Los parados de larga duración sin Secundaria se multiplican en los tres últimos años en la región

El Plan 18-25, conocido en la calle como la ‘ESO de los 1.000 euros’, nació en el curso 2012-2013 para incentivar a los jóvenes sin el título de Educación Secundaria Obligatoria a obtenerlo. Tras tres años en macha verá reducido su presupuesto desde los 900.000 euros iniciales hasta los 400.000 para el próximo curso. Es decir, el Gobierno de Monago destinará la mitad de lo que presupuestaba inicialmente.
No obstante, no es la cuantía de este programa lo que preocupa a los sindicatos, sino el hecho de que el número parados de larga duración, de todas las edades, sin el título de Secundaria se ha multiplicado en tan solo tres años en la región.
El sindicato CCOO indica en un informe que el universo de personas paradas sin ESO, de todas las edades, es de 57.930 personas. También que los parados de larga duración sin Secundaria ha pasado en los últimos tres años de 12.155 a 18.138. En el caso de los parados de larga duración que solo tienen Estudios Primarios completos, ha habido un incremento del 51%, pasando de 3.145 a 4.752.
“Es un fracaso”
El secretario de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, Miguel Coque, indica que el la 'ESO de los 1.000 euros' no ha conseguido frenar la sangría de desempleo juvenil, por encima del 60 por ciento en Extremadura. Pero además advierte de que hay muchos parados, mayores de 25, que no se pueden acoger al plan. Por ello aboga por programas para la obtención de la ESO, pero evitando la “discriminación” que resulta primar con 1.000 euros a unos y no a otros.
Tanto CCOO como UGT coinciden en que la verdadera intención de este programa específico es “maquillar” las listas del paro y conseguir que haya menos parados en las estadísticas, “amén de que gran parte del profesorado que lo imparte suele estar contratado a media jornada”.
Según UGT, es una medida de carácter político, que “desvirtúa el proceso educativo y evaluativo y que sirve para introducir el mercantilismo en la educación.”
“Un programa que no funciona”
La nueva convocatoria del Plan 18-25 tiene novedades, al incluir a las mujeres desempleadas de larga duración, sin tener en cuenta su edad. Además se elimina la prueba objetiva, la prueba final, para abonar los 1.000 euros, 500 por cada etapa cuatrimestral que superen, a los alumnos.
En opinión de CCOO se está “desvirtuando” la esencia del programa. “El curriculum oculto de la decisión esconde la caída, año a año, de las personas que obtienen la certificación de la ESO a través de este programa”, destaca Miguel Coque.
A su juicio la Junta opta por primar la permanencia en el programa del alumnado independientemente de la obtención del título de la ESO, “buscando evitar la visualización del fracaso de este. ”Y por otro lado, apartando a estos de las listas del paro que en el periodo Monago, jun-2011 a noviembre 2014, no solo no baja el desempleo en esta franja de edad sino que aumenta, pasando de 17.267 a 17.659“.
Alternativas
Frente a esta situación CCOO advierte de que ya en 2011 se opuso frontalmente a esta medida y planteó una alternativa: ESO + Amarres (una tutorización y seguimiento del alumnado tras acabar la Secundaria). Con posterioridad ha vuelto a plantearlo en el marco de la Garantía Juvenil, aunque la Junta “decidió desde el primer momento no pactar ninguna medida con las Organizaciones Sindicales”.
En este sentido FETE-UGT señala que tuvo conocimiento de la ‘ESO de los 1.000 euros’ por los medios de comunicación, y por una única reunión que se celebró en noviembre de 2012. “La Dirección General de Personal Docente se limitó exclusivamente a informarnos sobre el procedimiento de selección del profesorado y localidades donde se tiene previsto desarrollar este Plan”.
Este sindicato defiende medidas contra el fracaso escolar, aunque entiende que el sistema educativo tiene los suficientes medios para atender a estos 4.000 jóvenes a los que se le oferta el programa: centros de educación de adultos, programas de adultos en ayuntamientos, educación de adultos a distancia, etc.
“Denunciamos que haya una política contradictoria de la administración educativa, ya que puede darse el caso de que se suprima profesorado de este tipo de centros y que, por otro lado, haya una dotación extraordinaria”.