Trabajadores temporales de las residencias de mayores de Galicia exigen cambios a la Xunta: “No podemos más”

Trabajadores temporales de residencias de mayores y de personas dependientes en Galicia protestan ante la Xunta.

Personal temporal de los centros públicos de residencias de mayores y personas dependientes se han concentrado este martes frente a la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano para demandar a la administración autonómica cambios en sus condiciones de trabajo. “No podemos más”, resume uno de ellos, Manuel Bóveda. Piden que no los obliguen a aceptar contratos “de media jornada, de fin de semana o de dos horas” obligatoriamente. Si los rechazan, denuncian, los penalizan “durante mucho tiempo”. Este tipo de vínculo laboral supone unos salarios de unos 400-500 euros con los que “es imposible tener una vida digna”.

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Por este motivo una de sus demandas es que la Xunta establezca listas independientes para poder optar entre una jornada continua o una media jornada sin que los penalicen. “Hay gente que por conciliación familiar o por estudios necesitan este tipo de contratos, pero pedimos poder elegir, al igual que se hace en el Sergas, y que no nos penalicen. Es muy duro que te metan seis meses en la nevera”, expone Bóveda, uno de los trabajadores de este colectivo. Asegura que esto lleva a muchos compañeros a irse a las listas del Sergas, ya que son técnicos en cuidados y auxiliares de enfermería. Como consecuencia, las listas de contratación para las residencias y centros de dependientes “se quedan vacías”.

En total, según Bóveda, están en esta lista de temporales “entre 500 y 600 personas”, aunque señala que esa cifra “no es real” porque “muchos están apuntados, pero optan por el Sergas y otros ya no están en las listas de contratación”. La Xunta, denuncia, amenaza con contratar a gente sin especialidad para suplir estos empleos y “abaratar el puesto de trabajo con gente no cualificada”.

Otra de las principales quejas es la elevada carga de trabajo para un personal que se encuentra “muy cansado” tras la pandemia, que golpeó especialmente a estos centros. “Nosotros damos el 1.000 por 1.000 y ellos nos castigan con contratos de este tipo”, criticó.

Si su situación no mejora estudiarán en septiembre convocar una huelga en las residencias. Las trabajadoras de estos centros hicieron en marzo una huelga en protesta por unos salarios que apenas alcanzan el mínimo, por una carga de trabajo que calificaban de “brutal” y por un modelo que denuncian que convierte las residencias en “cadenas de montaje”. Los trabajadores temporales rechazan convocar una protesta así en este momento por la subida de los casos de COVID, pero avisan de que cuando la situación se calme propondrán huelga en los centros públicos: “Hay que cambiar las cosas. No se puede vivir en el siglo XXI con condiciones de trabajo feudales o de antes de la Revolución Industrial”.

Los trabajadores piden reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para exponerle sus demandas. Han enviado una carta a la Valedora do Pobo, que ya ha instado al Gobierno gallego a modificar las cuestiones que demandan, pero “hicieron caso omiso”.

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