Unidas por Extremadura también cree son “insuficientes” las ayudas por los incendios forestales de este verano

Unidas por Extremadura ha tildado de “insuficiente” el decreto de medidas para los sectores afectados por los 17 grandes incendios forestales de este verano en la región, que suman un importe de 3,5 millones de euros, y ha avanzado que apoyará la creación en la Asamblea de una Comisión de Investigación sobre la gestión de estos incendios, cuya solicitud ha registrado el PSOE.

La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, ha criticado que el Gobierno regional “en minoría” presente un nuevo decreto “sin consensuar y sin negociar” con la oposición en otro ejercicio más de “soberbia” y “de postureo político”. Además, ha indicado que plantear que el problema han sido las normativas ambientales para introducir cambios en las leyes es una “irresponsabilidad” porque el verdadero problema es la despoblación y ha incidido en que la dotación de las ayudas son “migajas para las familias”.

Una cuestión que ha censurado especialmente cuando la Junta mantiene la exención del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas que supone la pérdida “de 6 millones de euros” y se opone además a la condonación de la deuda autonómica.

Apoyarán la comisión de investigación solicitada por el PSOE

En relación a la Comisión de Investigación, ha asegurado que Unidas por Extremadura presionó al PSOE para solicitarla pues su grupo no puede hacerlo ante la falta de apoyo y que los socialistas finalmente han decidido registrarla en solitario.

La coalición respaldará su creación pues entiende que ha habido “negligencias” y “descoordinación” en la gestión, al tiempo que ha defendido que en la Asamblea se necesita escuchar a los bomberos forestales, a los agentes del Medio Natural o a los vecinos afectados más que a los políticos.

De Miguel se ha referido, por otra parte, a la celebración este domingo de la segunda Marcha Columna de los 8.000, en Fuente del Arco (Badajoz), que recuerda el primer éxodo de población que tuvo lugar durante la guerra civil, para rechazar que la presidenta extremeña, María Guardiola, “patee” la memoria histórica con la “mal llamada Ley de Concordia” que “va a aprobar con los herederos del franquismo”.

“A día de hoy hay 14.000 extremeños y extremeñas desaparecidos, en fosas comunes. Honrar y dignificar su memoria es un deber democrático... y la Ley de Memoria Democrática no es una ley de izquierdas es una ley que lo que quiere poner encima de la mesa es una cuestión de derechos humanos”, ha aseverado.

Situación de la Educación

En su comparecencia ha aludido además a la situación del transporte escolar tras “la mayor crisis” en materia educativa en la comunidad por la que -ha criticado- la consejera aún no ha dimitido, y a la espera de conocer si se ha restablecido el servicio en todas las líneas sin excepción.

Al mismo tiempo, ha sumado el apoyo de Unidas por Extremadura a la “justa reclamación” de los docentes sobre la homologación salarial, con concentraciones la próxima semana, y un “compromiso electoral” del PP que ahora pretende saldar con una “mísera” subida de 30 euros.

Cuestionada por los problemas con las pulseras de control telemático de agresores machistas, ha afirmado que fueron conocedores de algunos casos y así lo trasladaron en su momento a quien correspondía, y que hoy tras saber que es un hecho “generalizado” requiere “toda la transparencia” y “explicaciones”, sobre todo a las mujeres que se han visto “desprotegidas”, lo que considera “muy preocupante”.

Irene de Miguel ha pedido en esta línea que todo el dinero del Pacto de Estado esté “mejor orientado”, en su mayor parte a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, lo que actualmente no es suficiente y agravado con que las medidas no sean efectivas.

A preguntas de los medios sobre que la Audiencia Provincial dé a conocer mañana su resolución a los autos presentados contra el procesamiento de David Sánchez, ha manifestado que si se abre juicio oral estarán muy pendientes de la sentencia, que espera sea “rápida”, y en función de la cual el PSOE debería tomar “una decisión”.

“No sería justo decir que la apertura de juicio oral pudiera condicionar el futuro político de alguien pero también es verdad que hay bastantes mimbres que nos dicen que en este caso hubo trato de favor y así lo denunciamos en su momento”, ha puntualizado la portavoz, para quien, no obstante, elevar los casos de “enchufismo” a la vía penal está “un poco fuera de lugar”.