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El PP vuelve a salvar a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear imputado por un delito de odio tras haber roto en el hemiciclo varias fotografías de víctimas del franquismo. Los conservadores mantienen al alto cargo de Vox, que ocupa la presidencia de la Cámara autonómica gacias a un pacto entre ambas formaciones políticas. Ha sido Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario del PP, quien ha anunciado el voto en contra de su partido en la Comisión del Estatuto de los Diputados que tenía que decidir si elevaba al pleno la suspensión de Le Senne.
El polémico dirigente ultra está siendo investigado por la Justicia por hacer trozos unas imágenes de las Rojas del Molinar, unas víctimas del franquismo especialmente relevantes en Mallorca, sobre todo una de ellas, Aurora Picornell, conocida como la 'Pasionaria' de la isla. Las fotografías estaban en la parte trasera de los ordenadores de dos diputadas socialistas, Mercedes Garrido y Pilar Costa, a quien Le Senne expulsó del pleno, un acto que podría haber vulnerado los derechos de ambas y que está estudiando el Tribunal Constitucional, de forma separada a su imputación por delito de odio en el juzgado Nº1 de Palma.
Tras el salvavidas de este jueves, es la segunda vez que el PP echa un cable al polémico Le Senne, ya que los conservadores se abstuvieron el año pasado en el debate de remoción de la segunda autoridad de las Islas. Sagreras ha justificado el voto en contra de su partido en la Comisión del Estatuto de los Diputados por la necesidad de no “trivializar” con la suspensión de un parlamentario, que alteraría la representatividad de la Cámara, y por la falta de “legitimidad” del PSOE para reclamar la salida de Le Senne, según su interpretación.
“La suspensión de un diputado significa alterar el significado de lo que es un diputado y la alteración de la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas y que en lugar de 59 diputados hubiera 58”, ha defendido. A juicio del 'popular', supondría, igualmente, crear un precedente “muy peligroso” porque significaría que una mayoría de diputados podría suspender derechos y deberes de un parlamentario en minoría.
Respecto a la legitimidad del PSOE, Sagreras ha insistido en los argumentos esgrimidos este miércoles. “El PSOE pide para sus adversarios lo contrario de lo que se aplican a sí mismos”, ha indicado en referencia a la imputación del fiscal general del Estado o al hecho de, en Extremadura, su líder se beneficiara de un aforamiento 'exprés' tras ser perseguido por la Justicia. El 'popular' se ha referido, además, a lo que ha considerado “discrepancias” en el proceso judicial que afecta a Le Senne, ya que el fiscal ha pedido el archivo.
Vox, agredecido; la izquierda, molesta
Vox ha agradecido al PP que salve a Le Senne. Lo ha hecho a través de su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, quien ha celebrado que los conservadores “estén aprendiendo de Vox a dar la batalla cultural y que ya no tengan tanto miedo a la izquierda”. Cañadas ha celebrado que se haya puesto fin a la “comedia y el show mediático” y ha desligado la cuestión del presidente de la Cámara del acuerdo con el PP para aprobar los presupuestos autonómicos. “El PP es un partido constitucionalista que cree en la presunción de inocencia”, ha apuntado.
Por parte del PSIB-PSOE, el diputado Carles Bona ha acusado al PP de “proteger a la extrema derecha” y “mirar hacia otro lado”. “El Parlament no puede ser cómplice del odio del que tendrá que responder Le Senne ni del odio que impregna los acuerdos entre PP y Vox”, ha afirmado, asegurando que la presidencia del Parlament “no puede sostenerse sobre una indignidad”.
El socialista ha asegurado que el debate va más allá de la ideología para situarse en el terreno de los principios democráticos básicos. “Va de respeto, va de convivencia y va de dignidad institucional. Lo que está en juego no es únicamente una silla, sino el prestigio de una institución”, ha apuntado.
Carles Bona también ha trasladado la responsabilidad a la presidenta del Govern, Marga Prohens. “También es diputada y por lo tanto su voto también está presente hoy en la decisión que ha tomado el PP”, ha anotado.
