El TSJEx da luz verde a las diligencias en el caso de la jueza de Badajoz acusada de prevaricación
La causa abierta por un presunto delito de prevaricación de la jueza de lo mercantil de Badajoz Esther Sara Vila, ha dado hacia adelante un paso significativo en estos días, tras la última decisión de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Esa sala acaba de rechazar el recurso de súplica presentado por los administradores concursales Teresa Cano y Emilio González, al que se adhirió la jueza de lo mercantil de Badajoz, en el que se pedía el archivo de las actuaciones en el proceso por prevaricación abierto contra esta jueza.
Tal como ha informado eldiarioex, sobre la magistrada pesa una querella por un posible delito de prevaricación y cohecho tras fallar en un proceso judicial a favor de una de las partes, en las que actuaba como letrado Juan Antonio Díaz Ambrona, un abogado de Badajoz con el que la jueza mantenía una relación sentimental, y que actualmente es su pareja. El litigio en el que falló la jueza de lo mercantil y actuó como letrado Díaz Ambrona se refiere al conflicto por el alquiler de una finca para caza en el término municipal de Peñalsordo (Badajoz).
Con esta decisión de la sala de rechazar el recurso de súplica, el TSJEx se acerca a las tesis de la fiscalía y los querellantes y deja en entredicho la anterior decisión del juez instructor de archivar el caso. El instructor Raimundo Prado había decretado archivarlo sin siquiera abrir diligencias según los querellantes, aunque esa decisión fue recurrida el pasado mes de diciembre por el fiscal jefe del TSJEx. En su recurso, la fiscalía pide que continúe la investigación y sean llamados a declarar como imputados la jueza Sara Vila, su pareja Díaz Ambrona, y los administradores concursales Teresa Cano y Emilio González Blanco.
Ahora, esta decisión de la sala de no admitir el recurso de súplica de la jueza y los administradores concursales avanza hacia la continuidad del proceso, a la espera de nuevas decisiones del magistrado instructor, al que los querellantes califican de excesivamente parsimonioso en sus actuaciones.