El exfutbolista Borriello quiere legalizar las obras de su mansión después de haber sido acusado de un delito en Ibiza

La mansión del exfutbolista Marco Borriello, ubicada en es Cubells (Sant Josep, Eivissa), es una de las que está en el punto de mira de las autoridades insulares y judiciales. El Consell Insular detectó hasta 19 construcciones que se realizaron irregularmente, motivo por el que abrió dos expedientes el 23 de febrero de 2023: el primero, con la finalidad de sancionar las infracciones urbanísticas; el segundo, con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística. Además, el Consell Insular remitió la documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente de Palma, por considerar que podría haber un posible delito contra la ordenación del territorio.

El inicio del procedimiento de demolición y restablecimiento de la legalidad informaba de 19 construcciones que incluyen una reforma integral de la casa (ocupando una superficie de 360 metros cuadrados); dos anexos de 50 y 18 metros cuadrados, respectivamente; cinco pérgolas (dos con 38 metros cuadrados y las tres restantes con 45, 20 y 75 metros cuadrados); cuatro porches (5, 6, 40 y 16 metros cuadrados); una piscina de 60 metros cuadrados; escalera de acceso a la costa de una longitud de 100 metros; una plataforma de 60 metros cuadrados; una planta de 8 metros cuadrados; la demolición de un muro de bloque de hormigón de contención de tierras y la reforma parcial de la vivienda en ejecución, en la zona de la habitación principal y el salón. Asimismo, la conselleria insular de Gestión del Territorio informaba de que las actuaciones ejecutadas para cada uno de los responsables de las obras ilegales estaban valoradas en una sanción de 1,2 millones de euros para el propietario y promotor de las obras y en poco más de un millón de euros para el constructor.

Marco Borriello, que está citado a declarar el 25 de enero en el Juzgado de Instrucción número de 3 Eivissa, considera que la causa penal no tiene recorrido, y que el caso debería quedar archivado. Según explica su representante legal, existe una licencia de principios de los años 80 aunque la casa fue construida en 1984. Con el paso de los años, la legislación fue modificada: el Govern conservador de Gabriel Cañellas (primero AP y después PP) aprobó la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears.

Así, la villa de Borriello, en estos momentos, se encuentra dentro de una zona catalogada como Área Natural de Especial Interés (ANEI). “Como la casa es anterior a 1991 está en situación de fuera de ordenación”, explica a elDiario.es Víctor Soriano, letrado de Borriello. “La administración no puede derribar la casa, pero tampoco está en una situación legal”, afirma Soriano y añade que es un hecho que ocurre en “prácticamente toda la costa de las Islas Baleares por la modificación legal que hubo en 1991, que deja como protegidos toda una serie de ámbitos denominados ANEI”.

Una villa fuera de ordenación

Después de comprar la villa en 2011, Borriello realizó, según afirma su abogado, reformas interiores menores que no afectaron a la volumetría de la casa. El problema es que, según la versión de Soriano, estas obras fueron encargadas a un constructor de la isla, que pidió la licencia de las obras del interior de la casa, pero no pagó las tasas. A efectos prácticos, supone lo mismo que no haber pedido la licencia. “El constructor ha asumido su responsabilidad y ha aceptado pagar la multa”, asegura el letrado.

Según Soriano, el Consell Insular reconoce que, con carácter previo a 1991, existía una casa con la extensión de la actual: una vivienda de 360 metros cuadrados con un anexo de 40 metros cuadrados. Se reformaron los baños, la cocina y el pavimento, entre otras cuestiones. El letrado reconoce que en el exterior de la mansión se añadieron unas pérgolas de madera sin licencia, aunque matiza que, probablemente, se haya tratado de un error. “Marco lo encargó a un constructor de la isla, que hace las actuaciones como considera, y lo hace sin licencia”, afirma. Hay que tener en cuenta, señala Soriano, que Borriello no habla castellano, con lo cual necesita de la actuación de terceras personas.

Borriello quiere derribar las pérgolas desde que se enteró del inicio del procedimiento. Para ello, ha solicitado una licencia de demolición al Ajuntament de Sant Josep que se está tramitando, según detalla el abogado y ha adelantado El Español. “Un prestigioso arquitecto de la isla presentó un proyecto de demolición con los correspondientes informes”, asevera Soriano. Si no se han demolido las pérgolas es, según su versión, porque necesitan la licencia de derribo del Consistorio. Otra opción es que el Consell Insular emita una orden de derribo, algo que, aclara el letrado, tampoco ha ocurrido. “Hemos pagado las tasas [de la licencia de derribo] en noviembre, pero estamos a la espera”, manifiesta. Por otro lado, según la versión del abogado, Borriello ha presentado “un proyecto de legalización de la rehabilitación interior de la casa”, ya que aunque se pidió una licencia para ejecutar las reformas, no se habían pagado las tasas. En la práctica, el efecto es el mismo que no haberla pedido.

