Fiscalía mantiene tres investigaciones penales sobre residencias extremeñas, pero archiva una de Vox

La Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de COVID-19, tres de ellas en Extremadura.

Son datos actualizados a 27 de abril y ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado por comunidades autónomas y provincias que demuestran que Madrid registra, de lejos, el mayor número de caso abiertos, 42, casi el doble que la siguiente comunidad en la lista, Cataluña, con 24.

Por lo que respecta a Diligencias previas a un proceso judicial (preprocesales), la Fiscalía Provincial de Cáceres ha incoado cuatro diligencias de control de residencias. Una de ellas hace referencia a la situación de riesgo derivada de la reubicación en una residencia de personas que procedían del hospital, y dos relativas a una concreta residencia.

A través de una cuarta se realizó un seguimiento y control telemático de un total de 63 residencias de la provincia, por la que se recabó información sobre la situación en que se hallaban e “intentando resolver las incidencias surgidas, siempre en función del ámbito de competencias del Ministerio Fiscal”.

Asimismo, ha habido diligencias preprocesales civiles en la Fiscalía de la Sección Territorial de Plasencia (Cáceres) por un escrito remitido por un particular, y se ha archivado una relacionada con la discapacidad de un residente.

En cuanto a la Fiscalía Provincial de Badajoz ya ha archivado unas diligencias que fueron incoadas el 20 de abril, mientras que el Ministerio Público del Área de Mérida también ha acordado el archivo de una cuestión.

En cuanto a las diligencias de investigación penal, la Fiscalía Superior de Extremadura ha archivado una denuncia formulada por una asociación.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Cáceres mantiene en trámite una diligencia relacionada con la situación de una residencia, y otra por una denuncia genérica interpuesta por un partido político.

La Fiscalía Provincial de Badajoz tiene una por hechos informados y relacionados con una residencia, y ha archivado otra por la denuncia de un partido político.

Vox fracasa

En relación a esta última, se han archivado sin consecuencias de momento las diligencias abiertas respecto a la denuncia presentada por Vox sobre la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores de la provincia, al no especificar hechos “concretos”.

En un comunicado, la Fiscalía pacense explica que “en cuanto a la investigación de hechos concretos, en la denuncia no se especifica ninguno, sino que se interesa una investigación con carácter general, abarcadora de toda la provincia y todas las residencias y centros sociosanitarios de la misma”.

En la medida en que se da esta circunstancia, indica, “no ha lugar a practicar actuación alguna de carácter prospectivo, sin perjuicio de que, si se denunciaran hechos concretos (o de que se tuviera conocimiento de ellos) se proceda a la investigación particularizada de cada uno de ellos”.

Así, entiende que por el momento “no se han puesto de manifiesto de modo singularizado hechos concretos que evidencien la comisión de infracción delictiva alguna específica que exija una investigación penal al respecto”.

En cuanto a las medidas complementarias de carácter organizador que se solicitaban en la denuncia que ejerciera la Fiscalía “no ha lugar, pues es objeto de actuación por los órganos competentes al efecto, que han dictado las resoluciones pertinentes”.

Por lo expresado, procede al “archivo” de las presentes diligencias, como se señala en el auto.

Pruebas, material

En la denuncia de Vox se reprochaba, entre otros, “la inexistencia de medidas de detección y diagnóstico de casos de coronavirus”, lo que conlleva “la falta de realización de los oportunos test, y la falta de material sanitario de prevención y de protocolos”, a la vez que pedía a la Fiscalía la adopción de medidas urgentes para evitar la continuidad de esa situación.

La Fiscalía menciona que la denuncia pretendía, por tanto, que el organismo “se constituya en una especie de coordinador global de la gestión del coronavirus, en tanto se interesa de la misma que dirija órdenes inmediatas a diversas instituciones”.

En este sentido, se recuerdan las distintas disposiciones legales, reales decretos y resoluciones “para regular la situación de emergencia surgida”.

Resto de España

Tras Madrid y Cataluña siguen en este orden, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (3), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).

En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.

Al total de 109, hay que añadir otras 12 que ya se tramitan en los juzgados, según han precisado fuentes fiscales.

Estas cifras dan cuenta de 33 nuevas investigaciones en relación a las 86 de las que informó el pasado día 21 el ministerio fiscal, que no precisa los presuntos delitos que dieron su origen.

A estas investigaciones penales, se suman más de 160 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.

No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.