El presidente de la Xunta justifica que Feijóo diese contratos a dedo a grupos de prensa coincidiendo con su salto a Madrid

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que su antecesor en el cargo y actual presidente del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, haya concedido contratos a dedo a grupos de comunicación de Madrid con el Gobierno gallego en funciones y coincidiendo con el momento de su traslado a la capital española. Unidas Podemos ha cuestionado estos movimientos y ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue si se respetó o no la ley y con esos contratos, que cree que sirvieron para “preparar” su llegada y proteger su imagen.

“Lo que no sería normal sería hacer una cosa diferente”, respondió Rueda a una pregunta sobre el asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Los contratos, aseguró, son para promocionar a Galicia dentro del Xacobeo y “no tendría sentido” esperar a que el nuevo equipo de la Xunta tomase posesión. El actual jefe del Ejecutivo gallego hizo una distinción entre este cambio, que se produjo por la dimisión de Feijóo, y los que se derivan de unas elecciones, pese a que, en ambos casos, el equipo saliente se mantiene en funciones, con una capacidad de decisión más limitada, hasta que se formaliza la llegada del nuevo presidente y sus conselleiros.

“Es cierto que estaba -el Gobierno- en funciones, pero no derivado de una causa ordinaria, después de unas elecciones y hasta que se formase nuevo gobierno. Paralizar la promoción exterior de Galicia porque hay un cambio de estas características, en mi opinión, no procedería”, insistió.

Entre esas limitaciones de los gobiernos en funciones está la de que no se pueden adquirir compromisos de gasto que no sea gasto corriente ni tampoco adjudicar contratos plurianuales o cuya estimación económica se sitúe por encima de 150.000 euros, según figura en la ley de transparencia y buen gobierno que cita Unidas Podemos. De acuerdo con esta formación política, los contratos concedidos esos días están entre 200.000 y 300.000 euros. Rueda no mencionó las cuantías, pero defendió que “tenían todas las garantías y fiscalizaciones necesarias”.