Dos 'bateeiros' detenidos en las protestas ante la Xunta afrontan acusaciones que suponen hasta cuatro años de cárcel

El conflicto de la mexilla (la semilla del mejillón) lleva activo desde finales de 2019 en Galicia y ha ido subiendo y bajando en intensidad en estos años. En las últimas semanas se ha recrudecido y quienes se dedican a la cría del bivalvo han llevado sus protestas en varias ocasiones ante la sede de la Xunta, en San Caetano, sin más alteraciones que atascos y desvíos de tráfico. La última concentración, sin embargo, terminó en cargas policiales, varios heridos atendidos en el hospital y dos manifestantes detenidos que se enfrentan a acusaciones de delitos (atentado contra la autoridad y desórdenes públicos) que pueden llegar a cuatro años de prisión.

Como ya habían hecho otros jueves, coincidiendo con la reunión semanal de Consello de la Xunta, productores de mejillón empezaron a reunirse pasadas las 8:00 horas en San Caetano. El problema empezó a gestarse con un decreto de la Xunta de 2019. Ahí, con las regulaciones para las zonas de percebe, los mejilloneros denuncian que la limitación de las rocas en las que pueden trabajar les dificulta su actividad. Percebes y crías de mejillón crecen en las mismas piedras. Para cultivar estos bivalvos, se extraen las crías y se colocan en largas cuerdas que cuelgan de las bateas (las estructuras de madera que flotan en las rías gallegas) bajo el mar. Los percebeiros hablan de que al extraer la mexilla la roca queda afectada y pasan incluso años antes de que vuelva a crecer ningún animal. El desencuentro se reaviva con cada temporada en la que quienes se dedican al mejillón se encuentran con lo que consideran insuficiente semilla.

Este jueves la protesta se preveía tranquila, según Iria Uzal, una de las integrantes de la Plataforma en Defensa da Cría. Asegura que un grupo de bateeiros que estaba en una zona ajardinada ante la Xunta a primera hora habló de manera distendida con los primeros agentes de la Policía Nacional que se desplazaron para vigilarlos. Uzal afirma que había un dispositivo más numeroso que en las ocasiones anteriores y dice que tiene la impresión de que había una intención de caldear el ambiente: “No hay quien nos quite de la cabeza que venían para que hubiera follón”. Su relato de lo ocurrido es que los agentes empezaron a golpear con las porras a algunos de los manifestantes. No querían, dice, que estuviesen en una de las aceras. “Le estaban pegando a una persona mayor”, explica, y otros salieron en su defensa.

La versión policial es otra. Según la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la concentración no se había comunicado. Sobre las 9:10 horas calculan que eran en torno a 450 los bateeiros congregados en San Caetano. Fue entonces cuando los agentes aseguran que algunos de ellos intentaron trepar por la verja que cierra el edificio y los policías “impiden esta acción”. Como reacción, dicen, empezaron a lanzar piedras y ramas y a incendiar contenedores. Las cargas policiales, justifican, fueron la respuesta “al comportamiento violento”. Dos personas, una mujer y un hombre, fueron detenidas y llevadas a la comisaría de Santiago, adonde también se desplazaron el resto de manifestantes para protestar. Ocho horas después fueron puestos en libertad, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Por el primero de estos delitos las penas van de uno a cuatro años, mientras que en el segundo son de entre seis meses y tres años. Ambos están pendientes de pasar a disposición judicial, algo que no se prevé que ocurra este viernes.

La Subdelegación del Gobierno asegura que 16 de los agentes desplegados en la protesta tienen contusiones y quemaduras leves. La Policía Nacional indicó este viernes que cinco de los agentes están de baja y que alguno tiene heridas como un hueso roto o un esguince. En un comunicado en el que no ahorra calificativos para intentar justificar su actuación, el cuerpo asegura que hubo una “actuación conjunta y organizada por parte de los manifestantes”, coordinados para romper adoquines del suelo, repartirlos y lanzarlos “con gran virulencia”. La actitud de los presentes la define como “hostil y de gran agresividad” y hace una enumeración de los objetos que los bateeiros llevaban encima y les retiraron: “múltiples piedras de diferentes tamaños, enrejados, bolardos, papeleras, palos, tornillería, eslabones de cadenas, petardos de grandes dimensiones, etc”. El dispositivo especial desplegado estaba compuesto por antidisturbios (agentes de la unidad de prevención y reacción y de la unidad de intervención policial).

Por parte de los manifestantes, explican que una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia desde San Caetano a un hospital, aunque fue dada de alta. Sin embargo, aseguran que hay muchos más con lesiones y que 20 de los presentes el jueves en la concentración han aportado fotografías de sus heridas.

Malestar acumulado

Iria Uzal señala que han llevado en las últimas semanas sus protestas ante la Xunta porque quieren darles visibilidad. El problema no es que este año haya menos mexilla, dice, sino que se va acumulando el malestar. Ella lleva 15 años trabajando en las bateas y asegura no recordar ninguna otra ocasión en la que tuviesen que extraer semilla tan cerca unos de los otros. La temporada este año empezó en enero (habitualmente es entre diciembre y mayo) y en estos meses la situación se ha repetido. También se queja de que, con las delimitaciones, se encuentra con que en una roca en la que puede trabajar hay percebe, pero del que no vale para quienes se dedican a este crustáceo, y en la siguiente, cerrada para su actividad, ve que hay mejillones. Carga contra el Gobierno gallego y su Consellería do Mar por las “promesas que no se cumplieron”.

En los últimos días las quejas arreciaron porque zonas que se habían abierto para la mexilla se cerraron el pasado lunes. El argumento de la Xunta fue que había habido un error técnico. Las organizaciones de bateeiros que estaban sentadas en las negociaciones con la Consellería do Mar para buscar una salida abandonaron la mesa y el conflicto se enquistó un poco más.

En la esfera política, los grupos de la oposición critican el papel de la Xunta. La líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, se dirigieron tras las cargas policiales del jueves directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, al que le piden que asuma la responsabilidad de encontrar una solución. Pontón aseguró que el problema “lo creó el Gobierno del PP donde no existía, con decisiones arbitrarias y hasta con chapuzas legislativas”. Formoso le ha reclamado que “ejerza” como jefe del Ejecutivo autonómico. De estos sectores, recordó, dependen 3.000 puestos de trabajo directos.

La reacción de la Xunta se ha limitado a lamentar lo ocurrido. El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, que sustituye al presidente mientras este está de viaje institucional por Panamá, Venezuela y México, dijo ayer que el camino para resolver el conflicto “pasa necesariamente por el diálogo y el consenso” y que el Gobierno gallego, a pesar de que las negociaciones en las que intermedió no llegaron a buen puerto, sigue con la “mano tendida”.

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa, en donde gobierna el PSOE, ha calificado lo ocurrido de “ataque a los bateeiros” y ha pedido al presidente de la Xunta que depure responsabilidades por un conflicto del que culpa a la Consellería do Mar. El sector, señala, tiene el “total apoyo” del Gobierno local y su “enérgica condena” a la “agresión brutal y descontrolada” de la que fueron “víctimas”.