La Justicia citará a declarar al diputado guipuzcoano Asensio después de que la Guardia Civil emita un informe

La magistrada de Donostia Silvia Villanueva, titular del juzgado de Instrucción número 5, firmó un auto en abril en el que asegura que esperará a la entrega de un informe encargado a la Guardia Civil sobre el envío irregular de lixiviados desde el complejo de Zubieta en Gipuzkoa a la empresa Ecofert Sansoain de Artajona para citar después, en calidad de “investigado” o imputado, al diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, que es también teniente de diputada general y secretario general del PSE-EE en ese territorio. Así lo ha podido confirmar este periódico de dos fuentes judiciales, aunque el dirigente político continúa sin haber recibido notificación alguna.

Asensio, en su calidad de presidente del consorcio de residuos GHK (titular de la planta de Zubieta), fue denunciado en otoño por la Fiscalía como presunto responsable de un doble delito ya que no solamente se enviaron más de 5.000 toneladas a una planta que no tenía autorización para recibir esos lixiviados -esto lo ha constatado el Gobierno de Navarra, que ha sancionado a Ecofert Sansoain por ello- sino que se hizo, presuntamente, modificando el código identificativo de esos residuos para hacerlo posible. Asensio no es el único denunciado, ya que también lo fueron la directora técnica de GHK, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis, de una empresa externa llamada SADER. Todos ellos también declararán después de que se pronuncie la Guardia Civil.

Ocurrirá lo mismo con los testigos, una lista encabezada por la 'número dos' de Medio Ambiente de Navarra, Ana Bretaña. La plataforma GuraSOS, que llevó en primer término a la Fiscalía el problema de los lixiviados, demandó su presencia en el juzgado para que ratifique lo que ha manifestado públicamente: que los envíos desde Zubieta a Artajona fueron irregulares. El Gobierno navarro está dirigido por los socialistas y el área de Medio Ambiente forma parte de la cuota de la coalición del PNV, Geroa Bai.

En una de sus primeras decisiones al abrir diligencias, la juez comisionó a la Guardia Civil como Policía judicial y le encargó una serie de pesquisas para analizar lo ocurrido en Zubieta y Artajona. Recientemente, como publicó este periódico, se le ha pedido que amplíe ese trabajo con nuevas misiones como el análisis del lecho de la balsa de Ecofert Sansoain donde se almacenaron los lixiviados. Este cuerpo policial, en concreto sus equipos especializados en delitos ambientales (Seprona/UCOMA), ya ha analizado otros incidentes en torno al denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa de GHK, que incluye una incineradora. Particularmente, y bajo la dirección del mismo juzgado, investigó un vertido en Arkaitzerreka, una regata cercana, ante la posible presencia de sustancias potencialmente cancerígenas en el medio natural.

La presencia de la Guardia Civil en investigaciones ambientales en Euskadi ha sido objeto de controversia política. La Fiscalía, en sus memorias anuales, llegó a admitir que desconfiaba de la Ertzaintza o también de la colaboración de Medio Ambiente del Gobierno vasco. El PNV incluyó en sus acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez un compromiso de que la Policía autonómica gestionaría todos los casos, también los relacionados con delitos 'verdes'. Eso sí, en el asunto de los lixiviados de Artajona la Guardia Civil podría continuar interviniendo ya que el Estatuto prevé que las Fuerzas de Seguridad del Estado se encarguen de asuntos que afecten a varias comunidades autónomas, como es el caso.