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Un grupo de 'influencers' alojadas en una mansión ilegal promocionan en Ibiza un verano de yates y lujo

CasaInfluencers

Nicolás Ribas / Marcelo Sastre

Eivissa —

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Francisca Sánchez Ordóñez, una polémica empresaria conocida por sus problemas con la legalidad urbanística –también se hace llamar Paquita Marsan, una suma del primer apellido de su antiguo marido y del suyo–, ha vuelto a copar los titulares de la prensa local de Eivissa. La última semana de mayo, un grupo de ‘influencers’ –Melyssa Pinto, Marta Riumbau, Ángela Rozas, más conocida como ‘Madame’ y Anita Matamoros– que venden estilos de vida inasumibles para la mayor parte de la población se alojaron en la villa ilegal Casa Paola, según se puede comprobar a través de las imágenes y vídeos que publicaron durante su estancia en la isla. Esta mansión, sin embargo, cuenta con una orden de derribo municipal. La villa de Marsan, además, no dispone de la correspondiente licencia que permita el alquiler turístico, según el Consell Insular.

Algunas de las ‘influencers’ aparecen en imágenes publicadas en Instagram en la villa, aunque sin nombrarla, en las que promocionan a una empresa de yates, así como a la empresa de Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, la ‘influencer’ a través de la cual habrían llegado a la isla. Cuando saltó la polémica, Susana Bicho negó que las ‘influencers’ se hubieran alojado en la villa Casa Paola. Sin embargo, no ha respondido a la pregunta de elDiario.es sobre cuál sería entonces la villa en la que habrían pernoctado. Este diario ha preguntado al Consell Insular, que tiene las competencias en materia de inspección y sanción, si ha realizado alguna inspección en la villa. Fuentes de la institución insular aseguran que las ‘influencers’ no han promocionado la villa (es decir, que no se han referido a ella como Casa Paola). “Estaremos vigilantes a la web y en cuanto se hiciera actuaremos, pero de momento no se ha detectado nada”, atestiguan.

Precisamente, el pasado 14 de mayo, policías locales, técnicos municipales de Urbanismo y la empresa adjudicataria acudieron a la mansión para realizar los trabajos de demolición. Sin embargo, la propiedad no permitió el acceso, según informan fuentes del Ajuntament de Sant Josep a elDiario.es. Los agentes se entrevistaron con una representante legal de la propiedad del inmueble que, ante notario, denegó el permiso de acceso a Casa Paola. El acta ha sido tramitada al juzgado contencioso administrativo correspondiente para solicitar la entrada en la mansión y ejecutar la orden de derribo, afirma el Ajuntament. Esta versión no ha podido ser contrastada con la propietaria porque no ha respondido a las preguntas de este diario.

El Ajuntament ya informó el 9 de septiembre de 2022 a Inversiones Hoteleras Faro SL, propietaria de Casa Paola, que tenía tres semanas –desde el momento en que se registrara la notificación– para restablecer la legalidad urbanística en la finca. La razón es que, según el Gobierno local, hay construcciones que se erigieron sin licencia urbanística y que son ilegalizables por encontrarse en suelo protegido. Una vez transcurrido el plazo, si la propiedad no hubiera actuado por cuenta propia, el Ajuntament pediría autorización judicial para entrar en la villa y realizar los trabajos subsidiariamente. La tramitación se volvió a ralentizar después de que la empresa presentara el 3 de octubre de 2022 alegaciones contra el proceso iniciado por el Gobierno local, según informaron fuentes municipales a este diario.

Las obras ilegales

Las construcciones ilegales de esta villa, según el expediente de disciplina urbanística incoado el año 2016, hacen referencia a un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de otros 150 metros cuadrados. En total, se trataría de casi 500 metros cuadrados a los que hay que sumar la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales en un área de 120x75x60 metros con una altura de un metro.

El Ajuntament acusa a la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL de una “infracción urbanística muy grave” porque, después de las visitas de los celadores, se comprobó que la propiedad incumplió las órdenes de paralización de obras ilegales emitidas por el Consistorio. Por estos hechos, se le abrió un expediente sancionador. Los trabajos de demolición podrían costar unos 105.546 euros que serán sufragados, provisionalmente, por las arcas municipales. Es decir, que si el juez autoriza al Ajuntament la entrada en la villa, se pagará con dinero público el trabajo de demolición para posteriormente enviar la factura a la propiedad. Esta sanción es independiente a las que se puedan llevar a cabo como consecuencia de los expedientes sancionadores iniciados.

