Los emigrantes gallegos hacen frente común contra el “saqueo” de Hacienda a los pensionistas
Los emigrantes gallegos retornados afectados por las sanciones que Hacienda les impone por las declaraciones de la renta no presentadas desde el año 2008 acaban de agruparse en una coordinadora nacional con el objetivo de defenderse del “robo y saqueo” practicado por el Estado con las pensiones de otros países, que cobran como jubilados. Mujeres y hombres de entre 60 y 80 años, luchando juntos contra lo que consideran “una grave injusticia”.
En la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados (CNGER) se agrupan cerca de veinte plataformas, además de todas aquellas “que van surgiendo semana a semana” en varias comarcas del país. Son muchos millares de pensionistas los afectados y el número aumenta cada día. Es complicado hacer un cálculo, pero desde la coordinadora hablan ya de que la cifra “puede llegar a 300.000 personas”, según aclara Xosé Lois Leirós, uno de los portavoces del colectivo.
A los emigrantes se les aplican multas, pero también se les reclaman intereses de demora para ponerse al día con unas declaraciones que, según denuncian los colectivos, nunca les advirtieron que deberían presentar, una información que no les fue proporcionada ni desde España ni desde los diferentes países a los que ahora el Gobierno español pide datos para continuar con la campaña iniciada hace meses. De hecho, el Estado prevé endurecer la campaña a partir de enero de 2014, lo que aumentaría las cantidades reclamadas y el número de afectados.
La CNGER insiste en las reivindicaciones de todas las plataformas comarcales y exige la revocación de los expedientes y la anulación de las sanciones, la devolución del dinero cobrado, que no se reclamen intereses de demora, la correcta información a los emigrantes y que se modifique la ley para “garantizar la igualdad de trato a los emigrantes retornados”.
“Tiene que haber una solución diferente: si hay que tributar, se tributa, porque nosotros nunca nos hemos negado. Si tenemos una pensión es porque durante años pagamos impuestos en los países donde trabajábamos, pero a nosotros nadie nos informó de que había que pagar aquí y de hecho se nos indicaba todo lo contrario”, insiste Leirós, que advierte al Estado de que “los defraudadores de verdad se encuentran en esferas más altas: nosotros somos trabajadores honrados; es inmoral que se nos persiga y se nos trate como a defraudadores mientras a los verdaderos defraudadores se les concede una amnistía fiscal”, insiste.
La sanción media para cada emigrante, en todo caso, es difícil de calcular. La Coordinadora habla de 10.000 euros, pero también hay casos que superan los 25.000 euros entre los intereses de demora, la declaración correspondiente y la multa, que suele corresponder a la mitad de lo que toque a declarar en cada ejercicio y que va desde los 100 euros hasta los 750. No obstante, hay bonificaciones del 30% y del 25% en caso de pagar en plazo. Y ahí reside otro de los problemas. La Agencia Tributaria está aceptando los alegatos de algunos pensionistas, pero recurrir implica renunciar a esas bonificaciones y arriesgarse a tener que pagar la cuantía completa.
“Con la Agencia Tributaria no hay opción, no se puede; lo único que nos queda es la presión popular”, aclara Leirós. Por el momento, el Gobierno central ya há aclarado que hará cumplir la ley, aunque se demuestre que no hubo mala intención ni interés de defraudar y que la información fue inexistente o incorrecta. Tras los primeros casos, en los que se exigía el pago de la sanción completa en diez días, Hacienda concede ahora plazos para el pago, “pero con un interés del 5%, mayor que lo que ofrecería un banco por una hipoteca”, según aclara el portavoz.
“Los empleados de la Agencia Tributaria nos dan la razón, nos dicen que no hay derecho a que nos hagan esto, pero tienen que cumplir la ley”, recuerda Leirós, que conoce montones de casos, además del suyo, y mucho más graves. “Hay mucha gente que no puede pagar aunque quiera porque no tiene capital”, asegura, y ponen el ejemplo de “una viuda” a la que se le reclaman 11.000 euros y que está “agobiada” o el de gente que “se ve obligada a solicitar créditos para poder hacer frente a las sanciones”. Porque si el afectado fallece, es la familia la que carga con la multa.
Ahora, la Coordinadora prepara movilizaciones que llevarán millares de jubilados a concentrarse en Santiago o simultáneamente en varias comarcas para hacer fuerza. También solicitarán reuniones con los grupos parlamentarios gallegos, con los conselleiros de Hacienda y Presidencia, con el Valedor do Pobo (el Defensor del Pueblo gallego), con el ministro de Hacienda y con el fiscal superior de Galicia.
Además, están recogiendo firmas para entregar ante el Ministerio de Hacienda. “No vamos a permanecer callados, estamos organizados y vamos a defender en la calle nuestros derechos”, asegura Leirós. “Defenderemos nuestras pensiones, nuestra dignidad y nuestro honor. La lucha es el camino que nos queda”, remacha. Las nuevas preferentes gallegas ya están aquí. Millares de afectados y millones de euros. Por el momento, la Agencia Tributaria ya lleva recaudados cerca de 4 millones. Y lo que queda.
