Los dueños y un trabajador de Atrio prestan declaración por el robo millonario de las 45 botellas de vino

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres ha tomado este miércoles declaración a los propietarios de Atrio, José Polo y Toño Pérez, que han comparecido alrededor de 45 minutos cada uno, así como al recepcionista del hotel para ver si podían añadir más datos a la investigación del robo de las botellas de vino valoradas en 1,7 millones de euros. La abogada de los presuntos autores, Sylvia Córdoba, ha pedido a la jueza que se aporte al expediente judicial la carta de vino del establecimiento.

El objeto, ha señalado, es estudiar la carta de vinos para conocer el valor de estos y decidir si encarga una nueva pericial sobre los caldos, aspecto que es relevante de cara a establecer la responsabilidad civil y penal de los presuntos autores, así como de la calificación del delito.

Según la defensa, la pena máxima por un robo con violencia en las cosas sería de 5 años de prisión, aunque el valor económico e histórico de los vinos, pudieran llevar aparejados agravantes que hiciera que la pena de prisión fuera superior a ésta.

Si los agravantes no son aplicados en la causa, el caso sería juzgado por uno de los dos Juzgados de lo Penal de Cáceres, pero si el Ministerio Fiscal entiende que los hay, y la pena que solicita es mayor, la causa sería juzgada en la Audiencia Provincial.  

Córdoba considera que incluso le parecerían excesivos cinco años de prisión, en caso de que fueran encontrados culpables, ya que se trataría de un robo en el que no se habría utilizado violencia ni intimidación.

Las declaraciones de los propietarios de Atrio y del trabajador, según Córdoba, no han añadido nada significativo a lo que ya se conoce del caso, y tampoco se les ha podido pedir que reconocieran a los detenidos, puesto que en su día no se hizo el reconocimiento fotográfico en sede policial, y pedírselo ahora “sería absurdo porque la imagen de ambos está muy viciada de salir tanto en los medios de comunicación”

Además, según la abogada, los testigos que han declarado hoy no se fijaron especialmente en los presuntos autores, ya que, nada les hacía estar alerta para fijarse más que en cualquier otro cliente.

Días atrás Córdoba, se quejaba en declaraciones a este diario, que no se hubiera procedido a realizar un reconocimiento fotográfico de los detenidos en sede policial, por parte de los trabajadores y del personal que pudieron, supuestamente, coincidir con ellos.

Mañana declararán otros dos trabajadores de los 9 que han sido citados, aunque, salvo los dos que están citados para mañana, el resto se desconoce si están en Cáceres o si están fuera de vacaciones.

La abogada ha señalado que sus clientes siguen manteniendo su inocencia, y que lo están pasando mal en prisión, “por la exposición mediática que están teniendo, saliendo en todo momento sus imágenes y sus nombres en los medios de comunicación, y sobre todo ella tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar en su país (México)”,

Además, se da la circunstancia de que, el estado de salud de ella se está complicando, ya que, según dijo, padece de hipoglucemia, dolencia que ya tenía previa a su entrada en prisión, “en la que no puede recibir la misma atención médica que tenía estando en libertad, y eso me preocupa”.

Tanto lo propietarios de Atrio como el recepcionista y la representación legal de la compañía aseguradora declinaron hacer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el Palacio de Justicia de Cáceres.