Comisiones Obreras lleva ante la Justicia el recorte de la Xunta al derecho a baja que Feijóo propone en toda España

Comisións Obreiras ha anunciado que llevará ante la Justica el recorte del derecho a baja laboral en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia. Fue la medida estrella del último discurso sobre el estado de la autonomía pronunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su superior en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, la quiere replicar a nivel estatal. Para el sindicato, este primer paso de una ofensival que cuenta con el apoyo de la patronal y de algunos medios de comunicación, “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”. También la CIG ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución que refuerza el papel de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales y lamenta que la Xunta presente la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”. Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos. CC.OO. alerta además de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC.OO., “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”. Todo ello después de que CIG y CC.OO. -ambas centrales suman una amplísima mayoría sindical- se hayan descolgado de la presunta mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.