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La Comisión Jurídica del PE apoya crear una Fiscalía europea contra el fraude

EFE

Bruselas —

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La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) apoyó hoy crear una Fiscalía europea para perseguir el fraude al presupuesto comunitario, que cuesta cada año en torno a 500 millones de euros a las arcas de los Veintiocho.

La creación de una Fiscalía europea estaba prevista desde la aprobación del Tratado de Lisboa, pero no se concretó en una propuesta de la Comisión Europea (CE) hasta el año pasado.

En octubre de 2013, la mayoría de países de la Unión Europea (UE) ya se mostraron a favor de esta iniciativa en el marco de un consejo de ministros de Justicia que abordó por primera vez la cuestión.

Los eurodiputados respaldaron la propuesta por 19 votos a favor 4 en contra y ninguna abstención.

“Un presupuesto de la Unión merece protección en toda la Unión. No podemos permanecer inactivos cuando los delincuentes tratan de estafar dinero de los contribuyentes”, señaló en un comunicado la vicepresidenta de la CE y comisaria de Justicia, Viviane Reding, quien confió en que la Fiscalía pueda asumir sus funciones en 2015.

La principal tarea de la Fiscalía será investigar, procesar y, cuando lo considere oportuno, ordenar que sean juzgados en los Estados miembros, delitos relacionados con el presupuesto comunitario.

El Ejecutivo comunitario considera que la Fiscalía debería tener una estructura descentralizada integrada en los sistemas judiciales nacionales.

Con este planteamiento, los fiscales europeos delegados se encargarán de las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, sobre la base de la legislación nacional y con personal también nacional.

La Fiscalía europea, por su parte, se encargaría de coordinar un enfoque único de la UE, que resulta “vital” sobre todo en casos transfronterizos, destaca la CE en un comunicado.

Para crear la Fiscalía europea se necesita el respaldo unánime de todos los Estados miembros en el Consejo de la UE y el consentimiento de la Eurocámara.

Tras la aprobación de hoy, será la comisión de Libertades Civiles del PE la que se pronuncie al respecto, el próximo mes de marzo.

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