Zarra: el territorio no puede convertirse en la solución fácil para nuestros residuos

Hay decisiones que, aunque administrativamente puedan presentarse como la tramitación de un expediente, dicen mucho sobre el modelo territorial que queremos construir. Un ejemplo escandaloso es el proyecto de un gran vertedero, escondido tras las palabras de Complejo Medioambiental de Residuos en Zarra.

La instalación proyectada prevé recibir hasta 375.000 toneladas de residuos al año. Desconocemos su origen, si es la Comunidad Valenciana, toda España o incluso residuos procedentes del extranjero. Su tramitación continúa abierta y, a finales de septiembre, siguen pendientes informes relevantes. Por ello, las objeciones que durante los últimos meses han planteado ayuntamientos, asociaciones y vecinos del Valle de Ayora-Cofrentes no pueden despacharse como una simple reacción de rechazo a una infraestructura incómoda.

Existen cuestiones de fondo que merecen ser estudiadas con el máximo rigor. El proyecto se sitúa en un territorio estrechamente relacionado con una masa de agua subterránea de enorme importancia cuya contaminación alcanzaría al rio Júcar de donde bebe una gran parte del Àrea Metropolitana de València. También deben valorarse rigurosamente las afecciones sobre la vegetación, la fauna y los hábitats de una comarca cuyo patrimonio natural constituye, además de un valor ambiental, uno de sus principales recursos económicos y sociales.

El paisaje rural no es un espacio vacío en el que situar aquello que resulta más difícil acomodar cerca de las grandes áreas urbanas e industriales. Es patrimonio, actividad económica, calidad de vida y también futuro.

Pero hay una cuestión todavía más amplia, ¿qué modelo de gestión de residuos queremos para la Comunidad Valenciana? La ubicación de una instalación de estas dimensiones obliga a preguntarse por el origen de los residuos que pretende recibir, las distancias que deberán recorrer y el número de desplazamientos de vehículos pesados por carreteras convencionales que atraviesan varios núcleos urbanos. La localización óptima de estos depósitos debería ser el resultado de una planificación pública previa que determine dónde son ambiental, territorial y socialmente más adecuados.

Esta es una de las reflexiones más importantes que suscita el vertedero de Zarra. La Administración ambiental no debería limitarse a recibir una iniciativa privada, comprobar si consigue superar sucesivamente los distintos trámites sectoriales y decidir finalmente si puede autorizarla. Ante instalaciones de esta escala debería existir previamente una reflexión territorial: qué capacidad necesita realmente la Comunidad Valenciana, dónde se producen los residuos, dónde están las principales infraestructuras de comunicación y tratamiento, qué alternativas existen, qué territorios poseen mayor o menor capacidad de acogida y qué terrenos son técnicamente óptimos para evitar riesgos en depósitos de basura que se mantendrán eternamente expuestos a condiciones meteorológicas impredecibles. El globo sonda aparecido recientemente en algún medio de comunicación de instalar una incineradora en el Àrea Metropolitana de València, es otro ejemplo en el mismo sentido. Primero debería planificarse. Después deberían localizarse las instalaciones. No al revés.

Existe además una dimensión territorial y social imposible de ignorar. El Valle de Ayora-Cofrentes forma parte de las zonas de la Comunidad Valenciana, expresamente identificadas por la legislación valenciana, como afectadas por procesos de despoblamiento.

Es también un territorio que desde hace décadas participa de manera muy relevante en la producción energética valenciana. Allí se encuentra la central nuclear de Cofrentes y sobre la comarca se están implantando importantes proyectos de generación renovable. La transición ecológica no puede consistir en concentrar sistemáticamente sobre los mismos territorios rurales las infraestructuras que abastecen de energía, reciben residuos o prestan servicios ambientales al conjunto de la sociedad sin plantearse seriamente como solventar el problema de despoblamiento de la zona y como ayudar económicamente a los ayuntamientos afectados como ocurre en otras CCAA como por ejemplo Navarra.

Porque existe también una cuestión de equidad territorial. Si queremos combatir la despoblación debemos preguntarnos qué mensaje enviamos a quienes han decidido permanecer en nuestros pueblos. No parece coherente destinar recursos públicos a promover turismo rural, agricultura de calidad, recuperación del patrimonio, emprendimiento o atracción de nuevos residentes y, al mismo tiempo, incrementar la concentración de grandes infraestructuras con posibles efectos sobre el paisaje, las carreteras y la percepción ambiental del territorio.

El problema no consiste en negar que nuestra sociedad genera residuos ni en defender que las instalaciones son necesarias. Todas las sociedades tienen que asumir las consecuencias de su modelo de consumo. Precisamente por eso hace falta planificación. Planificación ambiental, planificación territorial y planificación de residuos. Y también un principio elemental de solidaridad: las cargas ambientales deben distribuirse con criterios objetivos y no concentrarse reiteradamente en aquellos territorios que tienen menos población y, por esa misma razón, menor capacidad para hacerse escuchar.

Por todo ello, el expediente de Zarra debe resolverse atendiendo a todos los informes técnicos, a las alegaciones presentadas, a la legislación ambiental aplicable y al clamor popular. La oposición existente en el territorio y las objeciones formuladas sobre agua, geología, biodiversidad, paisaje, movilidad y modelo territorial, constituyen elementos, que la Administración debe valorar de manera completa y transparente.

Pero, más allá del resultado de este expediente concreto, Zarra debería servir para abrir un debate que la Comunidad Valenciana necesita. La pregunta no es únicamente dónde podemos legalmente poner un vertedero. La pregunta que deberíamos hacernos antes es ¿con qué criterios territoriales, climáticos, ambientales y sociales vamos a decidir dónde deben ubicarse?

Porque el interior valenciano no puede ser considerado simplemente como el lugar donde queda espacio. Es territorio. Es paisaje. Es economía. Y, sobre todo, es el lugar donde viven personas que también tienen derecho a decidir qué futuro quieren construir.

Por todo esto, y por los vecinos del Valle de Ayora-Cofrentes, animamos a los valencianos a acudir a la manifestación, que la Plataforma contra el Vertedero de Zarra y que los ayuntamientos de la comarca han convocado en Valencia, para el 15 de octubre de 2026.

*Joan Ribó i Canut y Fernando Tejerina de Fuentes