Extremadura pide medios económicos y personales para aceptar la gestión del Ingreso Mínimo Vital

La Junta de Extremadura no descarta solicitar al Gobierno central la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital (IMV) siempre que vaya acompañada de la cesión de los recursos económicos, técnicos y personales necesarios “respetando siempre la igualdad entre españoles”. “El Gobierno aboga por la eficiencia en la gestión de las competencias y si valoramos que podrían gestionarse mejor desde la Junta de Extremadura que desde la Administración General del Estado, se solicitará”, ha afirmado este jueves la consejera de Salud y Políticas Sociales, Sara García Espada.

En el pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos sobre esta posibilidad, la consejera ha señalado que están dispuestos a escuchar la propuesta del Ejecutivo central en este sentido y conocer “cómo se haría esa cesión y en qué condiciones”. Sin embargo, ha apuntado que hasta la fecha no han recibido información oficial sobre cómo se articularía ni sobre la financiación que se recibiría.

González Frutos ha defendido la gestión del IMV por parte de las comunidades autónomas dada su experiencia con las rentas mínimas, lo que a su juicio se traduciría en un menor plazo de resolución de la prestación, actualmente de siete u ocho meses. “Lo lógico y normal es que la comunidad autónoma, en solidaridad con quien peor lo está pasando, asuma la gestión del ingreso mínimo vital”, ha insistido el parlamentario.

A este respecto, la consejera ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en la gestión del IMV por no implantar un sistema “adecuado y ágil” debido a que lo diseñó “sin la escucha y sin el consenso de las comunidades autónomas, que eran quienes tenían la experiencia en el desarrollo y ejecución de la renta básica”. Según ha apuntado, tres años después de su aprobación, el IMV ha llegado a cerca de 100.000 hogares menos de lo comprometido.

En el caso de Extremadura, a fecha de diciembre pasado había 25.975 expedientes aprobados y 75.926 personas beneficiarias, pero se desconoce cuántas solicitudes se han presentado y cuántas se han denegado, por lo que García Espada ha exigido “transparencia” en los datos.

Ayuda a domicilio

También en el turno de preguntas al Gobierno, la consejera de Salud ha respondido a otra del Grupo Socialista sobre el nuevo modelo de ayuda a domicilio asegurando que el servicio está garantizado y que pasará a financiarse a los ayuntamientos a través de un programa de colaboración económica municipal (PCEM) en lugar de la subvención directa, abonando en marzo el primer pago en lugar de a medios de año.

Ha indicado que los alcaldes y los trabajadores sociales fueron informados por escrito el pasado diciembre de la cuantía y horas concedidas, “que se mantienen respecto al año anterior”, y ha pedido al PSOE que no haga “populismo” con asuntos “tan delicados”.

La diputada del PSOE María de la Cruz Buendía Lozano, por contra, ha asegurado que el servicio “no está garantizado” y ha denunciado que no se ha informado de este cambio a los ayuntamientos para que pudiera consignar las partidas necesarias en sus presupuestos, dejando en “situación de desamparo” a 850 usuarios y en desempleo a 280 trabajadores.