Cuando el coronavirus permitió a Feijóo gobernar sin Parlamento: la oposición habla de "confinamiento democrático"

Reunión de Feijóo con los partidos gallegos el 19 de abril de 2020

El 16 de marzo, los partidos con representación parlamentaria en Galicia invitaron a Ciudadanos a una reunión en la que se acordó suspender la convocatoria electoral del 5 de abril. La epidemia de coronavirus entraba en la comunidad y empujaba la política gallega a una dimensión desconocida, una especie de limbo en el que Alberto Núñez Feijóo ha recuperado todos sus poderes sin que la oposición pueda fiscalizar sus decisiones. Con el Parlamento disuelto y el control total de los tiempos, el presidente de la Xunta se ha convertido en uno de los principales opositores a Pedro Sánchez sin competencia interna.

Cinco semanas después de la suspensión electoral, Feijóo sólo ha comparecido una vez -a petición propia- ante el parlamento autonómico. La capacidad de control e impulso del Legislativo sobre el ejecutivo gallego se encuentra bajo mínimos. La situación es inaudita: mientras al Gobierno gallego se le restituyeron todas sus funciones, la oposición no dispone de más mecanismos que los derivados de la Diputación Permanente, en la que manda la mayoría absoluta del PP.

La Diputación Permanente es el órgano parlamentario que se encarga de “velar por los poderes de la Cámara cuando esté expirado el mandato parlamentario”. Al estar el Parlamento gallego disuelto desde el 10 de febrero, una vez el presidente de la Xunta convocó a las urnas, en ella reside la representación de los grupos parlamentarios. Pero sus competencias son limitadas. No pueden proponer, solo responder a las comparecencias que decide la mayoría gubernamental. Con el aplazamiento electoral, el Gobierno gobierna, pero el Legislativo no legisla. Ni siquiera existe plenamente. Y Alberto Núñez Feijóo aprovecha la circunstancia para ocupar, todavía más, el escenario político.

Las formaciones de la oposición han comenzado a exigir responsabilidades. PSdeG, BNG y Galicia en Común han arremetido este lunes contra lo que consideran “ventajismo político” de Feijóo o “déficit democrático”. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llegó a poner cifras a lo que llama “confinamiento democrático” del Parlamento. “Desde que comenzó la crisis, Feijóo ha dado 18 ruedas de prensa, 900 minutos, y solo una comparecencia en el Parlamento, unos 60 minutos”, afirmó. El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, lo expresó en términos análogos, al referirse a “17 horas de comparecencias de Feijóo en la RTVG y 42 minutos para dar la cara en el Hemiciclo”.

El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, fue más allá. Habló de un acuerdo no escrito entre los partidos “que es parte del acuerdo que permitió atrasar las elecciones” y según el cual “se iba a activar la Deputación Permanente” con mayores competencias de las habituales. “Pero Feijóo no respeta las garantías democráticas”, añadió. El presidente de la Xunta se reunió este domingo, videoconferencia mediante, con los partidos de oposición. Y, según la versión de Caballero, les trasladó “su voluntad” de cumplir con ese pacto y habilitar vías para que la oposición pueda ejercer su papel. Pero, mientras, el tiempo pasa, el final del estado de alarma y las medidas extraordinarias derivadas de él está más cerca, y las elecciones vuelven a aparecer en el horizonte.

Lo que parece claro es que la posibilidad legal y administrativa existe. Eso concluyeron los servicios jurídicos del Parlamento de Galicia después de casi 20 días de deliberaciones. En un informe emitido el 17 de abril en respuesta a una solicitud conjunta de los grupos, se referían a la “evidente laguna normativa” en que se mueve la cuestión, pero avanzaban “hipótesis de trabajo novedosas”. Abrían la puerta a que la Diputación Permanente regule las peticiones de información o la presentación de preguntas dirigidas al Gobierno y dejaban en manos del “consenso de las fuerzas políticas” las interpelaciones o las proposiciones no de ley. El Partido Socialista pidió además una comparecencia quincenal del presidente, como en período parlamentario ordinario, y el Bloque, semanal “mientras dure la crisis”.

Es el Partido Popular el que menos interesado se muestra en reactivar el Parlamento. Con Feijóo en prime time perpetuo en los medios públicos y los demás partidos fuera de campo, su estrategia se centra en la confrontación, cada vez en tono más elevado, con el Gobierno central. Acudió una sola vez a la Cámara gallega -por petición propia-, el 26 de marzo. Desde entonces, los representantes de 649.350 gallegos y gallegas -los votos que obtuvieron En Marea, PSdeG y BNG en 2016- no han podido confrontar de primera mano las políticas adoptadas por la Xunta en la peor crisis sanitaria de la historia reciente de Galicia.

Mientras tanto, el presidente gallego insiste en que el panorama electoral está apartado de sus prioridades y que no hay fecha prevista para retomar la llamada a las urnas. Las elecciones tendrán que celebrarse antes del mes de noviembre, momento en el que se cumplen los cuatro años de legislatura. En este punto Feijóo también mantiene los poderes: el Estatuto gallego le otorga la potestad de hacerlo cuando mejor le convenga y no parece que para tomar esta decisión vaya a contar con la opinión, ni siquiera no vinculante, del resto de los partidos.

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