Mucho se habla de la España vaciada, pero poco o nada se trabaja para poner remedio a un fenómeno que amenaza con convertir nuestros pueblos en espacios fantasmas. La despoblación rural avanza al mismo ritmo que se deterioran los servicios básicos. Centros de salud, escuelas, residencias o servicios de ayuda a domicilio desaparecen o se reducen hasta la mínima expresión, empujando a las familias jóvenes a abandonar sus localidades en busca de un futuro con mejores oportunidades.
El resultado es un círculo vicioso: menos población activa, más envejecimiento, mayor dependencia y, por tanto, más necesidad de servicios que cada vez son más escasos. En Extremadura, la situación es especialmente preocupante: un 22% de la población supera los 65 años, y la Junta estima que en pocos años esa cifra superará el 30%. En municipios de menos de 5.000 habitantes, la tasa de dependencia alcanza ya casi un 39%. La realidad es clara: cada vez habrá más personas mayores que necesitarán cuidados profesionales.
Ante este panorama, la respuesta de la Junta de Extremadura resulta incomprensible. La Consejería de Salud y Servicios Sociales mantiene congelada la financiación de las plazas en residencias municipales en 13.000 euros por plaza y año, mientras que destina el doble, 26.000 euros, a las plazas concertadas en residencias privadas. Esta desigualdad no solo es injusta, sino que amenaza la supervivencia de los centros municipales, que son precisamente los que fijan población en el medio rural y generan empleo, principalmente femenino.
Las consecuencias son graves. Muchos ayuntamientos, incapaces de sostener el servicio con recursos propios, se ven obligados a externalizarlo o, directamente, a cerrar plazas. Esto significa pérdida de empleo en comarcas donde cada puesto de trabajo cuenta, y además condena a los mayores a desplazarse fuera de su entorno para recibir la atención que necesitan.
No hablamos de un servicio cualquiera. Las residencias municipales son estratégicas: garantizan que las personas mayores puedan permanecer en su pueblo, cerca de su familia, con un acompañamiento digno en la etapa más delicada de sus vidas. Y esto solo puede lograrse con financiación suficiente, con plantillas estables, profesionales formados y salarios dignos. De lo contrario, seguirá creciendo la precariedad laboral en el sector: temporalidad, jornadas parciales, sobrecarga de trabajo y sueldos equivalentes al salario mínimo. Condiciones que provocan una alta rotación de personal y, en consecuencia, una atención deficiente a los usuarios.
No puede haber mayores de primera y de segunda según estén en una residencia privada o en una municipal. Los cuidados deben ser los mismos, la calidad debe ser la misma y la financiación, también. Los fondos públicos deben garantizar igualdad, no generar desigualdad.
Por eso, se debe exigir al Sepad que ponga fin a esta discriminación. La igual financiación por plaza no solo es una cuestión de justicia para los mayores, también lo es para quienes los cuidan y para el futuro de los pueblos. Sin un compromiso firme con la dependencia y con la vida rural, la España vaciada seguirá creciendo. Y no podremos decir que no lo vimos venir.