Junta y empresas ponen fin al conflicto del transporte escolar en Extremadura y 5.000 estudiantes podrán usarlo desde este miércoles

A primera hora de este martes, la postura entre la Junta de Extremadura y las empresas del transporte escolar estaban más alejadas que nunca. Ambas partes habían intercambiado acusaciones y elevado el tono hasta tal punto que la solución a la crisis parecía imposible. Sin embargo, a última hora de la tarde han podido llegar a un acuerdo que posibilitará que el servicio funcione con normalidad una semana después del inicio del curso.

Los 5.000 alumnos, sobre todo de zonas rurales, que se han quedado sin acudir a sus colegios o institutos, o que han asistido a clase en vehículos particulares, podrán desde este miércoles coger el autobús en las paradas donde estos días se han sucedido las protestas contra la Consejería de Educación por la gestión de este asunto.

La responsable de este departamento, Mercedes Vaquera, ha sido la encargada de dar a conocer el acuerdo que, en general, hace que las empresas que no se habían presentado a las licitaciones se hagan cargo de las rutas que se quedaron desiertas, y que son las mismas que explotaban el curso anterior. Este compromiso será solo durante este curso 2025-2026, pero será a un precio mayor: 1,5 millones de euros más tendrá que desembolsar la Junta de Extremadura.

A cambio, el Ejecutivo autonómico desiste de la denuncia penal que presentó contra las empresas y del recurso al auto que negaba a la Junta las medidas cautelares para garantizar el transporte escolar aunque no había acuerdo con las compañías. Además, la Junta se abre a la posibilidad de modificar el acuerdo marco para dar cobertura legal a las exigencias de los empresarios.

Este asunto es el que enconó la negociación el lunes hasta el punto de que Vaquera y la portavoz de la Junta, Elena Manzano, han asegurado que las concesionarias pretendían que la administración aceptara reclamaciones fuera de la ley. Manzano ha sido quien ha puesto negro sobre blanco a una de esta exigencias: las compañías pidieron que se anulara la adjudicación de algunas rutas a empresas que sí se presentaron a la licitación porque “consideran” que esos recorridos “como suyos”.

Las modificaciones que se plantean ahora afectan a las autorizaciones de uso regular especial, a los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida. La consejera ha explicado que las concesionarias querían que todas estas reclamaciones se aplicaran de forma inmediata y “que afectasen exclusivamente a las rutas que hasta la fecha no contaban con servicio”. “Carecía de cobertura legal, pues precisaba de una modificación de las condiciones de esos contratos y, además, causaba un perjuicio a las empresas que sí lo estaban prestando”, ha explicado.

La respuesta de la Junta de Extremadura ha sido dar cobertura legal a través del acuerdo marco existente -a través de nuevos articulados- y extrapolar dichas pretensiones a “todos los contratos relativos a la prestación de este servicio” al objeto de “no causar ninguna discriminación a ninguna empresa”.

A pesar de la recuperación del servicio en las 223 rutas afectadas desde el inicio del curso escolar, Vaquera ha apuntado que se den posibles desajustes derivados de que alguna empresa no disponga de todo el personal necesario para prestarlas. “Puede haber alguna pequeña incidencia en alguna ruta concreta, pero su compromiso es hacerlo”, ha agregado.

Antes de esta resolución al conflicto, la Junta de Extremadura había aprobado este martes en consejo de gobierno una ayuda extraordinaria y urgente para los alumnos afectados, consistente en 0,26 euros por kilómetro en dos recorridos, de ida y vuelta, al centro escolar para las familias que utilizaran sus vehículos. Es decir, esta ayuda solo cubre dos de los cuatro trayectos que las familias que trasladan a sus hijos a los colegios e institutos por medios propios tienen que hacer a diario desde sus pueblos.