Ordenan la demolición de parte de la villa de lujo que levantó la 'casera de los famosos' en Ibiza

El Consell d’Eivissa ha ordenado la demolición de una casa de 235 metros cuadrados de superficie y un anexo construidos ilegalmente en la villa de lujo ‘Casa Rocío’, ubicada en una zona protegida del municipio de Sant Josep, según han informado fuentes de la institución. Esta villa de lujo pertenece a Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Rocío Martín Sánchez figura como administradora única y apoderada, mientras que Francisca Sánchez Ordóñez es apoderada (fue administradora única hasta el 10 de noviembre de 2015).

Francisca Sánchez Ordóñez, quien también se hace llamar Paquita Marsan -una suma del primer apellido de su antiguo marido y del suyo–, es una persona ampliamente conocida en la isla por sus contratiempos con la legalidad urbanística. El 13 septiembre de 2022 el Ajuntament de Sant Josep consiguió finalizar los trabajos de demolición de otra de sus mansiones de lujo, Casa Lola, cuya primera orden de derribo fue dictada en 2011 por el entonces alcalde de Sant Josep -ahora conseller de Vivienda y Movilidad del Govern balear-, Josep Marí Ribas.

Los famosos que se alojan en sus villas

Paquita Marsan es conocida en Eivissa -y en las páginas de la prensa rosa- por ser la “casera de los famosos”. Además de ser una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha conseguido hacerse famosa en la isla por sus actividades relacionadas con el sector inmobiliario y turístico. Ha alcanzado un patrimonio económico elevado alquilando sus villas a gente famosa y adinerada -en algunos casos irregularmente, según el Consell d'Eivissa-.

En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza y Formentera, Paquita Marsan afirmó que se hizo amiga de José María Aznar y Felipe González “como de todos los políticos” que le “gustan”. “Felipe González me ha encantado y Aznar me encanta, siempre le he adorado”, añadió. Sobre Aznar, declaró que había estado dos veranos en la villa de lujo Casa Rocío.

La empresaria, que explica que empezó a trabajar con solo 14 años vendiendo cosméticos y que pasó de ser comisionista a ser agente inmobiliario -“Me empecé a hacer famosa, ¡hasta me dieron una medalla por vender 100 pisos en un mes!”, dijo al periódico-, afirma también ser amiga de otras celebridades como el fallecido Jesús Quintero.

Pasó por la cárcel por fraude

En esa entrevista habló también de su paso por la cárcel, de donde dice que aprendió “lo canalla que es el ser humano”. “Limpiaba las paredes con Chanel”, llegó a comentar. “Te acusan de lo que no es y pagas facturas que no son tuyas”, añadió. Concretamente, fue condenada por fraude fiscal en Málaga, valorado en 867.469 euros y detenida en agosto de 2013 por agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional en la discoteca Pachá. Obtuvo el tercer grado en junio de 2014.

“Las cosas legales son las que me gustan, pero la administración a veces no te deja (...). ¿Cuántas cosas hay en Eivissa ilegales? A mí me han tomado de cabeza de turco. No quiero saltarme ninguna ley, vine como novata, no tuve maldad, seguí y seguí… No soy una mafiosa, ni he robado un duro”, afirmó al Periódico de Ibiza y Formentera.

Extorsión a inquilinos

Paquita Marsan también se vio envuelta este mes de agosto en un altercado protagonizado en una de sus viviendas. La Guardia Civil detuvo el 18 de agosto a cuatro personas acusadas de un delito de extorsión, según avanzó Radio Ibiza. Fueron detenidos tres hombres (dos de nacionalidad búlgara y un tercero de nacionalidad española) y la propia Sánchez Ordóñez. A la espera de su declaración judicial, fue puesta en libertad, mientras que los otros tres detenidos quedaron en libertad después de declarar ante el juez.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 15 de agosto, en el camino de Porroig (en Eivissa), cuando los tres detenidos, junto a la propietaria, se presentaron en una vivienda que estaba alquilada. Dos de ellos accedieron al interior tras forzar la entrada y amenazaron a los clientes para que abandonaran la casa, según la versión de los agentes. Sin embargo, los clientes se escondieron en una de las habitaciones y llamaron a la Guardia Civil, que detuvo a los implicados tres días después, ya que cuando una patrulla del Instituto Armado se presentó al lugar de los hechos, estos ya habían desaparecido.

Demolición de villas

Después de la demolición del complejo turístico Casa Lola -esta mansión era usada como alquiler turístico ilegal, según el Consell d’Eivissa-, las instituciones ibicencas tienen en el punto de mira, como mínimo, dos villas más, vinculadas a Sánchez Ordóñez: Casa Paola (propiedad de Inversiones Hoteleras Faro SL) y Casa Rocío (propiedad de Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL). En el caso de la primera, su orden de demolición por parte del Ajuntament de Sant Josep está a la espera de que lo dictamine el juzgado, pues la propiedad ha presentado alegaciones contra el derribo.

En el caso de Casa Rocío, el departamento de Gestión del Territorio del Consell d’Eivissa que dirige el vicepresidente y conseller insular Mariano Juan detectó a finales del año 2021 que en esta mansión se estaban ejecutando obras que consistían en la construcción de una nueva casa sin disponer de la licencia urbanística correspondiente. Por estos hechos, la institución supramunicipal ordenó la paralización inmediata de las obras e incoó expediente de disciplina urbanística.

La promotora incumplió los requerimientos en diversas ocasiones, pese a las continuas inspecciones del SEPRONA de la Guardia Civil y del celador y arquitecto técnico del Consell d’Eivissa, que hicieron constar las presuntas irregularidades en diversos informes. Las multas coercitivas por dichas actuaciones ascienden a los 116.288,23 euros, que ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Eivissa por un posible delito contra la ordenación del territorio.

Una vez instruido y resuelto el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, la promotora ha presentado voluntariamente un proyecto de demolición ante el Consell Insular que ha sido informado favorablemente, aseguran fuentes de la institución supramunicipal. El Ajuntament de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado dispone de toda la documentación necesaria y, una vez finalizado el plazo, la empresa dispone de cuatro meses para ejecutar la demolición.