La Xunta destina 70.000 euros a encuestas sobre sus campañas publicitarias durante el año electoral
Excepto sorpresa mayúscula, la actual legislatura gallega finalizará como las dos anteriores en lo referido a la publicidad institucional, esto es, con el incumplimiento de la promesa de promulgar una ley para regularla, norma que anunciaron tanto el PP de Alberto Núñez Feijóo –la consideró “urgente” en 2009 y reiteró la promesa en 2012, tras su segunda victoria– como el gobierno bipartito de PSdeG y BNG, que llegó a iniciar su tramitación pero cuando ya no quedaba tiempo para aprobarla. De este modo, las normas genéricas del Estado y, sobre todo, el criterio político del Gobierno son todavía la guía de una actividad publicitaria que sigue sin poder ser controlada por el Parlamento o la ciudadanía en general, pero cuya “eficacia” sí va a ser medida a través de encuestas y estudios que la Xunta se dispone a encargar a una empresa privada.
El Gobierno gallego acaba de iniciar los trámites de un contrato que financiará con hasta 71.900 euros –59.421,49 más IVA– a través del que encargará sondeos e informes para la “evaluación de la eficacia de las campañas desarrolladas” y “un análisis global de la eficacia de la publicidad institucional de la Xunta”, todo esto durante el año electoral de 2016. La empresa que se haga con el contrato tendrá que realizar tres encuestas “sociodemográficamente representativas de la población gallega”, una por cuatrimestre, y “cuatro informes en los que se describa y analice la opinión de los gallegos sobre las campañas de comunicación institucional desarrolladas por la Xunta” durante ese año.
Según la documentación del contrato, en cada uno de esos tres sondeos se trabajará con una muestra mínima de 500 entrevistas telefónicas en las que se abordarán cuestiones como la “notoriedad espontánea y sugerida de las campañas”, la “notoriedad de mensajes, elementos creativos, organismo promotor y medios de difusión”, la “valoración” que cada una de las campañas suscita en la ciudadanía o la “eficacia” de las campañas “en los distintos medios de comunicación en los que se inserta”. El cuestionario de cada encuesta será diseñado por la empresa adjudicataria, pero antes de su realización la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta, órgano con dependencia orgánica directa del presidente, “aprobará sus enunciados”.
Además de las encuestas, la empresa adjudicataria tendrá que organizar, como mínimo, un grupo de discusión sobre la “calidad de comunicación de las campañas publicitarias realizadas por la Xunta” y, acompañando a cada sondeo, un “informe detallado en el que figuren los resultados del estudio”. El trabajo se completará con un “informe global de eficacia de la publicidad institucional” en el que se resuman los tres anteriores y se inserten “propuestas y recomendaciones de mejora en futuras acciones de comunicación”.
Como ya había sucedido con el contrato de vallas publicitarias que mostrarán los mensajes de la Xunta por toda Galicia durante el año electoral, la Secretaría Xeral de Medios justifica la necesidad de este contrato explicando que el Gobierno “es sujeto y objeto de información y valoración política, por lo que también es emisor de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos” que “están al estricto servicio de las necesidades e intereses” de la ciudadanía. El “propósito final” de estas encuestas y estudios, asegura, es que “toda la información llegue a todos los ciudadanos gallegos”.
