La iniciativa de la OMS para suministrar oxígeno, tratamiento y pruebas a países pobres tiene un déficit de 16.000 millones

El pasado fin de semana, los líderes de las siete economías más avanzadas del mundo se reunieron en Cornualles (Inglaterra) bajo presión para actuar ahora ante la enorme desigualdad en la vacunación mundial contra la COVID-19. Pero, a pesar de las grandes declaraciones, los resultados de la cumbre del G7 han sido cuestionados por sus “pocos compromisos concretos, fuertes o profundos” en materia de salud.

Observadores de la reunión han criticado también que los dirigentes se quedaron muy cortos en cuanto a las donaciones de vacunas: prometieron compartir 870 millones de dosis con países de menos recursos, la mitad de ellas para finales de 2021 y el resto en 2022. Para muchos, el compromiso es una gota en el océano, y recuerdan que el mundo necesita 11.000 millones de dosis para cubrir al 70% de la población. Los plazos de dichas donaciones tampoco están claros, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva semanas pidiendo que se aceleren durante junio y julio.

A pesar de las demandas, el grupo tampoco prometió en Cornualles nueva financiación para el Acelerador ACT, un proyecto de varias entidades lanzado hace un año por la OMS, Comisión Europea y la Fundación Gates para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19, así como el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. En su comunicado final, los líderes del G7 se limitan a “reafirmar su respaldo” al mismo, a asegurar que continuarán con su apoyo financiero y a comprometerse a donar las dosis principalmente a COVAX, el mecanismo de reparto global y el pilar de trabajo más conocido de los cuatro del Acelerador ACT.

Esta asociación mundial todavía se enfrenta a un déficit de fondos de más de 16.000 millones de dólares de lo que se calcula que necesita para este año, que está afectando especialmente a las pruebas, los tratamientos y el refuerzo de los sistemas sanitarios. Pero este modelo depende de la buena voluntad de los donantes, que hasta la fecha se han comprometido a aportar solo 15.100 millones de dólares.

Tras la cumbre, los impulsores de la iniciativa pidieron más inversión en todas las herramientas para poner fin a la pandemia. Sus miradas están puestas ahora en la reunión de los ministros de Finanzas del G20 del mes que viene.

“El mundo tiene los recursos para cerrar rápidamente la brecha financiera para poder garantizar que los países de bajos ingresos tengan las herramientas que necesitan. (...) Hemos conversado mucho con diferentes miembros del G7 antes de la cumbre”, dijo este lunes Bruce Aylward, responsable del Acelerador ACT. “Habrá un diálogo continuo, incluso ahora, en el período previo al G20, en la reunión de los Ministros de Finanzas del G20 a mediados de julio. Esa reunión de ministros de finanzas será muy, muy importante, y están estudiando esta brecha del Acelerador ACT a medida que avanzamos”.

Según explica la OMS, con estos fondos, la iniciativa pretende ayudar a implantar pruebas para 500 millones de personas en países de ingresos bajos y medios y a asegurar el suministro necesario de oxígeno, así como distribuir 165 millones de dosis de tratamientos, incluida la dexametasona, para personas gravemente enfermas de COVID-19 y también abordar el suministro de vacunas.

“No se puede detener la pandemia y gestionar todo esto solo con vacunas. Hay que tener otras medidas, y para guiar las otras medidas, hay que tener diagnósticos para poder saber dónde está el virus, cómo está evolucionando el brote”, dijo Aylward.

La OMS calcula que la tasa de pruebas en los países ricos es 100 veces superior a la de los países empobrecidos. La agencia también alerta de que hay una necesidad “urgente” de tratamientos como el oxígeno, que está viendo un aumento de la demanda que es “cinco veces y en casos como el de India, 10 veces mayor” que lo que se necesitaba antes de la pandemia, e insiste en que los sistemas de salud “tienen que convertir las vacunas en vacunaciones”.

“Para las personas con enfermedades graves, hay que tener oxígeno, hay que tener esteroides. No se puede tratar a la gente con esteroides y salvar vidas a menos que se diagnostique con precisión. No se puede aislar a menos que se sepa con precisión dónde está el virus”, dijo el responsable del ACT. “Por todas estas razones, tenemos que cerrar esa brecha de financiación. Y al igual que hay un gran esfuerzo para conseguir grandes cantidades de vacunas, tenemos que conseguir los diagnósticos, el oxígeno. Y luego tenemos que hablar más del equipo de protección personal. Tenemos que mantener la seguridad de los sistemas sanitarios”.

