Le Senne, fascista; Prohens, responsable

Hace pocos días, uno de los lemas que se coreaba en las protestas frente a la sede parlamentaria balear era “Le Senne, fascista, Prohens, responsable”, a raíz del suceso acontecido en el Parlament hace unos días, cuando el ultraderechista Gabriel Le Senne arrancó y destrozó de un zarpazo una fotografía de víctimas del franquismo. Un hecho despreciable, pero que no debe desviar la atención de lo más importante: lo que se debatía era la propuesta de derogación de la Ley autonómica 2/2018 de Memoria y reconocimiento democráticos.

El Partido Popular balear, con Margalida Prohens a la cabeza, tiene la culpa de que el fascismo palpe el poder y la influencia en las instituciones de Balears. La inestabilidad de los populares, que no suman suficientes apoyos, provoca que necesiten los votos de estos energúmenos de rancio abolengo para sacar adelante sus presupuestos, y el pago que reclaman se efectúa en recortes de derechos, algo siempre presente en los primeros lugares de la lista de reclamaciones del facherío.

A nadie sorprende que la derogación de las leyes de memoria democrática sea uno de los objetivos primordiales de la extrema derecha. Son normas que no solo confieren derechos a quienes ellos consideran “los vencidos”, sino que además sedimentan el relato de una Guerra Civil entendida como confrontación entre fascismo y democracia, saliéndose de los cuentos de la “guerra entre hermanos” y de la ya muy manida concordia.

No resulta extraño tampoco que los principales detractores de la ley de memoria en Balears sean precisamente Le Senne, descendiente familiar de aquellos que pegaban tiros en la nuca a las víctimas de la foto profanada, y Sergio Rodríguez, otro parlamentario ultra que desciende de combatientes franquistas beneficiarios de las compensaciones y reparaciones que el dictador prodigó a sus afines.

El colectivo de víctimas del franquismo ha sido (y sigue siendo en muchos lugares) uno de los mas castigados de la historia reciente de nuestro país. No bastaron cuatro décadas de dictadura, con asesinatos, desapariciones y estigmas, con silencio impuesto y terror. La modélica transición les ignoró, y el testigo de la reivindicación fue pasando de mano en mano, de generación en generación, hasta que al tambalearse el régimen del 78 vieron la oportunidad de volver a reclamar sus derechos: Verdad, Justicia, Reparación, Garantías de No Repetición. En Balears las nietas de los desaparecidos abrieron en 2014 la primera fosa frente a la indiferencia del PP de Bauzá. Después llegaron las leyes que les otorgaban derechos, los mismos derechos que desde la ONU nos abroncaban por ignorar.

Antes de la llegada de la ultraderecha al poder se sucedieron en las islas ocho años de avances sin precedentes en el ámbito de la memoria democrática. Las leyes aportaron el marco en el cual se ha llevado a cabo una actividad frenética, abriéndose todas las fosas de la represión en Balears, y recuperándose más de trescientas personas asesinadas y desaparecidas.

Se sucedieron los homenajes a las víctimas, la inclusión de la memoria en el ámbito educativo, los certificados de víctima del franquismo a los familiares, o la señalización de carreteras construidas con mano de obra forzada. Se recuperó a Aurora Picornell junto con su pluma estilográfica, y a sus compañeras las Roges del Molinar en 2021, y se las identificó en 2022, siendo homenajeadas en un funeral de estado multitudinario con la presencia de dos ministras. Ha sido un trabajo que ha merecido el reconocimiento específico de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la verdad, la justicia y la reparación.

Cualquier demócrata entiende que el objetivo principal que guía las políticas de memoria democrática es el de alcanzar una igualdad entre todas las víctimas. Tenemos a las que fueron recuperadas inmediatamente, las que tuvieron calles dedicadas y monumentos, las que tuvieron compensaciones y honores, las que tienen tumba. Y luego tenemos a las que no han sido reparadas, las que no han tenido plazas con su nombre en ochenta años, las que siguen en las fosas. Las leyes de memoria buscan acabar con esta injusticia. Y por eso molestan tanto a la ultraderecha, porque frente a su relato de vencidos y de vencedores amparados por el derecho de conquista, oponemos el de los Derechos Humanos.

La responsabilidad de que los nostálgicos del yugo y las flechas estén en disposición de dictar normativa y de cercenar derechos es de quien les ha abierto las puertas. Por mucho que Prohens trate de ponerse de perfil, la derogación de la ley de memoria democrática no saldrá adelante por arte de magia, saldrá adelante con todos y cada uno de los votos del Partido Popular. Han sido ellos los que, en Balears y en otros muchos lugares, han posibilitado que haya fascistas legislando, y son ellos quienes aprueban sus recortes de derechos. Y eso no se les va a perdonar. Ya pasó el tiempo del silencio y del miedo. Recortar derechos no les va a resultar fácil, porque se va a pelear en cada paso, en los parlamentos, en las calles, en el Tribunal Constitucional, o en Europa. A estos fascistas, dijo alguien, se les para con más derechos.