Denuncian ante la Inspección de Trabajo a siete empresas del campo por no pagar el salario mínimo

La Asociación 25 de Marzo ha registrado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz una denuncia contra siete empresas hortofrutícolas de la región por no abonar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), exceso de jornada diaria e incumplimiento del registro horario.

También denuncian el impago de horas extraordinarias, incumplimientos en materia de descanso, que no se facilitan herramientas de trabajo y falta de medidas de prevención.

La asociación explica en un comunicado que comenzó hace más de un mes y medio un recorrido por todas las centrales hortofrutícolas de las Vegas Bajas y Altas del Guadiana.

Con su visita a estas empresas, todas ellas sujetas al convenio colectivo de sector del campo de Extremadura, pretendían simplemente informar a los trabajadores del Real Decreto que fijaba el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019 y tras tener conocimiento del incumplimiento de esta medida.

“No se cumplen los derechos laborales”

Ha ido constatando según afirma que no se cumplen los derechos laborales en empresas de Mérida, Zurbarán, Cáceres, Valdivia, Acedera y Badajoz. En el escrito se insta a que una vez constatados los hechos denunciados, se instruya el correspondiente expediente y se proceda a sancionar y pedir las responsabilidades que la legislación prevea.

Y si no se revierte la situación, no descarta acudir a los juzgados para garantizar “los derechos de todos los jornaleros extremeños”, e incluso “acudir en la vía penal si se dieran las circunstancias de responsabilidad por un delito contra los derechos de los trabajadores”.

La Asociación 25 de Marzo ha criticado que las organizaciones empresariales ASAJA y AFRUEX hayan alentado, con sus declaraciones públicas, al “impago sistemático” por parte del resto de estas organizaciones de las cuantías establecidas para el salario mínimo.

En su opinión, al margen de las consideraciones “éticas”, este hecho supone “de facto una posición coordinada de abuso de necesidad respecto a la situación legal de los derechos de los trabajadores del sector”.

Ha asegurado que es ‘notorio’, al menos en los círculos próximos a los jornaleros del campo, que existe “una coordinación entre la patronal extremeña para vulnerar los derechos laborales en este sector”, que -ha recalcado- “ya están recogidos en el convenio de aplicación”, al que todas las partes “le deben un respeto”.

En esta línea, considera “sorprendente” que tras la publicación del Real Decreto que establece el SMI para 2019, en Extremadura haya tenido que existir “un laudo para reafirmar una norma de carácter básico para todos los trabajadores”.