La Xunta obvia a la Justicia y vuelve a subvencionar a los centros que separan a niños y niñas
Enviar a un niño o niña a un colegio segregracionista seguirá estando subvencionado en Galicia. En pleno mes de agosto y a las puertas de un largo puente festivo la Consellería de Educación acaba de publicar la orden con la que renueva los acuerdos con los centros de enseñanza concertada y en ella incluye a los cinco colegios que separan a su alumnado en función del sexo. La sentencia con la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ilegalizó el pasado marzo estos conciertos a instancias del Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) no ha sido obstáculo para la Xunta, que se prepara para seguir inyectando dinero en estos centros hasta 2017.
Lo que para la Justicia es incumplir la ley vigente para el Gobierno gallego no es más que “educación diferenciada” y por eso sigue concertando aulas con Montespiño y Peñarredonda, en A Coruña, y con Montecastelo, Las Acacias y Aloya, en Vigo. De los cinco colegios los cuatro primeros están promovidos por la empresa Fomento de Centros de Enseñanza, ligada al Opus Dei, y el restante, Aloya, pertenece a la conservadora Asociación Fontenova. Ambas entidades decidieron interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSXG, recurso que ahora le sirve a la Xunta como justificación para no retirarles los fondos públicos.
El gabinete que dirige Alberto Núñez Feijóo señala que el fallo del alto tribunal gallego “no es firme” y además, razona, la ley de presupuestos generales del estado “recoge la directriz presente en el ordenamiento jurídico de inexistencia de prohibición o limitación constitucional o legal a la financiación de la educación separada por sexo”. En esta apreciación la Xunta pasa por encima de la aún vigente Ley Orgánica de Educación, que, como recordaba el TSXG en marzo, “prohíbe tajantemente la discriminación de los alumnos en la admisión a centros públicos y concertados”, además de otorgarles prioridad a los centros educativos que practiquen la “coeducación”.
En este contexto, y con una ley educativa en trámite -la Ley Wert- que sí les dará sustento legal a las subvenciones a centros segregacionistas, la Consellería considera que “lo procedente” es seguir dándoles dinero a estos colegios, con la única cautela de “no concertar las unidades de primero de educación primaria o secundaria, según el caso, en los citados centros, y sí hacerlo en las unidades correspondientes a los segundos y siguientes cursos”. El objetivo, asegura Educación en un comunicado, es garantizar que el alumnado ya escolarizado no sufra alteración alguna en su trayectoria educativa y pueda termintar sus estudios en iguales condiciones con las que los iniciaron“, esto es, los niños por un lado y las niñas, por otro. De paso, dice la Xunta, ”se minimizan“ los ”posibles efectos en el alumnado y en las familias en general, a la espera del pronunciamento“ del Supremo.
El STEG recurrirá de nuevo
Nada más conocer la decisión gubernamental el STEG ya anunciaba su intención de “ir de nuevo a los tribunales para que la sentencia firme, puesto que no fue recurrida por la Consellería, sea cumplida por la Administración”. A juicio de la central sindical el Ejecutivo emplea de nuevo “el derecho a escoger de las familias para justificar políticas afines al ideario más reaccionario de este gobierno” aunque esto “vulnere los derechos de la infancia”. Se trata, subrayan, de cumplir la ley ya que el TSXG “no cuestiona la existencia” de estos colegios, sino que “puedan acogerse al sistema de enseñanza sostenida con fondos públicos”.
La Xunta, censura el STEG, “incumple premeditadamente la sentencia y aprueba los conciertos con estos centros por un período de cuatro años, con una orden publicada en período vacacional para que la comunidad educativa no pueda reaccionar como se merece esta medida”. La decisión, concluyen, “evidencia la línea educativa de este Gobierno, que no tiene reparos en reducir cientos de puestos de trabajo, inversiones en recursos, libros de texto o hacer pagar para poder comer en los comedores escolares en la enseñanza pública con el argumento de la crisis, ni en dedicar 3 millones de euros de todas y todos, para subvencionar a una empresa educativa contraria al espíritu de la coeducación”.
