El PP esgrime un supuesto “peligro para la integridad física” para exigir el desalojo de la acampada por la vivienda en Palma
LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada por la vivienda que continúa instalada en la plaça d'Espanya, después de que, según el Consistorio, haya vencido el plazo de ocupación del espacio público comunicado por los organizadores. El Consistorio pide al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que actúe para “restablecer la normalidad” y reclama a los participantes que abandonen la plaza, retiren las tiendas, el mobiliario y el resto de elementos instalados y dejen el espacio “en perfecto estado”.
La petición se produce mientras la acampada mantiene su actividad después de varios días de protesta contra la situación de la vivienda. Los participantes instalaron las primeras tiendas en la plaza tras la concentración llevada a cabo el pasado lunes en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, la protesta se ha convertido en un punto de encuentro y organización de nuevas movilizaciones y los acampados han decidido prolongarla.
El Ayuntamiento asevera en un comunicado que la Plaça d'Espanya es utilizada diariamente por unas 50.000 personas y argumenta que la instalación de las tiendas dificulta las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento municipal así como el uso normal del espacio por parte de los ciudadanos. Cort también denuncia que se han colocado banderas y otros elementos en la estatua del Rei en Jaume y advierte del riesgo que, a su juicio, supone tener que escalar hasta la base del monumento para instalarlos, tanto para la integridad física de quienes lo hacen como para la conservación de la propia estatua.
El Consistorio asegura que respeta el derecho de manifestación y concentración, pero sostiene que su ejercicio “no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente”. Por ello, reclama a la Delegación del Gobierno que intervenga “sin más demora” para garantizar el uso del espacio público y el cumplimiento de las normas.
La protesta no se ha limitado a ocupar la plaza. Durante estos días, los participantes han organizado asambleas y turnos para garantizar la continuidad de la acampada y han planteado nuevas movilizaciones. En la asamblea celebrada el martes participaron alrededor de 150 personas y los organizadores acordaron mantener el campamento durante al menos 20 días más “con o sin permiso”, según explicó a Europa Press uno de los participantes, Albert. Los acampados reclaman que las medidas del Gobierno central incorporen “especificidades para Balears” ante la emergencia habitacional que atraviesan las islas.
La movilización coincide con un mercado residencial que mantiene una fuerte presión sobre los hogares de Palma. El precio anunciado de los alquileres alcanzó en septiembre los 19,6 euros por metro cuadrado en la capital balear, según los datos de idealista, un 7,3% más que un año antes. Es además el máximo histórico de la serie de este portal. En el conjunto de Balears, el precio se situó en 20,2 euros por metro cuadrado.
Eso significa que un piso de 70 metros cuadrados anunciado en el mercado de Palma equivaldría, tomando como referencia ese precio medio, a unos 1.372 euros mensuales, antes de suministros y otros gastos. La presión tampoco se limita al alquiler. El precio de venta de la vivienda en Palma se situó en agosto en 5.522 euros por metro cuadrado, un 4,9% más que un año antes, según idealista.
La evolución del alquiler muestra además cómo se ha ampliado la distancia respecto a años anteriores. En septiembre de 2023, el precio medio anunciado en Palma era de 15,3 euros por metro cuadrado; tres años después, se encuentra en 19,6 euros, lo que supone una diferencia de 4,3 euros por metro cuadrado.
La situación ha situado la regulación del mercado del alquiler en el centro de las reivindicaciones de las organizaciones de vivienda. Entre las demandas de los colectivos que participan en la protesta está la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado, que permitiría aplicar las medidas previstas por la Ley estatal de Vivienda en los ámbitos que fueran declarados. La relación oficial publicada por el Ministerio de Vivienda con las zonas tensionadas declaradas durante el segundo trimestre de 2026 no incluye municipios de Balears.
Los acampados también reclaman una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, contratos estables y regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, además de medidas frente a la compra de viviendas por grandes inversores.
La disputa de la plaza de España abre así un nuevo frente alrededor de la crisis de vivienda en Palma. Por un lado, Cort centra su reclamación en el uso del espacio público, la seguridad, la salubridad y el mantenimiento de una de las principales plazas de la ciudad. Por otro, los participantes en la acampada defienden que la ocupación es una forma de protesta ante una emergencia residencial que, sostienen, no está siendo resuelta.
Mientras el Ayuntamiento reclama a la Delegación del Gobierno que actúe para desalojar la concentración, las tiendas continúan instaladas en la plaza y los organizadores preparan nuevas acciones. La protesta mantiene así abierta una doble disputa: la relativa al uso de un espacio público y la que ha llevado a los manifestantes a instalarse en él, el acceso a una vivienda que en Palma tiene cada vez un precio más difícil de asumir para buena parte de la población.