El sector crítico de EA denuncia una “caza de brujas” y urge a convocar un congreso nacional de manera “inmediata”

El sector crítico de Eusko Alkartasuna (EA) ha comunicado este lunes en Vitoria que va a registrar una consulta de urgencia a la comisión de garantías para “determinar por escrito el alcance del incumplimiento de la obligación de convocatoria de congreso estipulada en los estatutos” y la “responsabilidad que implica su incumplimiento”. El grupo ha vuelto a instar a la secretaria general, Eva Blanco, a convocar de manera “inmediata” un congreso nacional del partido fundado en 1986 por el lehendakari Carlos Garaikoetxea como escisión del PNV y a habilitar una mesa de diálogo “para acordar las condiciones que garantice la pulcritud democrática de su desarrollo”. Los díscolos quieren más peso de los partidos integrantes en EH Bildu y han mostrado su desazón por que Sortu sí haya tenido una asamblea recientemente.

Los coordinadores territoriales de Álava, Gipuzkoa y Navarra de EA, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Miren Aranoa, parte de la corriente crítica de la formación cuya cabeza visible es Maiorga Ramírez, han comparecido este lunes en un hotel de cinco estrellas de Vitoria y bajo un gran logo de EA para dar a conocer su versión sobre la situación interna del partido. Durante la presentación, han denunciado la “caza de brujas” que se está llevando a cabo contra esta corriente, expedientes disciplinarios incluidos. Según ha mencionado Aranoa, desde que hace cuatro años se celebrara el duodécimo congreso del partido, se ha “incumplido sistemáticamente el contenido de la ponencia política aprobada en el congreso”, en el que se llegó a un “amplio consenso” en torno al encaje de EA en la coalición EH Bildu, de la que también son parte Sortu y Alternatiba. Aralar, por el contrario, terminó por disolverse.

Los tres coordinadores han hablado de “la represión interna sin precedentes” que han sufrido desde la celebración de aquel congreso en junio de 2017. “Hemos visto dimitir a un secretario general, hemos visto contravenir las resoluciones de la comisión de garantías, invalidar una candidatura con más de 400 avales, hemos visto desatender la petición de un congreso extraordinario solicitado por más de 600 afiliados, hemos visto tener que recurrir a los juzgados, denuncias penales e incluso la suspensión cautelar judicial del cargo de secretario general hasta en tres ocasiones”, ha indicado Aranoa. No obstante, el sector oficial recalca que Blanco es secretaria general de pleno derecho después de que la candidatura de Ramírez en las primarias no consiguiese los avales mínimos en Iparralde, extremo ratificado después en un juicio. En todo caso, este grupo crítico señala que desde la dirección se ha impedido que se hicieran asambleas y el acceso a las sedes del partido “cambiando las cerraduras sin previo aviso”.

Aranoa ha reiterado que la dirección nacional está incumpliendo el artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos, que dice que los órganos de gobierno y representación deberán ser renovados “como máximo cada cuatro años”, porque ese plazo “ya ha expirado”. Es el mismo texto que mantuvo ilegalizada a la izquierda abertzale durante años. Por eso, y porque “no se corresponde con el espíritu de democracia interna con el que nació el partido hace 35 años”, los coordinadores de Gipuzkoa, Álava y Navarra han exigido un congreso nacional como “única solución” para sembrar un debate en el que sean los afiliados a EA quienes decidan si la formación sigue formando parte de EH Bildu como coalición o si debe integrarse –o “desintegrarse”– en un único partido.

Asimismo, los estatutos del partido indican que, en este caso, la secretaria general que ellos consideran en funciones tiene un máximo de dos meses “para llamar a consulta a la afiliación sobre su sucesión”. Sin embargo, “todos los plazos están expirados y la situación de la Ejecutiva es, cuando menos, irregular”, han señalado. De hecho, el anterior secretario general, Pello Urizar, dimitió hace dos años. Por todo ello, el sector crítico de EA va a registrar una consulta de urgencia a la comisión de garantías “para que determine por escrito el alcance del incumplimiento de la obligación de convocatoria de Congreso estipulada en los estatutos y en la legalidad ordinaria y la responsabilidad que implica su incumplimiento”.