Españoles a los que el Supremo ha arrebatado el voto: “Es una grave violación de derechos, voy a recurrir”

Este lunes, el Tribunal Supremo confirmó que suspende el derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos, excepto a aquellos que cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Muchos de los afectados son argentinos nacionalizados, que muestran su rechazo a la decisión del Supremo. “Es un desprecio y, desde el punto de vista jurídico, una grave violación de los derechos constitucionales en medio de un proceso electoral”, afirma a elDiario.es el abogado Juan Manuel Martínez Chas, quien obtuvo la ciudadanía en 2025.

El Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días para presentar la documentación que demuestre que los españoles que emigraron entre 1936 y 1955 huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Francisco Franco por razones políticas, ideológicas o de orientación o identidad sexual. Al respecto, Martínez Chas señala que “la trampa es que se prioriza una postura política, sin dar posibilidad de defensa a los afectados con unos plazos muy exiguos. Esto pone en aprietos a los consulados para ver cómo hacen para verificar los expedientes”.

Argentina fue el país en el que se presentaron más solicitudes para obtener la nacionalidad española por parte de los descendientes de exiliados españoles, en virtud de la llamada ley de nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. El Consulado General de España en Buenos Aires recibió 645.000 solicitudes, de las cuales ya están nacionalizadas unas 30.000 personas. De estos últimos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para poder ejercer el derecho al sufragio en estos comicios generales, se necesita aparecer en el censo de residentes en el extranjero, cerrado para estos comicios a 1 de agosto de 2026. Según los datos aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez al Supremo, son 163.020 el número de afectados.

El abogado Martínez Chas, cuyo abuelo llegó como exiliado de La Coruña, Galicia, sostiene que “la Constitución establece la obligatoriedad del Estado español de garantizar el derecho a voto de los españoles que se encuentran en el exterior”. “Soy nacionalizado de origen. En septiembre hice una presentación al Defensor del Pueblo en España y en estos días voy a ampliarla. Ya hice una presentación en el consulado. Estoy viendo si puedo apelar ante el Tribunal Supremo. Voy a interponer los recursos que estén a mi alcance para poder votar”, afirma a este medio.

Griselda Díaz Marchi, nieta de asturianos y nacionalizada española desde 2024, señala que está en contacto con otras personas en la misma situación para presentar un recurso colectivo ante la Justicia de España. “Estoy indignada por esta decisión judicial, que responde a un pedido de la derecha que busca recortar derechos. Me preocupa y me enfada, porque primero empiezan con nosotros, los naturalizados, y luego irán a por otros colectivos minoritarios, como dice el verso de Bertolt Brecht”, dice.

“Las españolas y españoles nativos deberían mantenerse atentos a la defensa de los derechos democráticos porque la historia ha demostrado una y otra vez que existen sectores dispuestos a restringir la participación ciudadana en beneficio de unos pocos”, señala. Díaz Marchi agrega que “si tuviera la posibilidad, iría a España a votar el 29 de noviembre”.

El Tribunal Supremo sostiene que el derecho de sufragio “no es un derecho de carácter absoluto”, sino que está supeditado a intereses generales, como es el de “preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano”. Los jueces adoptaron esa medida a petición de los partidos ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

El abuelo de Ariel Mulki Aguilera, Eduardo Aguilera, llegó a Argentina en 1951 desde Valdepeñas, Ciudad Real, exiliado por el franquismo. “La gravedad de la situación es que las condiciones que se exigían de demostración del exilio eran para la ciudadanía; no eran condiciones previstas para el voto. Una vez obtenida la ciudadanía, es inseparable del derecho del voto”, afirma Mulki Aguilera.

“Ahora, de la noche a la mañana te piden que demuestres el exilio. ¿Qué pensaban que venían a hacer nuestros ancestros? Venían de exiliados. Mi abuelo Eduardo Aguilera Merino llegó a la provincia de Mendoza perseguido por protestante; investigué sobre él y voy a publicar un libro que se titula Nieto del silencio. Tengo una sensación total de indignación”, admite el docente e investigador.

Por su parte, Florencia Vasallo González, traductora pública con formación en Derecho, considera que está acreditada su alta electoral, porque accedió a la nacionalidad a través del anexo 3 de la ley de nietos, no del anexo 1. “En 2024 recibí en Santiago de Compostela el alta en el censo electoral. El anexo 1 se refiere a hijos, hijas, nietos o nietas que hayan perdido su nacionalidad a causa del exilio. En el caso de mi familia, fue por exilio económico. Me parece que la Justicia divide a los españoles con derecho al voto y los españoles que no [tienen derecho]. Eso es horrible”.

A fecha de 1 de agosto de 2026, el registro de votantes en el extranjero incluía a más de 163.000 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la ley de nietos, según la sentencia del Alto Tribunal. Casi 97.000 solicitudes adicionales de nacionalidad habían sido aprobadas, pero aún no se habían incorporado al registro a finales de agosto, y más de 304.000 peticiones seguían bajo estudio. No está claro cuántos de estos quedarían excluidos de los comicios.

Mientras, Diego Pérez, empleado público, quien espera el trámite de la ciudadanía española, ve con preocupación la decisión del Supremo. “Los que se exiliaron fueron víctimas; yo veo una discriminación total. La justicia está contaminada por la política. No saben si son socialistas los nacionalizados que iban a votar en noviembre; a lo mejor votaban al mismo Vox. Se cercena un derecho que tenemos por nuestros abuelos y bisabuelos. En mi caso, eran anarquistas que dejaron su tierra; es como un castigo a ellos”.