La Xunta mantiene la ley temporal que frenó derechos al funcionariado pese a no cumplirse ya sus requisitos
“Las medidas previstas en esta ley serán revisadas en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, en función de la evolución del producto interior bruto real de Galicia y del ahorro primario de los presupuestos”. Esa es la última frase, justo antes de la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que cierra la denominada Ley de medidas temporales en determinadas materias del empleo público aprobada a principios de 2012 para congelar diversos beneficios de los funcionarios. Más de cinco años después el sindicato CSIF critica que la norma sigue en vigor a pesar de que tanto el PIB como el ahorro primario mejoraron, y así lo han constatado en un informe entregado al Gobierno gallego y los grupos parlamentarios en el que piden que los Presupuestos autonómicos para 2018 permitan recuperar aquellos derechos congelados en 2012.
En su informe, el CSIF indica que la Ley 1/2012 “nació para aplicar medidas extraordinarias, urgentes y de carácter temporal y revisables a los dos años, pero seis años después de su puesta en marcha permanece en vigor, afectando a temas tan sensibles como las prestaciones por incapacidad laboral, días de descanso y el fondo de acción social”. “Estos derechos perdidos fueron ganados en su día por los empleados públicos a cambio de aceptar una congelación salarial en épocas no de crisis sino de bonanza económica”, recuerdan, y piden a la Xunta que permita retomar aquellos derechos.
El CSIF no sólo critica que el Gobierno gallego no realizase esa revisión de la ley en el “plazo de dos años” que la propia norma preveía. También analiza la evolución desde entonces de las dos variables que la norma exigía evaluar para su revisión. Por una parte, el sindicato destaca que, frente a la caída del 2,8% y el 1,6% en 2012 y 2013 respectivamente, el promedio anual de crecimiento del PIB en el periodo 2014-2016 “se acerca al 2,4%”, llegando en 2016 al 3,4% y manteniéndose la tendencia en este 2017.
En cuanto a la otra variable señalada por la propia ley, la del saldo primario presupuestario, esto es, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta la comunidad sin tener en cuenta el coste del pago de la deuda, CSIF constata igualmente su mejoría. Una mejoría que según su análisis se extiende también a otras variables complementarias como el ahorro bruto o la evolución de la deuda .
Amparándose en esos datos, CSIF reclama que en los Presupuestos de 2018 ahora en tramitación en el Parlamento de Galicia desaparezcan las referencias a las medidas aprobadas por la Ley 1/2012 “ya que en estos momentos ya no concurren causas graves de interés público derivadas de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”, como había argumentado la Xunta en su momento para ampararse en la posibilidad de suspender derechos que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso, el sindicato reclama la reposición del 100% del Fondo de Acción Social, la eliminación de la suspensión de pactos, convenios o acuerdos ya firmados, la reposición del 100% de los días de libre disposición o finalizar con la suspensión del complemento a las prestaciones de la seguridad social en situación de incapacidad laboral.
