Los momentos más críticos de la pandemia de COVID–19 han quedado atrás y ha cambiado la forma de abordar los casos positivos. Pero las demoras para ser atendido en un centro de salud en Galicia continúan y un buen número de plataformas en defensa de la sanidad pública siguen organizando protestas en diferentes áreas sanitarias. A la insistencia de la Xunta en señalar que el problema es la falta de médicos y que esta se debe a que el Gobierno central no permite convocar más plazas de formación, asociaciones de profesionales replican que lo que ocurre es que las condiciones que ofrece el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no son lo suficientemente atractivas, en especial en una parte de la medicina constantemente sobrecargada.
A pesar de que la pandemia tensionó hasta el colapso los servicios de Atención Primaria en la comunidad, la Xunta no solo no incrementó las partidas presupuestarias para el servicio, sino que incluso les retiró dos millones de euros –un 0,14%– en 2022 con respecto al año anterior. La sanidad en su conjunto tampoco registró una mejora en los fondos. De entre las comunidades que suben el dinero reservado a este capítulo, la gallega es la que lo hace en menos proporción, apenas un 0,17%.
En este contexto, es frecuente que un paciente tenga que esperar a la semana próxima cuando pide una cita con el médico de cabecera. Según los datos oficiales de la Xunta, en el 86% de los casos la demora es de hasta cuatro días, lo cual quiere decir que o el motivo de consulta se presenta al principio de la semana o buena parte de los pacientes no conseguirán ver a un profesional hasta la siguiente. En muchas ocasiones los tiempos de espera van más allá. En la última semana del mes de mayo llegaban a los 10 ó 12 días en lugares como Santiago y Vilagarcía de Arousa. Estos casos se encuadran en ese inconcreto 14% de médicos de familia que solo tienen huecos a partir de los cuatro días y sobre los que el Gobierno gallego no aporta más información.
En los últimos años, antes y después de la pandemia, las protestas reclamando más medios para la sanidad pública se han sucedido y el foco se ha ido situando cada vez más sobre la medicina de familia. Alfonso Rueda no había tomado todavía posesión como nuevo presidente de la Xunta cuando miles de personas salieron a la calle en Vigo el pasado 12 de mayo, convocadas por la Plataforma SOS Sanidade Pública. “No llega con cambiar personas, hay que cambiar políticas”, dijo entonces uno de los portavoces, Manuel González Moreira.
Una semana después, una urgencia mostró otra de las costuras de la sanidad pública gallega: una mujer con un infarto acudió al centro de salud de O Rosal (Pontevedra). La única médica que trabaja actualmente en las instalaciones había tenido que salir para acompañar en ambulancia a otro paciente al hospital, de modo que en ese momento no había ni facultativa ni vehículo para el traslado. La solución de los servicios de emergencias fue enviar un helicóptero con base en Ourense. Para estupefacción de los presentes, dado que no había ambulancia disponible, la mujer fue trasladada en camilla por las calles del pueblo a lo largo de los 230 metros que separan el centro de salud del lugar donde aterrizó la aeronave. No solo eso: su estado lo evaluó una médica jubilada que se encontraba en el lugar y que está encargada de labores estrictamente administrativas.
“¿Qué hubiese pasado si –esta profesional retirada– no hubiese estado allí?”, se pregunta Álvaro Lamas, médico de familia en el centro de salud de A Guarda, a pocos kilómetros de distancia. Señala que en otros casos estos médicos jubilados teletrabajan y que él mismo se ha visto ya en la situación de tener que desplazarse en taxi desde su consulta a O Rosal para atender alguna emergencia en circunstancias similares. “Lo tuve que hacer con 25 personas pendientes de ver y que se quedaron sin atender”, expone. El trayecto entre una y otra localidad suma otros diez minutos para dar asistencia a pacientes para los que recibir atención cuanto antes marca la diferencia en la supervivencia o en las posibles secuelas.
