Ley de Emergencia Social de la Vivienda: 60 enmiendas y acuerdos a la vista
Los cuadro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han mostrado su disposición a negociar las 60 enmiendas al proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda y adelantado que habrá acuerdos dadas las coincidencias que hay muchas de las propuestas.
Las 60 enmiendas -29 del PP, 24 de Podemos, seis de Ciudadanos y una del PSOE- han sido rechazadas este jueves en comisión parlamentaria con el fin de discutirlas en profundidad en el leno de la Asamblea previsto para el próximo jueves, 26 de enero, en el que se votará la ley en su conjunto.
Podemos presentó inicialmente 34 enmiendas, pero la Junta de Extremadura vetó diez, fundamentalmente porque afectan al gasto según el diputado de la formación morada Daniel Hierro.
El PP y Ciudadanos coinciden en las enmiendas que han registrado para que se sigan las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Estado y evitar que la ley pueda ser recurrida por inconstitucional al invadir competencias del Estado.
Los socialistas se han mostrado dispuestos a estudiar este aspecto, aunque algunos de estos consejos ya vienen recogidos en el texto según su diputada Belén Fernández.
Hierro se ha mostrado favorable a discutir estos términos jurídicos con el fin de que los derechos que se puedan ganar ahora no puedan ser “anulados” en el futuro.
Sin embargo, los portavoces en la comisión del PSOE y Podemos, y los del PP y Ciudadanos, Saturnino López Marroyo y María Victoria Domínguez, respectivamente, han subrayado que lo importante es garantizar el acceso a una vivienda digna y afrontar el problema de los desahucios, los principales objetivos de la ley.
Los grupos parlamentarios también ven con buenos ojos la única enmienda presentada por los socialistas, de adición, con medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago de rentas de alquiler de las viviendas de promoción pública, como aplazamientos, fraccionamientos y minoraciones de renta o pagos en especie.
Apoyo al alquiler
El PP aboga por un programa de apoyo al alquiler con opción de compra, por medidas de estímulo para el uso habitacional de la vivienda libre, por la formalización de convenios con entidades bancarias para que cedan parte de su parque de viviendas para alquiler o por la creación de una bolsa de viviendas de emergencia para personas desahuciadas.
En una nueva disposición adicional, el PP defiende que a los beneficiarios de ayudas autonómicas para la adquisición de viviendas protegidas, no se les exija el reintegro de las subvenciones recibidas cuando la vivienda protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria.
Podemos afronta en sus enmiendas las ejecuciones hipotecarias, el parque de viviendas vacías o el alquiler de vivienda, punto en el que piden una línea de ayudas dotada de ocho millones de euros anuales.
Como ya hay más desalojos por alquiler que por ejecuciones hipotecarias, la formación morada pretende que la intermediación llegue también al problema del impago del arrendamiento.
Al PP le “suenan bien” algunas de estas enmiendas, como las ayudas al alquiler, según López Marroyo, y C's está de acuerdo con Podemos en que la vivienda debe ser un derecho social y en atajar los desahucios.
En palabras del diputado popular, “hay tiempo y espacio” para el diálogo y el acuerdo.
