Los presupuestos de Extremadura para 2025 se votan este viernes en la Asamblea y el PP, en minoría, se afana en las últimas horas en negociar con el PSOE un acuerdo que permita que salgan adelante, ya sea con el apoyo de los diputados socialistas o con su abstención.
Vox rompió las conversaciones con el PP, que está en minoría, después de que estos se negaran a aceptar condiciones que nada tenían que ver con los presupuestos, como la celebración de consultas populares en los municipios de la comunidad que tienen centros de acogida de migrantes. Por eso, los de María Guardiola han dado este lunes un paso decisivo para encauzar las conversaciones con el PSOE al presentar una enmienda a la totalidad a la propuesta de ley de Concordia que presentó la extrema derecha para derogar la Memoria Histórica en Extremadura.
Esa y revertir algunas medidas fiscales, como la eliminación del impuesto de patrimonio y la modificación del IRPF, son las condiciones impuestas por los socialistas para “avanzar” en la negociación, ha explicado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. De hecho en la mañana de este lunes ha habido una nueva ronda de diálogo e intercambio de propuestas.
No obstante, Gallardo ha criticado que la negociación “llega tarde” y “con prisas”, pues, “después de cuatro meses, ahora el PP, cuando sus socios de gobierno le han dicho que no, busca al PSOE” y los tiempos “apremian”. Aunque ha subrayado que el Gobierno de María Guardiola “va a salto de mata ”el PSOE está si se le llama porque creemos en la estabilidad de Extremadura y el bienestar de los extremeños y extremeñas“, ha subrayado.
Sin embargo, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha negado que la enmienda de su partido responda a las negociaciones con los socialistas sobre las cuentas regionales, sino que es un “posicionamiento” que tiene el PP, ha dicho.
En su opinión, “no existen dudas” de que a su partido no le gusta la actual ley, aprobada “sin consenso” y a la que ya presentó una enmienda a la totalidad. “Apostamos por una verdadera Ley de Concordia, no compartimos ni la actual ley ni tampoco la propuesta de ley que ha presentado Vox”, ha señalado Sánchez Juliá.
En este sentido, ha aclarado que “nunca ha sido una prioridad” del PP cambiar dicha ley, de lo que “se podrá hablar cuando exista un consenso”, ha remarcado.
En su opinión, la propuesta de Vox es “frentista”, “revanchista” y va “en el camino opuesto a la concordia”, pues “nace de manera destructiva, unilateral y sin consensos de ningún tipo”. Para Sánchez Juliá ésta no refleja la “gran mayoría social de extremeños”, sino que es “una ley de unos contra otros” que “quiere reescribir lo ya reescrito por la actual ley”, ha criticado. Así, ha insistido en la necesidad de “reparar” el daño, las injusticias y los agravios de todas las víctimas, “de uno y otro lado”, pero “sin crear otras injusticias y nuevos desagravios”.
Contra el “revisionismo histórico” de Vox
Pero la enmienda a la totalidad a la propuesta de Vox para derogar la memoria histórica no solo la ha presentado Vox. Unidas por Extremadura y el PSOE han presentado también sendas enmiendas. El presidente del grupo parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha afirmado que Vox plantea “un revisionismo histórico” y ha dejado claro que “no se pueden tapar las atrocidades que se cometieron durante el franquismo e incluso en el posfranquismo”. Además, según ha expuesto Vergeles, diversos organismos internacionales han advertido de que este tipo de leyes -en alusión a la de Vox- pueden constituir una vulneración de los derechos humanos.
“La memoria histórica y la memoria democrática es mucho más que un listado de excavaciones para recuperar” los restos mortales de personas represaliadas. “Es también conocer qué paso con el objetivo fundamental de que no se vuelvan a producir las atrocidades que hubo durante esa parte negra de nuestra historia”, ha dicho.
Vox dice que es una “traición”
Por otro lado, Vox ha calificado de “traición” del PP al oponerse a la Ley de Concordia, “incumpliendo” tanto el acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos, como la voluntad de sus votantes, ha expresado en nota de prensa.
Para el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, los populares han cedido a las exigencias del PSOE para “sacar adelante unos presupuestos que consolidan el socialismo en Extremadura”.
“La presidenta Guardiola ha demostrado una vez más su falta de principios y su dependencia del socialismo para mantenerse en el poder. Los extremeños votaron por un cambio real, pero lo que han recibido es la continuidad de las políticas socialistas”, ha remarcado.
En esa misma línea, Unidas por Extremadura ha considerado que la propuesta de Vox tiene como objetivo “el olvido de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura” y ha alertado de que incumple preceptos constitucionales, vulnera el Estatuto de Autonomía y obvia el mandato de Naciones Unidas
Según la formación de izquierdas, el partido de Santiago Abascal fomenta el revisionismo histórico, “el fenómeno de transformar y reescribir la historia con fines historiográficos y políticos para blanquear, diluir o incluso negar la realidad histórica”.
Unidas considera que, precisamente, “la memoria de las víctimas, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un deber inexcusable en la vida política y es signo de calidad democrática”.
Insiste en que la propuesta de Vox vulnera principios constitucionales, ya que plantea “la derogación de preceptos relativos al Estatuto de las Víctimas”, además de entrar en conflicto con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Estatuto de Autonomía, “en el que se recogen una serie de principios rectores referidos a la promoción de las condiciones de orden social, político, cultural o económico para que la libertad y la igualdad de la ciudadanía extremeña, entre sí, y con el resto de la ciudadanía española, sean reales y efectivas”.
Igualmente, continuar con su tramitación supondría incumplir también con el mandato de Naciones Unidas que en un informe alertó de que “las leyes llamadas de concordia atentaban contra la legislación sobre derechos humanos al ordenar la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo y previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente”.