La mina La Parrilla presenta un ERE para despedir a sus 70 trabajadores

La empresa británica W Resources Plc, que gestiona la mina de wolframio de La Parrilla, situada entre los términos municipales de Santa Amalia (Badajoz) y Almoharín (Cáceres), ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a sus 70 trabajadores.

Esta explotación está considerada la mayor reserva de Europa de wolframio, un mineral estratégico y prioritario para la transición energética. 

El secretario general de CCOO de Industria de Extremadura, Saturnino Lagar, ha informado a la agencia Efe de que los representantes de los trabajadores recibirán este lunes la documentación del ERE por parte de la empresa y, a partir de ahí, comenzará la negociación de las condiciones de salida.

La firma británica ha alegado que siguen pendientes de los permisos necesarios para reanudar la actividad y que no pueden seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad de la Seguridad de los trabajadores, explica Lagar.

Hace un año y medio se presentó un ERTE temporal para los más de 80 trabajadores que había entonces, pero en este tiempo algunos empleados han dejado la compañía, por lo que los despidos afectan ahora a 70 personas, ha detallado el sindicalista.

No obstante, a pesar del paso que ha dado la empresa con la presentación del ERE, también ha comunicado a los representantes de los trabajadores que si llegan los permisos medioambientales podría retomar la actividad, ha apuntado Lagar.

Las Administración regional impuso dos multas a la compañía, de 5.000 y 60.002 euros, respectivamente, por no contar con autorización ambiental y por el incumplimiento de disposiciones reglamentarias en materia de seguridad minera detectados por la Dirección general de Industria, Energía y Minas en 2020.

La empresa británica construyó y puso en funcionamiento una balsa de lodos para el proceso de tratamiento de minerales extraídos sin el permiso de la Junta, según informó el año pasado la Junta de Extremadura.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) trasladó a la Administración regional en septiembre de 2021, un requerimiento efectuado a la empresa por el vertido de aguas ácidas, en el que exigía a la empresa que tomara medidas para evitar la contaminación con aguas residuales del dominio público hidráulico.