El diputado del PSIB ha justificado el impulso a la suspensión argumentando que es una medida perfectamente legal, contemplada en el reglamento, cautelar, reversible, y que tiene precedentes. “Suspender no es avanzar ninguna condena sino que es proteger la institución”, ha reiterado.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha argumentado que, al margen de la apertura del juicio oral por la presunta comisión de un delito de odio, Le Senne no puede seguir al frente de la Cámara autonómica “por el simple hecho de la violencia, en lugar de las prerrogativas que le da el reglamento”, en relación a la rotura de las fotos de las Roges del Molinar. El ecosoberanista ha criticado que el PP “haya preferido su silla en el Consolat de Mar, aprobar los presupuestos, aprobar el decreto de los pelotazos urbanísticos que la honorabilidad de la Cámara”.
Rosa ha añadido que la intención de apartar a Le Senne no nace de una particular “animadversión”, más allá de las diferencias ideológicas, sino del “necesario respeto a la honorabilidad del Parlament, la institución que representa a todos los ciudadanos”. “Si nosotros no utilizamos la palabra para gestionar los conflictos, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que no emplee la violencia?”, se ha preguntado. Para el diputado de MÉS, lo sucedido en la Comisión “es aceptar la violencia” y supone “una degradación de las instituciones”.
La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha advertido que Le Senne no es un diputado raso y que en el momento que se siente en el banquillo de los acusados como presidente del Parlament también la estará representando a ella y al resto de parlamentarios. Gómez también ha cargado contra el PP, a quien ha acusado de pensar sólo “en el trono de Prohens”.
Para la diputada de la formación morada, la cuestión va más allá del delito de odio, al entender que Le Senne, desde el momento que “empleó la violencia y la fuerza, quedó incapacitado para seguir como segunda autoridad de Balears”. Gómez ha acusado a PP y Vox de mantener una relación tóxica para mantener a Prohens en el Consolat y a Le Senne en el Parlament “a base de chantajes y amenazas”.
Los grupos de izquierdas han adelantado que volverán a impulsar el mecanismo de la remoción.
Le Senne se niega a dimitir y Prohens le protege
Prohens (PP), presidenta del archipiélago gracias a un acuerdo con Vox, el mismo que aupó a Le Senne como presidente de la Cámara autonómica, no ha pedido directamente la dimisión del ultraderechista. Como mucho, ha dado “por hecho” que el presidente del Parlament dimitiría, pero fueron unas declaraciones del año pasado, en el contexto de la ruptura de los pactos entre PP y Vox por decisión de Santiago Abascal. “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señalaba entonces la líder autonómica.
El PP necesita a Vox para seguir en el poder y echar a Le Senne de su asiento haría cuesta arriba una legislatura que ya es complicada per se porque prácticamente cada negociación entre ambos partidos se convierte en una lucha y, sobre todo, porque a Prohens le cuesta aprobar los presupuestos autonómicos sin someterse a las exigencias de los ultras, enfocadas especialmente en la cultura y la lengua catalanas. El año pasado no cedió a los chantajes de Vox y se quedó sin cuentas, que actualmente están prorrogadas, pero las negociaciones entre las dos formaciones aparentemente están encauzadas y se espera que sean aprobadas durante el verano.
Le Senne, por su parte, se niega a abandonar el cargo y preside los plenos con total normalidad. Él dice que está “tranquilo”, “centrado” en sus “responsabilidades” y “amparado por el derecho de la presunción de inocencia”. Además, se muestra “convencido” de que actuó “en el ejercicio de sus funciones, sin otra intención que la de aplicar el Reglamento, respondiendo a quejas de grupos que representan la mayoría de la Cámara y tras recabar asesoramiento legal”. Estos argumentos no han servido a la Justicia, que le sentará en el banquillo de los acusados por un delito de odio. La Audiencia Provincial de Balears rechazó a principios de junio el recurso que interpuso en enero el dirigente para solicitar su exoneración, lo que automáticamente lo envía a juicio bajo una petición de entre un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel y hasta 11 años de inhabilitación. El propio Le Senne y la Fiscalía reclaman su absolución.
Cabe señalar, además, que Le Senne es el segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo después de que Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de la historia de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban 14 años y medio de cárcel. Sin embargo, a diferencia del parlamentario de Vox, Munar anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política antes de llegar a juicio, al igual que Pere Rotger (PP), quien dejó su cargo tras ser imputado en la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing. Rotger no llegó a sentarse en el banquillo dado que el juez archivó finalmente su encausamiento.