Los pueblos vascos quieren vivir libres de glifosato

Al hablar del glifosato, la polémica -incluso entre científicos- está servida. Y es que, este herbicida, que se utiliza para eliminar plantas que alteran los ecosistemas o para impedir el crecimiento de malas hierbas, fue clasificado en marzo de 2015, por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) como “probablemente cancerígeno” y un estudio más reciente, que data de febrero de 2019, realizado por la revista Mutation Research relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).

Según denuncia Greenpeace, el problema de este producto es que se rocía a “millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras cada año en todo el mundo. Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”.

“En cuanto a su peligrosidad, el glifosato a nivel de la toxicología oficial, en este caso de la Unión Europea, no tiene un perfíl toxicológico muy grave, de hecho esa es otra de las razones de su gran éxito, que supuestamente se vende sin ningún tipo de precaución adicional ni para trabajadores ni para los ciudadanos que estamos expuestos al glifosato”, señala a este diario Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción. 

Para Hernández, el boom del glifosato se sitúa hace poco más de una década. Entre sus 'ventajas', se encuentra su bajo precio y su fácil aplicación. Sin embargo, más allá de los problemas toxicológicos de este producto, el glifosato genera otro problema según este experto: al 'facilitar' el trabajo, se elimina mano de obra. “Se utiliza en la agricultura porque otros medios pueden ser menos efectivos y más costosos. De esta forma el trabajador no tiene que agacharse tanto, es menos esfuerzo físico y por tanto se necesita menos personal. Abarata los costos laborales, es decir, al utilizarlo, se expulsa a trabajadores”, señala Hernández. 

En Euskadi, localidades como Hernani o Servicios de Txingudi, están libres de glifosato. Los últimos en querer sumarse a esa lista son el grupo municipal Abotsanitz, que presentarán una moción que se debatirá en el pleno ordinario de junio del Ayuntamiento de Hondarribi en la que pedirá prohibir el uso de este herbicida. 

“El glifosato es un herbicida de amplio espectro que se utiliza en primavera para frenar el crecimiento de la vegetación. Actúa sobre la síntesis de los aminoácidos y, por ello, es frecuente utilizarlo tanto en agricultura como en jardinería. Pero es muy perjudicial para la salud y para la naturaleza. La contaminación causada permanece durante mucho tiempo en la tierra o en el agua, disminuyendo la biodiversidad y llegando hasta la cadena alimentaria”, señalan desde el partido independiente.

Para ello, exigirán al Ayuntamiento que no se utilicen productos que contengan glifosato en sus campas, parques y jardines, que la empresa de jardinería subcontratada no utilice productos que contengan glifosato, que los agricultores locales dejen de utilizarlo, que se elabore una normativa para que cualquier persona que tenga que utilizar productos que contengan glifosato lo haga ajustándose a la ley, y de manera que la población no sufra contaminación alguna y que se realice una campaña informativa para que “las y los hondarribitarras conozcan que los medios ecológicos son siempre más beneficiosos para el entorno, la salud y la biodiversidad”.

Un conflicto abierto 

Y es que el conflicto por el uso del herbicida glifosato continúa abierto con posturas a favor y en contra tras las ultimas sentencias judiciales en EEUU sobre sus efectos cancerígenos para la salud. A principios de este 2020, Bayer -que compró la empresa Monsanto, productora del herbicida glifosato, por 63.000 millones de dólares- negoció con abogados un multimillonario acuerdo para cerrar las miles de demandas que afronta la empresa por el herbicida Roundup. Al realizar la compra de Monsanto, Bayer ha heredado las acusaciones que se le hacían a la multinacional estadounidense por no haber avisado de los posibles efectos cancerígenos del glifosato, principio activo del Roundup comercializado por Monsanto. Según publicó la agencia Bloomberg a principios de enero, la empresa alemana está negociando pagos que podrían rondar los 10.000 millones de dólares (9.000 milones de euros).

“Fue clasificado como cancerígeno inicialmente en Estados Unidos. Al poquísimo tiempo variaron la clasificación a prácticamente inocuo. Desde un inicio de la comercialización del glifosato como herbicida ha existido controversia. Por una parte, las autoridades regulatorias estadounidenses, canadienses, japonesas y europeas, apoyan a la industria y dicen que es un producto prácticamente inocuo y por otra parte, desde ese mismo inicio, cada vez hay más controversia con que los ensayos de evaluación no estaban bien hechos y se ha ido creando una cantidad ingente de estudios independientes, de universidades, en los que hablan de la peligrosidad de este producto. Al final, el que se siga comercializando y empleándose es más un asunto político que de salud”, argumenta Hernández. 

En Europa, a pesar de la oposición de organizaciones ecologistas y ciudadanas y de países como Francia -contraria al uso del glifosato-, la Unión Europea decidió a finales de 2017 renovar la licencia a este producto hasta 2022.