Cinco meses alojado en el hospital de Pontevedra tras recibir el alta a la espera del traslado a una residencia

Un hombre en situación de dependencia lleva más de cinco meses alojado en el hospital de Pontevedra después de recibir el alta a la espera de que la Xunta resolviese su expediente para que pudiese acceder a una residencia por la vía de emergencia social. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) denuncia que éste no es un “hecho aislado” sino una situación que se repite, aunque esta vez haya llegado al extremo. La Consellería de Política Social, que en esta ocasión no ha contestado a las preguntas de elDiario.es, había negado esta realidad anteriormente. Esta vez no lo hace y asegura haber encontrado una solución que permitirá su ingreso la próxima semana.

La denuncia –adelantada por La Voz de Galicia– trascendió tras la carta hecha pública por María José Lozano, trabajadora social en el hospital Montecelo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que el caso del que habla no es el único. “Hay muchos en Galicia en estos momentos, lo sé”. Sin embargo, cree que hay una “diferencia” clara, que fue la que la llevó a dar el paso de contarlo: “la exigencia de papeles imposibles de conseguir” para justificar la emergencia social del paciente y que es la que lo mantiene en un centro hospitalario donde la estancia, según Lozano, “quintuplica” el coste para las arcas públicas frente al de la residencia, algo que “parece no importar a los políticos”.

Para la trabajadora social –e, incluso, para la Fiscalía, con la que dice trabajar “en coordinación”– es palmario que el hombre cumple los criterios para un ingreso no voluntario, ya que no es consciente de su situación. Sin embargo, ante ese objetivo se interpone un requisito, ahora mismo, insuperable: para acceder a la residencia, necesita presentar sus datos bancarios y, para obtenerlos, tiene que desplazarse en persona a la sucursal, algo imposible en su estado actual. Por eso, Lozano habla de “violencia burocrática”. “Lo que me duele es la desconsideración al paciente vulnerable, que no tiene recursos sociales, familiares, económicos y hasta parecería que le quieren quitar la dignidad”, escribe.

En marzo de 2025, el COTS elevaba a doce, sólo en la misma área sanitaria de Pontevedra-Salnés, el número de personas que esperaban por una plaza en una residencia desde una cama de hospital que ya no tenían que ocupar. Contaban entonces que, frente a las 72 horas que marca la Ley de Dependencia, la estancia en ese limbo podía ir de los 25 días a los dos meses. La Consellería de Política Social lo negó en rotundo: “No se están registrando retrasos y mucho menos casos que excedan los 60 días”. Esta vez, ni siquiera respondió a las preguntas de esta redacción.

Sí lo hizo, de nuevo, a La Voz de Galicia, para asegurar primero que el caso era “complejo” porque había “dificultades para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una plaza pública residencial”. Finalmente, este viernes el rotativo recogía que el hombre ya contaba con esa plaza y que, “previsiblemente” ingresará la próxima semana. Fue la FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas) quien recabó toda la documentación del afectado, bajo el amparo de la Fiscalía. Los funcionarios de la Consellería comprobaron que, como afirmaba la trabajadora social, su caso cumplía todos los requisitos de una emergencia social y encontraron el hueco en un centro público autonómico. Si el hombre sigue rechazando la medida, añade Política Social, el traslado deberá realizarse a través de una orden judicial como ingreso no voluntaria.

Urgencias como entrada al sistema

“Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que afecta a un número significativo de personas en Galicia”. David Gontán, coordinador del COTS, es consciente de los problemas que provoca una realidad que la administración se empeña en tapar. El primero, el hospital como “recurso inapropiado para los cuidados de larga duración”, ya que son “entornos diseñados para atender procesos agudos” y no una estancia prolongada “por falta de alternativas habitacionales o de cuidado”. Mantener al paciente ingresado después del alta supone, para Gontán, “una vulneración de sus derechos a recibir atención adecuada en el entorno más idóneo para su recuperación y bienestar”.

Esto supone una prueba del “colapso” y la “lentitud” de la administración. A pesar de que existan mecanismos como la tramitación por emergencia social, los tiempos de respuesta “siguen siendo insuficientes para dar respuesta a las necesidades urgentes que surgen en el momento del alta”. El coordinador del Colegio habla de una “grieta” entre el ritmo de la sanidad y la capacidad de gestión del sistema de atención a la dependencia que genera “un bloqueo institucional”. Los perjudicados, una vez más, “la persona usuaria y sus familias”.

Ante ese colapso, Gontán relata estrategias que, en ocasiones, permiten incluso salvar vidas. Pone el ejemplo de un matrimonio de octogenarios, en la que el hombre padece una enfermedad que le provoca una conducta agresiva a la que su mujer no puede hacer frente. La pareja no puede acceder a una residencia privada ni pagarse una pública. Conoce casos en los que se ha provocado un ingreso por urgencias para que el afectado entre en el sistema hospitalario. Una vez allí, la valoración de los profesionales demostró la emergencia social que justificaba el concederle una plaza como dependiente. Después, ya sólo quedaba esperar a que la burocracia hiciese su trabajo.

Todo esto supone un “desgaste” a las trabajadoras sociales, que se encuentran en una posición de “extrema presión”. “Actúan como puente entre dos sistemas que no se coordinan, asumen la gestión de la frustración de las familias y la falta de recursos disponibles”. Por eso, Gontán reclama de forma “urgente” una “coordinación sociosanitaria real”, con “protocolos de agilidad inmediata”, aumento del cuadro de personal de Trabajo Social e incrementar el catálogo de “recursos intermedios” –centros de media estancia, plazas residenciales de emergencia y refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar– “que eviten que el hospital funcione como recurso residencial”.