El BNG pide al Ayuntamiento de Santiago que exija a la catedral el pago de los recibos de la luz que evitó desde 1968

La plaza del Obradoiro con la catedral de Santiago de Compostela.

El BNG quiere arrojar luz sobre el oscuro episodio que, paradójicamente, le sirvió a la catedral de Santiago para que el ayuntamiento sufragase las principales facturas de la luz desde, por lo menos, 1968. Si existió algún convenio o acuerdo escrito, nadie lo conoce. Al menos esa es la versión de un informe realizado por un técnico municipal y que la pasada semana publicó este periódico. El anterior gobierno local, de Compostela Aberta, acabó en 2018 con esa práctica. El Bloque, que cuenta con dos ediles en la corporación municipal, quiere ahora “tratar de recuperar el importe de los recibos de la luz que el consistorio pagó al templo”.

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Para ello, su portavoz, Goretti Sanmartín, llevará al pleno una moción en la que además propondrá realizar una investigación “que determine las cantidades y mensualidades abonadas, la fecha en que se comenzó y se dejó de pagar, y el destino de la subministración” de electricidad. El objetivo principal de los nacionalistas, que formaron parte de los gobiernos de la etapa anterior de Xosé Sánchez Bugallo como primer edil -1998-2011-, es recuperar el dinero: “Propondremos que el concello solicite, tras los correspondientes informes jurídicos, la recuperación total o parcial del importe”.

La primera reacción del alcalde de la ciudad, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, fue de mofa. A preguntas de los periodistas, aseguró desconocer el caso y en tono de broma remitió a Manolo el electricista, encarcelado hace diez años por robar el Códice Calixtino en un rocambolesco episodio. Sin embargo, fuentes de la alcaldía confirmaron ayer a elDiario.es que la próxima reunión de portavoces municipales debatirá el tema. El propio BNG la había solicitado con urgencia “para que el alcalde informe a los grupos de la oposición sobre el pago irregular del gasto de energía eléctrica de la catedral”. “No hay justificación para ocultar el destino del dinero público, propiedad de compostelanos y compostelanas”, afirma Sanmartín.

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