En diciembre de 2020, el Ajuntament ya informó de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 1 de Palma que imponía una multa de 341.305 euros a Casa Paola por obras ilegales. La empresa también fue condenada a pagar las costas del procedimiento, lo que supuso 1.000 euros más. Por otro lado, el Consell Insular informa a este diario que la empresa fue sancionada con 30.000 euros en 2021 (20.000 euros corresponden a la comercialización ilegal y otros 10.000 euros por ofrecer servicios propios de un alojamiento reglado).

Las autoridades ya derribaron Casa Lola

Casa Paola no es la única casa de lujo de Francisca Sánchez Ordóñez que cuenta con una orden de demolición. Casa Lola, propiedad de la misma empresa, era otro complejo turístico que fue derribado por el Ajuntament de Sant Josep el 13 de septiembre de 2022. La primera orden de derribo, sin embargo, fue dictada en 2011. Es decir, que las autoridades locales hicieron efectiva la legalidad once años después.

Por otro lado, el pasado mes de mayo, Sánchez Ordóñez fue condenada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa a una sanción superior a los 20.000 euros, así como a una inhabilitación de tres meses para el ejercicio de promotora urbanística por las obras ilegales de Casa Lola, según informó Diario de Ibiza. El diario local destacó que el procedimiento judicial finalizó después de que la empresaria llegara a un acuerdo con el Ejecutivo local, ahora en manos del PP. Zaforteza Abogados, el despacho con sede en Palma, explicó, en representación del Ajuntament, que la empresaria fue condenada por dos delitos: uno contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia.

Antes de su demolición, Casa Lola era un macrocomplejo de casi 2.500 metros cuadrados, más de 500 metros cuadrados de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de más de 300 metros cuadrados y otros 6.000 metros cuadrados que incluyen terrazas, pavimento exterior y caminos. Fue construido sin contar con la licencia de obra ni otros permisos necesarios, según dictaminaron el Ajuntament de Sant Josep y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). En el interior solo ha quedado parte de la construcción original, de menos de 200 metros cuadrados, según informó el Consistorio.

La casera de los famosos

Sánchez Ordóñez, empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su ciudad natal, Málaga, ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según el Consell d'Eivissa– sus villas a gente famosa y adinerada. Amiga, según ella, de José María Aznar y Felipe González, con vínculos con el PP nacional (según apunta Joan Lluís Ferrer, el periodista que destapó la existencia de Casa Lola), también posee negocios en la Península, especialmente en Málaga y Madrid.

En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza y Formentera, Sánchez Ordóñez afirmó que se hizo amiga de José María Aznar y Felipe González “como de todos los políticos” que le “gustan”. “Felipe González me ha encantado y Aznar me encanta, siempre le he adorado”, añadió. Sobre Aznar, declaró que había estado dos veranos en la villa de lujo Casa Rocío, una villa que también cuenta con una orden de demolición. En la entrevista, la empresaria explicó que empezó a trabajar con solo 14 años vendiendo cosméticos y que pasó de ser comisionista a ser agente inmobiliario –“Me empecé a hacer famosa, ¡hasta me dieron una medalla por vender 100 pisos en un mes!”, dijo al periódico–, afirma también ser amiga de otras celebridades.

elDiario.es se ha puesto en contacto con las ‘influencers’ (Melyssa Pinto, Marta Riumbau, Ángela Rozas, más conocida como ‘Madame’ y Anita Matamoros) para preguntarles sobre la información publicada: si saben que se han alojado en una villa que tiene una orden de derribo municipal y que no dispone de licencia de alquiler turístico, sin que ninguna de ellas haya respondido a este diario. Tampoco ha respondido a las preguntas de esta redacción Susana Bicho, la empresaria a través de la cual llegaron a la isla. Este diario también se ha puesto en contacto con la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL, propietaria de Casa Paola, que no ha respondido a las preguntas de este diario.

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