hay dos casos excepcionales. Son el del exedil del PNV Iñaki San Juan y el del empresario Josu Azkarraga (antes Josu Montés). Ellos recibieron penas de más de dos años pero sin que ninguno de los delitos individuales pasara esa barrera, que es la que se considera comúnmente como la razonable para las suspensiones. Con informe negativo del fiscal del caso, Josu Izaguirre, lograron del tribunal que la suspensión solicitada, pero ahora el ministerio público ha interpuesto en recurso de súplica, según indican fuentes judiciales y de las defensas.

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