Lamas repasa la situación en una comarca, la de Baixo Miño, en la que las protestas se suceden y los sanitarios hicieron una huelga el pasado mes de diciembre para denunciar una falta de profesionales que “condiciona el mal funcionamiento de toda la cartera de servicios”. Entonces en A Guarda había entre tres y cuatro de los médicos que le corresponden al centro. En la actualidad trabajan seis. En O Rosal hay una única médica que tiene que asumir los cupos de tres y en Oia también hay solo una profesional pese a que le corresponden dos plazas. Algunos de estos puestos están directamente vacantes, en otros hay ausencias por bajas –algunas de larga duración– y permisos. Este médico asegura que la situación va a empeorar porque la gerencia del área sanitaria de Vigo, de la que dependen, va a eliminar uno de los refuerzos enviados por el Sergas tras las protestas, un médico más para el punto de atención continuada (PAC).
“No es que falten médicos, sino que no se ponen los recursos suficientes para que aparezcan. Y cuanto peor está la situación en Atención Primaria, menos gente quiere trabajar en ella. Recalca que, en la última convocatoria MIR –médico interno residente, un periodo de formación para los graduados– quedaron vacantes nueve plazas de medicina de familia en Galicia. ”La gente busca lugares en los que hay contratación más estable, menos sobrecarga o mayor remuneración“, señala Lamas. La falta de continuidad afecta también a los pacientes, puesto que se hace un peor seguimiento de las enfermedades crónicas. Esto, a su vez, deriva en que se presentan más urgencias, añade.
Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, insiste en que hay “una precariedad tremenda” y en que las condiciones que el Sergas ofrece a los médicos no son atractivas para que se queden en determinados centros de salud, como los que se encuentran en poblaciones más pequeñas o peor comunicadas.
La dificultad de encontrar profesionales a la que se agarra el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cuando se le pregunta por el atasco en la Atención Primaria viene gestándose desde hace años, según Sueiro. Asegura que los avisos sobre el envejecimiento de la plantilla y la falta de relevo se empezaron a dar hace una década, pero no fueron atendidos por la Xunta. En ese tiempo, las contrataciones estuvieron congeladas. Ahora la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) calcula que en los próximos cinco años el 40% de los médicos de familia y pediatras de la sanidad pública gallega podrían optar a la jubilación. Buena parte de los que se forman, se marchan: “En los últimos diez años hicieron el MIR unos 15.000, pero solo se contrató a 8.000. ¿Los otros 7.000 dónde están? Se van a fuera o a la privada”. A estos factores se suma, en su opinión, una “desconsideración” por parte de la administración y “desprecio” incluso dentro de la profesión hacia la medicina de familia.
Centros de salud pequeños
Sueiro señala que los problemas más graves se dan en los centros pequeños, en donde, si falta alguno de los profesionales porque está de baja o de permiso, se complica redistribuir sus pacientes o atender urgencias como la de O Rosal. En el ambulatorio de Santiago en el que él trabaja, señala, hay 20 médicos, pero en lugares como esta localidad pontevedresa, si debería haber tres facultativos y faltan dos, la situación “es inviable”. Llama la atención también sobre la falta de otros sanitarios: “En Atención Primaria en médicos estamos mal, pero en enfermería estamos a la cola de Europa”.
Los efectos del envejecimiento del equipo de médicos de familia a los experimentan desde el pasado verano en el centro de salud de Seixo, una parroquia del municipio pontevedrés de Marín. Iria Aboi es miembro de una plataforma que los vecinos crearon entonces para defender las instalaciones que les dan servicio. Cuenta que en agosto se jubiló uno de los dos médicos que había en este centro y no se ha cubierto la plaza a tiempo completo, de modo que el otro profesional se tiene que ocupar, cuando no hay refuerzos, de 2.200 pacientes. Dos mañanas a la semana acude a Seixo otra médica, algo que para Aboi no es más que “un remiendito”. Los vecinos temen, dice, que la intención del Servizo Galego de Saúde (Sergas) sea terminar cerrando estas instalaciones y derivarlos al núcleo de Marín, cuya situación es también “bastante precaria”.
