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ENTREVISTA

Clara Álvarez, experta en seguridad: “Es probable que haya más violencia en Ecuador y manifestaciones más agresivas”

La investigadora y docente Clara Álvarez.

Francesca Cicardi

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Después de las escenas de violencia, pánico y caos que se vivieron el martes en Ecuador, donde fue declarado el estado de excepción, la profesora e investigadora ecuatoriana especialista en Seguridad Carla Álvarez señala que lo ocurrido “podía preverse y esperarse” porque el país está inmerso en “una espiral de violencia desde hace varios años” y, si no se toman decisiones que cambien las estructuras sociales e institucionales, “es probable que la escalada no se detenga y que vaya a haber nuevas manifestaciones, incluso más agresivas”, en opinión de la experta que analiza con elDiario.es las causas de la crisis y las posibles soluciones.

¿Los sucesos del martes son un punto de inflexión en la escalada del conflicto?

Lo que pasó el martes marca un hito en la historia de violencia en el país, primero porque es inédito y, segundo, porque las bandas criminales demostraron mucha fuerza. Estuvieron localizadas en muchas ciudades del país haciendo ataques coordinados, desde la frontera norte con Colombia hasta la frontera sur con Perú. Hubo muchos ataques con incendios de vehículos, asaltos, saqueos en centros comerciales, y el episodio del canal de televisión que fue tomado“ por un grupo de encapuchados.

Esto marca un antes y un después, porque la reacción del Gobierno ha sido “vamos a usar la mano dura, vamos a combatirlo”; y esta era la respuesta que necesitaba la ciudadanía. Pero no se están tomando decisiones que cambien la estructura social y que permitan erradicar la criminalidad: no están asignando mayor presupuesto a las fuerzas de seguridad, no se están equipando de mejor manera, no se está pensando en el conflicto de forma integral.

Si vamos a usar la mano, vamos a combatir a los criminales, algunos serán abatidos y otros serán encarcelados, pero ¿en qué cárceles van a estar? Si la infraestructura carcelaria está completamente derruida, si no hay clasificación de presos, no hay escáneres ni tecnología para controlar qué entra y qué sale, si la policía ha permitido que entren las drogas y las armas, eso ha desatado la violencia. Si eso no cambia, vamos a tener mucha gente que entre a la cárcel siendo víctima de condiciones de extorsión en las que para sobrevivir se van a ver obligados a formar parte de las bandas.

¿En qué situación se encuentran los ciudadanos y el Estado tras lo ocurrido?

Los ciudadanos y ciudadanas estamos viviendo unas condiciones de inseguridad que no sólo está relacionada con la criminalidad. Hay un nivel de violencia en la sociedad que está marcado por las muertes violentas, como los feminicidios, que han subido muchísimo; además tenemos secuestros, extorsiones, delitos comunes... Los homicidios sólo reflejan una parte de la situación de inseguridad. Tenemos una violencia social e interpersonal que dificulta la vida cotidiana y dificulta la reactivación económica (...) Además, tenemos una violencia concentrada en la región costera, que es de donde sale la droga hacia los distintos mercados de consumo.

La conducción del Estado la ha tomado un Gobierno nuevo, que asume funciones a principios de diciembre. El nuevo presidente llega con un discurso menos confrontativo (...) pero con un equipo bastante débil. El equipo de trabajo en el campo de la seguridad es el que fue nombrado más tarde, por tanto llegó tarde y empezó a tomar decisiones tarde, y los miembros del Gobierno no tenían experiencia en el sector público. El Gobierno no estaba lo suficientemente preparado.

Tenemos una débil institucionalidad con una criminalidad que está creciendo y está ganando poder, esta es una mezcla explosiva. En Ecuador convergen estas dos variables: se da el crecimiento de los indicadores de criminalidad en paralelo a la debilidad institucional. La institucionalidad de Ecuador es la que más se ha debilitado en toda la región latinoamericana.

¿Qué puede hacer el Gobierno de Noboa?

Ecuador necesita mano dura, el cumplimiento de la ley para que haya un control y un orden social. Las bandas criminales están pasando el límite de lo permitido, pero si las fuerzas del Estado están permeadas por estas mismas bandas, ¿es posible contener la violencia o reducir la criminalidad? No. La mano dura es un instrumento insuficiente para cambiar las condiciones de vida, entonces se empieza a ver una cierta deriva autoritaria.

Necesitamos depurar las fuerzas de seguridad para que no se filtren las decisiones que se toman, necesitamos un mando político que sepa dónde ir y hasta ahora el presidente [Daniel Noboa] no ha revelado su plan de Gobierno, necesitamos estudiar los indicadores sociales.

Sí, necesitamos a un [presidente como el salvadoreño] Bukele, pero Bukele se ha interesado por los indicadores de seguridad y violencia, pero también por los sociales. El Salvador lidera las estadísticas de encarcelamiento de América Latina, pero también ha trabajado sobre los indicadores sociales, sobre el sector económico, sobre la política exterior y sobre la política criminal clara. Tiene una visión un poco más integral del manejo de la sociedad.

Hay quien habla de una 'solución Bukele' para Ecuador, pese a las violaciones de derechos humanos.

En términos generales, necesitas mano dura para hacer cumplir la ley, pero sobre todo es necesaria la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. En Ecuador el desempleo y el subempleo son elevadísimos (...) también por eso los ecuatorianos son de los más numerosos que llegan a Estados Unidos. Tenemos tanta gente que muere, que sale del país, no tenemos atención sanitaria ni educación, es una catástrofe humanitaria.

Cuando quieres aplicar un plan Bukele en el que lo único que te importa es la mano dura, la posibilidad de violar derechos humanos es aún mayor, porque no tienes la vista puesta en la mejora de la calidad de vida, las condiciones sociales.

¿Se pueden dar en Ecuador las mismas violaciones de los derechos humanos que en El Salvador?

Ahora tenemos una declaración de “conflicto armado interno” [que hizo el presidente Noboa el martes] y esto es muy grave. ¿Pero quiénes son los grupos beligerantes? Son criminales que no tienen demandas políticas, su interés principal es ostentar el poder en algunas localidades y obtener el rédito económico, pero ellos operan también con las fuerzas del orden. La línea que divide los buenos de los malos no es clara, y si declaras una guerra interna, pagarán justos por pecadores.

Las condiciones podrían empeorar por estas decisiones, pero lamentablemente estas decisiones son populares: la gente quiere orden y pide mano dura, y estamos viendo una deriva autoritaria que podría subsanar de alguna manera la situación, si hubiera un plan. Y ahora no hay un plan, no hay claridad sobre las actuaciones, sobre dónde se va a intervenir ni cómo; tampoco hay un mejor equipamiento de las fuerzas públicas para llevar a cabo estas intervenciones.

Estamos declarando una guerra contra un enemigo que es amorfo, que se diluye en la sociedad (...) Estamos generando una guerra donde no está identificado claramente quién es quién y eso puede traer las mayores violaciones de los derechos humanos que se puedan imaginar. Estamos todos en riesgo porque, por ejemplo, si opinas en contra puede ser considerado que formas parte de un grupo criminal o que estás en beligerancia con el Estado.

Declarar beligerantes a grupos que no están aún consolidados puede ser un arma de doble filo y puede traer consigo el uso excesivo e innecesario de la fuerza.

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