Toda la oposición ha criticado la gestión del transporte escolar en Extremadura, que ha supuesto una de las mayores crisis educativas y ha afectado al Gobierno de María Guardiola al dejar durante casi una semana a 5.000 alumnos, sobre todo de zonas rurales, sin forma de llegar a sus centros educativos en el inicio del curso. Esta situación puso en contra de la Consejería de Educación a los estudiantes, sus familias e incluso los docentes.
Por eso, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura no han desaprovechado la oportunidad de convertir el pleno de este jueves en la Asamblea en un debate prácticamente monotemático con preguntas de todos los grupos a la presidenta de la Junta y a la titular de Educación, Mercedes Vaquera, que también ha comparecido a petición propia para explicar su gestión.
Todos los grupos han reclamado consecuencias políticas por la situación que han vivido miles de familias, que en algunos casos han tenido que llevar a sus hijos a los colegios e institutos por medios propios y, en otras, han intentado conciliar al implantarse la educación telemática, una decisión unilateral de la Junta de Extremadura.
A pesar de las diferencias ideológicas, la oposición ha funcionado como un bloque con argumentos que han coincidido: “Soberbia” e “incapacidad para negociar” han sido algunas de las críticas directas a María Guardiola en el turno de preguntas a la presidenta, que ella ha sorteado echando balones fuera.
A la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha contestado a su reprobación por la gestión de la crisis educativa con la responsabilidad de la exministra Irene Montero con las pulseras antimaltrato. Al portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le ha recriminado que ejerciera la oposición durante los incendios “desde el sillón de sus vacaciones”. Al líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, le ha recordado su situación procesal, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya decidido sentarle en el banquillo por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Entre las preguntas y respuestas se han dado dos situaciones insólitas. El portavoz de Vox ha intercedido a favor de la representante de la coalición de izquierdas ante la actitud de Guardiola de poner en el debate asuntos que nada tenían que ver con el transporte escolar. En segundo lugar, y a pesar de que el calificativo de “soberbia” lo han usado los tres grupos políticos, la presidenta de la Junta ha exigido al líder del PSOE que no vuelva a “calificarla”.
La presidenta tampoco ha respondido a por qué estuvo “desaparecida”, según Unidas por Extremadura y los socialistas, durante los seis días que se quedaron sin servicio 223 rutas escolares, sin actividad pública en su agenda ni en sus redes sociales, donde es especialmente activa. Tan solo ha enumerado las reuniones, llamadas y horas que la Junta empleó en negociaciones con las empresas de transporte que se negaron, en primer lugar, a presentarse a las licitaciones y, en segundo lugar, a prestar el servicio.
No obstante, María Guardiola ha defendido la gestión “seria y responsable” de la consejera de Educación ante una situación “tan difícil y tan dura”, pero ha vuelto a señalar a las empresas, que “presionaron” e hicieron exigencias de imposible cumplimiento para cualquier administración pública“. Aunque esas exigencias han sido asumidas por la administración tras comprometerse a estudiar su cobertura legal.