El TSJEx condena al Ayuntamiento de Mérida por despedir trabajadores y luego contratar muchos más
Al Ayuntamiento de Mérida le puede salir muy caro el despido que en abril de 2013 protagonizó el gobierno local del PP de Pedro Acedo. Su intento de llevar a cabo un ERE en la administración local acabó finalmente con el despido colectivo de 29 trabajadores municipales.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado improcedente el despido de cinco de los 28 trabajadores que siguieron adelante con su denuncia tras verse en la calle. Se espera que acaben en el Alto tribunal otros tantos casos, al menos una veintena más.
Cabe destacar que las cinco sentencias del TSJEx han llegado allí tras declarar el Juzgado de lo Social de Badajoz la procedencia de los mismos en la mayoría de los casos, y por tanto darle la razón al ayuntamiento. Pero ahora la situación ha dado un vuelco de 180 grados.
Al menos siete permanecen a la espera de celebrarse en el Juzgados de lo Social de Badajoz, mientras que el resto han sido recurridos, tras ser declarados en primera instancia procedentes según explica el sindicato CCOO.
Se fue gente a la calle y entró otra
Una de las cuestiones que más indigna tanto a CCOO como a IU es es el hecho de que el TSJEx recoja como “hechos probados” que el consistorio “ha contratado a decenas de trabajadores para los servicios sociales y del perfil profesional de los actores”.
En este sentido CCOO pone de manifiesto, por ejemplo, que tras echar a la calle a cuatro trabajadores sociales ha sido necesario contratar a otros cuatro nuevos para gestionar las solicitudes de renta básica. También se ha incorporado nuevo personal en la delegación de Deportes y en mantenimiento.
“Lo elevado de las indemnizaciones y que en la realidad laboral del Ayuntamiento de Mérida sigue haciendo falta la participación de los trabajadores y trabajadoras despedidas, es razón más que suficiente para CCOO para pedir la inmediata readmisión de todas las personas despedidas”, según advierte la organización sindical.
También destaca que las cinco sentencias estiman las pretensiones formuladas por CCOO, en cuanto a que no había conexión entre la causa esgrimida por el Ayuntamiento de Mérida para los despidos y la realidad de la situación laboral y económica. En aquellos momentos el Consistorio alegó causas “organizativas, económicas y productivas”, algo que el consistorio no ha demostrado.
¿Cuánto costará a los contribuyentes este despido?
Al declararse la improcedencia de estos despidos, el Ayuntamiento de Mérida tendrá que indemnizar a estos trabajadores con 45 días por año trabajado hasta febrero de 2012, y con 33 días por año trabajado a partir de esta fecha. Hasta ahora el consistorio impuso un despido objetivo que indemnizó con 20 días por año trabajado, con lo que obviamente el valor de las indemnizaciones declaradas por el TSJ sube notablemente.
Las estimaciones de IU Mérida apuntan a que hasta ahora el importe de los despidos asciende a 375.000 euros. El desglose del dinero sería, por un lado, 313.000 euros por indemnización de despido, más 62.000 en concepto de representación legal.
A esto añade CCOO que, sumando el número de días por año trabajado que se añadiría a los despidos favorables que dicte en el futuro el TSJEx (ya hay cinco) la cifra se dispararía hasta los 700.000 euros, más los gastos de representación legal. Todo, por supuesto, dinero público.
IU: “La política del PP es despreciable”
Por todo ello, IU Mérida piensa que la sentencia pone en evidencia la política de personal “despreciable” del PP. “Como en tantas ocasiones la ineptitud del equipo de gobierno se traduce en una política de personal que no sólo viola los derechos de los trabajadores, sino que además supone un desembolso extra para las arcas municipales”.
El concejal de IU, Álvaro Vázquez, indica que a estos despidos se suman a la improcedencia de otros despidos anteriores, como son los relativos a los conserjes de los colegios públicos, los empleados de la EMT, la anulación del ERE de la Empresa Mixta de Turismo y los agentes de desarrollo local, “lo que viene demostrar la ineptitud del gobierno del PP y el desprecio que dedican a la normativa laboral”.
