La fiscalía denuncia a dos cargos de la Xunta por el dragado de la ría de Ferrol
La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusa a dos altos funcionarios de la Xunta de prevaricación, falsedad documental y delito ambiental por el polémico dragado de la ría de Ferrol para beneficiar a la polémica planta de gas de Reganosa, situada en el interior de la ría. Carlos Muñoz Martínez, jefe de Conservación de la Naturaleza en A Coruña, y Rogelio Fernández Díaz, subdirector general de Espacios Naturales y Biodiversidad, son los acusados por el fiscal Álvaro García Ortiz a raíz de la actuación sobre la ría la finales de 2011 a pesar de que un informe de un biólogo de la Administración gallega consideraba esta obra de ampliación del calado como “ambientalmente incimpatible con la conservación de los hábitats y especies protegidas”.
Tal y como recuerda ahora Adega -que proporcionó material clave-, ese informe técnico del Servicio de Conservación de la Naturaleza que desaconsejaba el dragado fue “reiteradamente ocultado por la Xunta” a pesar de que las obras se acometían en una área parte de la de la Red Natura 2000. Por tanto, la Administración y Puertos habrían aprobado el proyecto sin los informes preceptivos para luego, con la actuación ya comenzada, “cocinar” una autorización ambiental para “salvar la cara” basándose en un suspuesto informe técnico que no figura en el expediente. Un informe favorable realizado a posteriori.
Con el dragado ya finalizado, apareció el informe que recomendaba la no ejecución del proyecto por el impacto ambiental que podía suponer. Ahora, el fiscal de Medio Ambiente solicita al juez que tome declaración en calidad de imputados a los dos altos cargos. Carlos Muñoz aparece como firmante de los informes que aceptaron la obra, mientras que Rogelio Fernández sería el culpable de una anotación interior, que más de un año después del informe negativo de 2010, requería a la delegación coruñesa del Servicio de Conservación para su revaluación.
Según la denuncia, el Ministerio de Medio Ambiente habría aprobado la declaración de impacto sin el informe de Conservación de la Naturaleza que era obligatorio por ley y que en este caso era negativo. De este modo, los riesgos de las agujas de roca que obstaculizan la entrada de barcos de gran calado como los gaseros de Reganosa desaparecieron, sin tener en cuenta así los alegatos de ecologistas y mariscadores.
En opinión de Adega, estos hechos obligan a la Xunta a “destituir fulminantemente estos dos funcionarios, entre otras cosas para que no puedan acceder a otra documentación clave en el procedimiento, destruir o alterar más pruebas”. Para la asociación ecologista, el fiscal “no debería pararse aquí”, ya que “los responsables máximos de dos administraciones (Xunta y Autoridad Portuaria) deturparon presuntamente un procedimiento legal y toleraron una vulneración de las leyes ambientales”. “Tendrían también que rendir cuentas ante la justicia”, remata.
