Madrid, cuatro de la tarde. Nos acercamos al mostrador del centro de salud. Ya es el segundo intento. Casi se nos ha olvidado aquello de ilegal, no deberías venir a nuestro país a aprovecharte de nuestro sistema. La carpeta bajo el brazo rebosa de fotocopias, sellos, pasaportes, justificantes, estampas que el camino hasta aquí nos ha obligado a ir coleccionando. Es nuestro turno.
Hola, me llamo Ángela, Juana, Mario, Paula, Eloisa, Adrián. Estoy embarazada, Tengo VIH, Mi bebé está muy flojito y vomita sin cesar, La médica me ha dicho que tengo que comenzar lo antes posible el tratamiento para el cáncer, Me estoy sintiendo mal. –Lo siento, sin empadronamiento no hay tarjeta. Lo siento, no le corresponde la cobertura de medicamentos. ¿Menos de 90 días en España? No, no, no. Son las órdenes. Claro que sí, pero antes debe firmar este compromiso de pago. – Pero mire tengo aquí el informe que me ha dado la trabajadora social que justifica mi derecho, Pero mire si tengo la tarjeta de solicitante de asilo, el justificante médico, Pero…pero.
Sentimos rabia y miedo, miedo por las amenazas de facturación, por si no atienden a mi madre que cada vez tiene las piernas más hinchaditas y no puede ya casi caminar, por si no vaya a ser que me entreguen a la policía, casi que mejor no vuelvo… ¿será que se me ha olvidado algún papel?
Volvemos a repasar una vez más el real decreto 7/2018, con el que el PSOE aclamaba hace escasamente más de un año la vuelta a la universalidad de la asistencia sanitaria. “El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona.” Sin embargo, toda persona es distinguida según su nacionalidad, según su estatus administrativo; lo primordial se convierte en secundario. Una redacción llena de asteriscos, de apartados, de excepciones, que alimentan las diversas formas de exclusión de esa toda persona. Porque aunque se reconoce el derecho a la asistencia a las personas residentes no regularizadas o a las personas en estancia temporal, éste está siendo vulnerado en nuestros centros de salud y hospitales, ya se trate de mujeres embarazadas, niños y niñas, personas con enfermedades graves o solicitantes de protección internacional.
La mayoría de comunidades autónomas han abandonado sus obligaciones al no redactar normativas claras y públicas, están arrojando sobre el personal administrativo responsabilidades de control que han contribuido a que los centros sanitarios dejen de ser espacios de cuidado. El Estado está incumpliendo los tratados y acuerdos internacionales que ha ratificado, como los Pactos Internacionales sobre los Derechos humanos y la Carta Social Europea, cada vez que deniega la asistencia a menores de edad que llevan menos de noventa días en territorio español. Ecos de racismo institucional, que nos alcanzan directamente a través de frases escupidas desde los altares administrativos y sanitarios, y de manera indirecta a través de la confusión, de la arbitrariedad, de las normas no escritas, del laberinto de documentos a veces imposibles de conseguir.
En el camino, y de manera consciente, el real decreto 7/2018 olvidó a los padres y madres que han obtenido la tarjeta de residencia por haber sido reagrupadas por sus hijas e hijos españoles, una exclusión inexplicablemente validada por el Tribunal Supremo a pesar de casi un centenar de sentencias que han afirmado que tenían pleno derecho a la asistencia sanitaria. Esto está suponiendo la denegación de la asistencia a un colectivo que además es especialmente vulnerable, ya que son personas mayores con dificultades incluso para acceder a seguros privados.
Ante esta situación, el Grupo de Afectadas por el INSS y Yo Sí Sanidad Universal estamos preparando recursos ante diferentes tribunales, explorando posibilidades de denuncia a las autoridades responsables de las vulneraciones de derechos que están cometiendo en toda la geografía sanitaria. Queremos llevar a juicio la exclusión sanitaria y acabar con ella, para lo que estamos recaudando apoyos a través de este crowdfunding.
No hay que echar la vista atrás muchos años para recordar lo que significaba la materialización de valores como inclusión y equidad con los que hemos construido nuestro sistema sanitario. Hasta el año 2012, la asistencia sanitaria en España se regulaba a través de legislaciones que progresivamente habían ido tendiendo hacia una universalización de la cobertura poblacional. La Salud como un Derecho y no como un bien de consumo. Con esto siempre en mente, el Grupo de Afectadas por el INSS, Yo Sí Sanidad Universal y tantos otros colectivos y profesionales desobedientes seguiremos organizándonos para recuperar la universalidad expropiada, al grito de #Lallamanuniversalynoloes.
YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL
Sobre este blog
Interferencia (Wikipedia): “fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud”.
Interferencias es un blog de Amador Fernández-Savater y Stéphane M. Grueso (@fanetin), donde también participan Felipe G. Gil, Silvia Nanclares, Guillermo Zapata y Mayo Fuster. Palabras e imágenes para contarnos de otra manera, porque somos lo que nos contamos que somos.
