AGE exige el desmantelamiento de Reganosa y denuncia que “sólo la corrupción” protege a la planta
La lucha de los movimientos sociales de Ferrolterra contra la planta regasificadora de Reganosa llegó este miércoles al Parlamento gallego. AGE, a través de su viceportavoz Yolanda Díaz, exigió “el desmantelamiento de Reganosa de su actual emplazamiento” para “acabar con una planta de gas fruto de la corrupción política, la insensibilidad ambiental y la temeridad con respecto a las vecinas y vecinos”. AGE califica asimismo de “corrupción” el esfuerzo del Gobierno gallego para “cambiar la legalidad para adaptarla a Reganosa”.
Yolanda Díaz destacó que “la historia de la planta de gas parte de un pecado original: un convenio confidencial en el que figuran las firmas de Manuel Fraga y de altos cargos de Fenosa, Endesa, el grupo Tojeiro o Caixa Galicia. La factoría se iba a construir en el puerto exterior de Ferrol, y de pronto cambió para el interior de la ría, a escasos metros de un arsenal militar”. Y añadió que “esta bomba de relojería no ha cesado de recibir apercibimientos judiciales e incluso políticos”. Aún la semana pasada Alternativa denunciaba que las presiones del PP europeo impedían a la delegación de parlamentarios europeos acordar un informe sobre el estado de las rías gallegas mientras no se retiraran las alusiones negativas a Reganosa.
Díaz también señaló que “hace apenas un año, el Tribunal Supremo anulaba la modificación puntual del PGOM de Mugardos que en su día había servido para permitir la construcción de la planta de gas sin ni siquiera declaración de impacto ambiental”. Segundo expone Díaz en la argumentación de la proposición no de ley defendida esta mañana, de esta sentencia se deriva que “todos los actos administrativos derivadas de aquella modificación son nulos” y añade que “sólo una maniobra con afán prevaricatorio de la Xunta de Feijóo consiguió que se aprobara una nueva modificación diez días después de la sentencia del Supremo”.
El PP votó en contra de la proposición de Alternativa, que aceptó las enmiendas del BNG y del PSdeG, grupos que se abstuvieron de votar el punto de la Proposición no de Ley de AGE que exige el desmantelamiento de la factoría, pero sí apoyaron la demanda de que “el gobierno de la Xunta cumpla la sentencia firme de 11 de mayo de 2012 del Tribunal Supremo” y la petición de que la Xunta salga del accionariado de la empresa.