Proyecto de legalización y demolición de lo ilegal

“Estamos a la espera de que el Ayuntamiento tramite [el proyecto de legalización] y nos dé respuesta. Entonces, se pagarán las tasas e impuestos correspondientes y así debería quedar legalizado el interior de la casa”, detalla Soriano, que considera que el expediente sancionador -que está paralizado hasta que haya una resolución del juzgado- ha sido incoado por el Consell Insular “por unos importes absolutamente clamorosos, fuera de todo sentido común, como es una multa de 1,2 millones de euros por unas obras consistentes en unas pérgolas de madera de tan escaso valor”.

En conversaciones con este diario, el letrado de Borriello ha avanzado que presentarán un documento, el día del juicio, en el que se explicará que el exfutbolista ha presentado un proyecto de legalización de su mansión de es Cubells, así como la demolición de las obras que no son legalizables. “Aquí no hay ni una mínima posibilidad de que haya un delito contra la ordenación del territorio”, valora Soriano. Esto es así porque, según asegura, no se ha aumentado la superficie de la casa sino que se han realizado exclusivamente reformas, aunque sin haber pagado las tasas de la licencia que se pidió. “La casa se va a legalizar y Marco va a pagar todo lo que se le pida. No tiene ningún inconveniente en pagar hasta el último céntimo”, insiste Soriano.

En cuanto a la construcción de la escalera de acceso a la costa de una longitud de 100 metros, Soriano defiende que está “en trámites de legalización porque se pidió una autorización a la Demarcación de Costas del Estado”. Un procedimiento que todavía no ha sido resuelto, afirma el abogado, porque la Administración tiene sus tiempos. “No nos han permitido retirarla porque esta escalera se utilizó para evacuar a los residentes de la urbanización en un episodio de lluvias torrenciales que se llevó la carretera de por medio”, aclara Soriano.

Según su versión, a esta zona residencial solo se puede acceder por una carretera por la que hubo problemas de circulación durante un día de lluvias importantes. “Lo que se hizo fue utilizar esa escalera y evacuar [a la gente] a través del mar con una embarcación. Por ese motivo, cuando se le expone [el problema] a la Demarcación de Costas, nos dicen que por razones de seguridad, hasta que se decida si la escalera se va a legalizar o no, hay que dejarla ahí”, remarca Soriano. “Nadie ha incoado ningún procedimiento para sancionar a Marco, ni para ordenar su derribo. La escalera está en dominio público marítimo terrestre, por tanto, es una competencia estatal”, indica el letrado.

Respecto a la piscina de 60 metros cuadrados, el representante legal de Borriello sostiene que cuando se hizo la rehabilitación de la vivienda con posterioridad a la compra de 2011, se reformó la piscina porque “filtraba agua”. Además, se cambió el tipo de escalera para bajar a la piscina. El problema es que, igual que en el caso del interior de la vivienda, no se pagaron las tasas después de haber pedido la licencia, por lo que se realizó ilegalmente. Sin embargo, apunta el letrado, “la piscina se redujo al cambiar el pavimento”. Además, la piscina consta tanto en el Registro de la Propiedad, como en el proyecto inicial que obtuvo la licencia para construir la casa, y ya existía a principios de los años 90, según el visor histórico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), indica Soriano.

En cuanto a los cuatro porches, serán derribados porque no son legalizables. Respecto a la plataforma de madera de 60 metros cuadrados, es transportable, y ahora mismo no está puesta, según el letrado. Finalmente, en cuanto a la demolición de un muro de bloque de hormigón que se ha producido, según el procedimiento iniciado por el Consell Insular, el abogado de Borriello cree que se trata de una “confusión” porque “no se ha hecho ninguna demolición”. “Lo que se ha hecho son obras de jardinería y en la foto de Google Maps se ve perfectamente”, defiende Soriano. No obstante, aclara que si el Consell Insular indica al propietario cuál es el muro de bloque de hormigón que se ha derribado, y que dicha demolición incumple la ley, Borriello lo reconstruirá.

La versión del Consell Insular

Las actuaciones que ahora están bajo la lupa de la Justicia fueron remitidas a la Fiscalía por si pudieran ser “constitutivas de un delito”. Mariano Juan (PP), conseller insular de Gestión del Territorio, remarcó que la sanción también iba dirigida a los constructores “porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos (...) ha pedido la preceptiva licencia”. Fuentes del Consell Insular explicaron a elDiario.es que, en estos momentos, el expediente sancionador está paralizado porque hay un procedimiento penal abierto.

Asimismo, en cuanto al trámite para restablecer la legalidad urbanística, indicaron que Borriello ha presentado un proyecto de restablecimiento y legalización. “Hay una parte que la propiedad alega que podría entrar en un proceso de legalización y otra parte que no”. Estas fuentes señalaron que una vez presentado el proyecto hay que estudiar “si cumple con las prescripciones solicitadas por el instructor del expediente”.