El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles en una sesión extraordinaria el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre, que contará con un presupuesto de licitación de 285.749.511,97 euros para cuatro anualidades, al incluir íntegramente el nuevo convenio colectivo.
Al término de la reunión, que se celebrado de forma telemática, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado que, una vez publicado el convenio colectivo en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la licitación saldrá de “forma inmediata” en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
A partir de ahí se abrirá un plazo de 30 días para presentar ofertas y la consejera ha estimado que la adjudicación definitiva del contrato podría ser una realidad al final del presente año. Tras su adjudicación habrá un periodo transitorio de seis meses antes de su aplicación efectiva, ha precisado García Espada, que ha subrayado que el nuevo contrato responde al compromiso del Gobierno de María Guardiola de mejorar el transporte sanitario para usuarios y trabajadores.
A su juicio, “marcará un antes y un después” del modelo, en materia laboral porque el anterior convenio colectivo era de 2017 y porque se hace una inversión “sin precedentes”.
Los 285 millones para cuatro anualidades, con la posibilidad de otro de prórroga, suponen un incremento del 72% respecto al contrato de 2022 en vigor, al incorporar el convenio colectivo de forma íntegra, ha detallado la consejera. El montante anual va subiendo en consonancia con el crecimiento del capítulo de personal y en 2029 superará lo 80 millones de euros.
La partida de personal, que en 2022 era de 27 millones, en 2027, el primer año íntegro de la concesión, alcanzará los 48,8 millones, ha señalado.
Del nuevo pliego, ha destacado el refuerzo de la flota de 423 unidades a 468 y el compromiso de sustituir las 120 ambulancias no asistenciales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en asistenciales tipo C.
Otra novedad en la implementación de un sistema informático para la gestión de rutas y un plan específico y personalizado de transporte para los paciente de diálisis.
García Espada ha señalado que el nuevo contrato es el resultado de un proceso de diálogo y que sienta las bases para afrontar con garantías los retos del futuro.
Desestimado el contrato en 2024
La Junta anunció el pasado 3 de septiembre la licitación de ese contrato, con un presupuesto de 72,5 millones de euros anuales, que fue desestimado días después debido a dos errores en el pliego que afectan a la descripción del servicio y el precio de la licitación, y volvió a sacarlo el 14 de septiembre.
Dos meses después la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura anuló la licitación del transporte sanitario terrestre a raíz del recurso presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (Anea).
La patronal no estaba de acuerdo con la cláusula social del contrato para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Desde entonces se ha esperado a la firma del convenio colectivo, lo que se produjo el 30 de abril, aunque no se ha oficializado hasta ayer en el DOE.
El convenio colectivo, que firmaron con la patronal los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y del que se descolgó USO, contempla 1.800 horas anuales de trabajo y la posibilidad de hacer otras 300 de forma voluntaria.