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Colombia se asoma de nuevo al abismo de las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército

Fotografía del 7 de diciembre de 2016 de un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la Serranía del Perijá, corregimiento de Conejo en el departamento de La Guajira (Colombia).

Cristina Armunia Berges

El terror y el escándalo de los falsos positivos persiguen todavía hoy a Colombia, un país que dosifica la información que señala directamente al Gobierno, a cuyos mandos se sienta Iván Duque, protegido del expresidente Álvaro Uribe.

En el año 2008 se destapó el escándalo de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano. Durante los años más duros del enfrentamiento con la guerrilla, altos mandos de las fuerzas armadas recibieron bonificaciones y ascensos dependiendo de la cantidad de guerrilleros muertos que podían adjudicarse. Para cumplir con ese cupo que pedía el Gobierno se organizó un sistema de 'producción de cadáveres' que se basaba en asesinar a civiles, sobre todo campesinos.

El modus operandi, según las investigaciones de las organizaciones humanitarias, era muy simple: engañaban a jóvenes aislados (bien por falta de recursos o por discapacidades intelectuales) ofreciéndoles algún trabajo, les llevaban lejos de su ciudad de origen, los mataban a sangre fría y les disfrazaban con ropas de combate.

Quedaron documentados casos en los que aparecieron muertos hombres con discapacidad que de ninguna manera habrían podido disparar un arma, personas zurdas con un arma asida a su mano derecha o cuerpos con disparos de bala cuyas heridas no coincidían con los desgarros esféricos de la ropa.

Se cree que, entre los años 2002 y 2009, más de 3.000 civiles inocentes fueron ejecutados de manera extrajudicial en Colombia. Algunas fuentes, tal y como recuerda el periodista colombiano y director de informativos de Univisión Daniel Coronell en una entrevista en eldiario.es, dicen que las muertes en aquellos años superan las 10.000. Muchos de estos asesinatos se produjeron en connivencia con el brazo paramilitar.

La semana pasada, la columna que Coronell firmaba desde hace 14 años en la revista colombiana de investigación Semana fue cancelada. El periodista utilizó su espacio de opinión para criticar duramente a la revista por no publicar una información que manejaba desde febrero y que, finalmente, vio la luz gracias a the New York Times.

“La columna lo que dice es por qué Colombia tuvo que esperar al New York Times, que lo publicó en la primera página de su edición de domingo, para conocer una noticia tan grave para Colombia que Semana conocía desde tres meses antes”, explica Coronell.

El periodista colombiano considera que pudo haber tres razones: la falta de “diligencia en el proceso de verificación”, “un error de criterio” o la posibilidad de que Semana privilegiase “su relación con el Gobierno sobre la obligación que tiene de informar a sus lectores”. Poco después, Coronell fue apartado del semanario.

La información destapada por el rotativo estadounidense lleva a pensar que en Colombia, de nuevo, se dan las condiciones necesarias para que reaparezcan las ejecuciones extrajudiciales. Según lo publicado, existen documentos en el Ejército colombiano que indican que a los comandantes se les ha ordenado aumentar los resultados en cuanto a capturas y bajas de miembros de grupos guerrilleros. Una orden similar fue la que abocó al país al horror de los falsos positivos en los primeros compases de los 2000.

Esta no es la primera vez que Coronell resulta señalado en Colombia. El periodista, que ha sido especialmente crítico con el aparato de Uribe y con los líderes paramilitares, tiene hoy causas abiertas con el expresidente y tuvo que exiliarse a EEUU en 2005 por amenazas de muerte en forma de llamadas telefónicas y por el envío de coronas fúnebres a su persona.

Una directiva con regusto a falsos positivos

La columna de Coronell se titulaba La explicación pendiente. “Evidentemente había unas explicaciones pendientes por parte de Semana y esas explicaciones eran necesarias tanto hacia el interior del equipo periodístico como hacia afuera, hacia los lectores que tenían derecho a saber qué era lo que había pasado, qué era lo que había llevado a la revista a no publicar esta denuncia tan grave para Colombia”.

Lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, explica Coronell, es que “se está impulsando una política de evaluar resultados, por body count o conteo de cadáveres, y hace unos años esto fue lo que condujo a los falsos positivos”. Durante la entrevista, el periodista insiste en que Colombia es un país que sabe perfectamente las “consecuencias que podía tener”. Unos días después de la publicación del New York Times, el Ejército anunció que revocaría la polémica directiva.

“Lo que me sorprende es que ellos [el Gobierno] supieron por Semana, con mucha anticipación, que eso estaba pasado y no se preocuparon por tomar correctivos cuando lo supieron sino cuando se volvió un problema de tipo reputacional”, añade.

Aunque hayan pasado los años y se hayan sucedido diferentes presidentes, los dedos siguen apuntando a Uribe: “En general, [Iván Duque] es una persona amable, pero hasta cierto punto, aunque parezca increíble, es una figura irrelevante en el panorama nacional porque todo el mundo sabe que el verdadero dueño del poder es otro y las noticias se articulan más alrededor de Uribe”.

Cuando todavía siguen impunes la mayoría de los casos de falsos positivos en los momentos de mayor degradación del conflicto, Colombia se asoma de nuevo a las consecuencias macabras de las políticas que premian al mayor número de bajas.

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