“Cuatro casitas en Sanxenxo”
Estos vecinos acumulan diez meses de protestas. La portavoz de la plataforma critica que esto “no se arregla con cuatro casitas en Sanxenxo”. Se refiere al acuerdo firmado entre el Sergas y ese ayuntamiento pontevedrés, uno de los centros turísticos de las Rías Baixas, que multiplica su población en verano, para facilitar cuatro viviendas gratis durante el periodo estival a los sanitarios que vayan a reforzar la atención al municipio. El alcalde, Telmo Martín (PP), firmó un convenio, para el que reservó 32.000 euros, en lo que ha Xunta ha denominado una experiencia “piloto” para intentar evitar colapsos como el del verano pasado.
La iniciativa tampoco convence a la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que la califica de “maniobra de marketing cutre y populista”. La falta de personal, insisten, no está relacionada con que no haya vivienda, sino con que las condiciones de trabajo son “indignas” y están “caracterizadas por la inestabilidad y la precariedad laboral, que obligan a emigrar a parte del personal”.
En otra localidad pontevedresa, Moaña, van camino del medio año de protestas ininterrumpidas. Una plataforma en defensa de la sanidad llama a concentrarse todos los domingos desde el pasado mes de diciembre ante la Casa do Mar, en donde había, hasta el verano de 2020, un servicio de urgencias. Desde entonces, los vecinos deben desplazarse al punto de atención continuada (PAC) de Cangas, a seis kilómetros, ante una emergencia. Varias muertes ocurridas en este periodo de tiempo han generado dudas sobre los tiempos de atención. La última de ellas fue en enero de este año. Una ambulancia asistencial con dos técnicos se trasladó a una parroquia para atender a un vecino de 70 años. Llegó en 14 minutos al lugar, según el Sergas. Sin embargo, el médico tardó más en desplazarse porque tuvo que ir desde el PAC de Cangas en taxi. La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña reclama, además de la recuperación de las urgencias en el municipio, que se dote la zona con otra ambulancia asistencial. También en la provincia de Pontevedra y dependiente del área sanitaria de Vigo, en la comarca de O Condado se repiten las movilizaciones para demandar que se cubran bajas y ausencias y se dote de más médicos de familia y pediatras a los servicios de Ponteareas, Mondariz y Salvaterra.
La Xunta replica a las críticas lanzando ataques al Gobierno central, al que acusa de no permitir el incremento de plazas de formación especializada, y con varias medidas con las que pretende aliviar la carga de trabajo en los centros de salud. Entre ellas están la contratación temporal de médicos ya jubilados o la incorporación de graduados sin el MIR para tareas administrativas –como gestionar bajas y altas relacionadas con la COVID–. Este martes se cierra el plazo de una oferta pública de empleo para trabajadores en el último año del MIR de la especialidad de medicina de familia. Son 106 plazas. A quienes las ocupen les pedirán disponibilidad para cambiar entre turnos de mañana y de tarde, cubrir tanto centros de salud como PAC y hacer dos guardias al mes.
Las “costuras rotas” de la sanidad
En este escenario de demoras, centros que se quedan sin médico si el único que hay tiene que salir a atender una emergencia y protestas de los vecinos, la situación también ha empeorado en los servicios de urgencias de los hospitales. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, José Manuel Fandiño, manifestó durante un acto dedicado a este servicio la semana pasada que en Galicia están “batiendo un récord en atención”. “Somos la válvula de escape del sistema”, dijo y señaló que este tiene “rotas las costuras” tras la pandemia.
Las esperas para cirugías y consultas con especialistas empeoraron en 2021. La demora media para una operación en la sanidad pública gallega era al cierre de 2020 de 72,6 días. Un año después había subido a 77,3. Para una consulta externa el tiempo de espera pasó de 49,3 días (más de mes y medio) a 56,4 (casi dos meses) en el mismo periodo.