Los empleados públicos del Consejo Consultivo se adscriben a la Abogacía General de la Junta de manera temporal
Llegó el año nuevo, y con él el final del Consejo Consultivo, sustituido por una Comisión Jurídica, que mantiene la plantilla de 13 funcionarios y tres eventuales.
La Junta de Extremadura ha aclarado que los empleados públicos se adscriben a la Abogacía General de la Administración regional hasta que se regule la organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica de Extremadura.
La Comisión Jurídica, creada a través de la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo, iniciará su actividad con la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento lo que tendrá lugar previsiblemente en la primera quincena de este mes de enero, tras la aprobación de Consejo de Gobierno.
De este modo el Gobierno regional ha transmitido que empleados públicos, “desde el primer momento”, han sido informados de la situación laboral en la que quedaría su futuro tras la supresión del mismo, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Niega la Junta que hayan acudido a trabajar ante la “expectante” situación sobre sus puestos los empleados adscritos al ya extinto Consejo Consultivo. Insiste el Gobierno de Vara que en todo momento los trabajadores han sido informados.
Así, el pasado día 29 de octubre de 2015, el secretario general de Administración Pública, Francisco Gómez Mayorga, se reunió personalmente con los empleados públicos adscritos al Consejo Consultivo de Extremadura, donde les expuso la voluntad del Ejecutivo autonómico de garantizar, en la medida de lo posible, sus expectativas, garantizando sus derechos dentro del ámbito de sus competencias.
En la reunión que discurrió por buenos cauces de diálogo, fue distendida y positiva, según Gómez Mayorga, donde al término de la misma el personal laboral agradeció que se despejasen las posibles dudas sobre su futuro laboral.
Asimismo, en el transcurso de la misma, el secretario general de Administración Pública, expuso a los empleados públicos la posibilidad de priorizar, en la medida de lo posible, el lugar donde desempeñar su puesto de trabajo (Cáceres, Mérida o Badajoz).