El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, concluyó la misma rueda de prensa con un recordatorio: “En 2020, nos gastamos casi dos billones de dólares. Creo que fueron alrededor de 1.981 billones de dólares en gastos de defensa en todo el mundo. 16.000 millones de dólares representan menos del 1% del gasto de un año en defensa militar en todo el mundo. Sin duda, podemos permitirnos el 1% de eso para salvar vidas y poner fin a esta pandemia”.

Solo dos países del G7 cumplen

Para hacer frente a la falta de fondos, el Consejo de facilitación del Acelerador ACT (copresidido por Sudáfrica y Noruega) ha desarrollado un marco de reparto de la “carga” económica para los gobiernos como una forma de “dividir la factura” de manera “justa” entre 89 países ricos y de ingresos medianos altos. La fórmula se basa en la contribución en función de su PIB per cápita, con un ajuste en función de la dependencia de las economías del comercio mundial, para tener en cuenta las diferencias de nivel de ingresos entre los países.

Con datos de mediados de mayo, solo dos países del G-7 –Alemania y Canadá– han aportado toda su parte de financiación, además de Noruega y Arabia Saudí. Reino Unido y Estados Unidos, así como Suecia, han comprometido más de la mitad de su objetivo financiero. Otros países como China, Brasil y Rusia aún no han contribuido económicamente a la iniciativa.

Durante el pasado fin de semana, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se dirigió a los líderes del G7 como invitado a la cumbre. Dijo que si todos los países del G7 cumplieran el objetivo de su “parte justa”, el Acelerador estaría financiado en dos tercios, y también podría estarlo en un 90% si todos los países del G20 hicieran las contribuciones que les corresponden.

Desde su creación hace un año, expuso Ramaphosa, el Acelerador “ha apoyado a más de 70 países para ampliar la infraestructura de laboratorio para pruebas y ha entregado millones de pruebas de diagnóstico rápido; ha acelerado el desarrollo y la producción de vacunas; ha entregado más de 69 millones de dosis desde febrero de 2021; y ha adquirido EPI por un valor de más de 500 millones de dólares”.

En su informe del pasado mayo, el grupo independiente de expertos que ha examinado la respuesta internacional al coronavirus también incluyó entre sus peticiones urgentes a los países del G7 que se comprometieran a contribuir con el 60% de los miles de millones que necesita el Acelerador ACT en 2021. La cantidad restante debe provenir de otros países del G20 y de países con mayores ingresos, dijo el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia. El grupo también pidió entonces que se adoptara una fórmula basada en la capacidad de pago para conseguir una financiación “predecible, sostenible y equitativa” de forma continua.

Las deficiencias del ACT

Los expertos del panel también se hicieron eco en su informe final de muchas de las críticas que ha recibido el Acelerador desde que se puso en marcha en abril de 2020. Consideran que, si bien se logró “establecer una plataforma eficaz en muchos sentidos”, el hecho de que no existiera antes de la aparición de la pandemia y haya tenido que crearse para este fin “explica sus deficiencias”.

Por ejemplo, no todos los pilares de trabajo de la iniciativa han alcanzado el mismo grado de éxito, y hasta la actualidad no se ha logrado establecer “un marco coherente, estratégico, inclusivo y plenamente financiado”, indican.

También recuerdan que algunas naciones y la sociedad civil perciben el Acelerador ACT como una estructura “impulsada por la oferta, insuficientemente inclusiva, en la que los grandes países e instituciones donantes ejercen una influencia asimétrica en el proceso de toma de decisiones”.

A su juicio, en el ACT, prevalece un “enfoque caracterizado por la ausencia de cambios, dominado por el desarrollo y comercialización, por empresas multinacionales, de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, concebidos para países ricos”, que hace que “el resto del mundo tenga que depender de la buena voluntad de donantes, entidades de ayuda para el desarrollo y organizaciones benéficas para acceder, eventualmente, a tecnologías sanitarias que podrían suponer la diferencia entre la vida y la muerte”.

Señalan que la concentración de la capacidad de fabricación, así como de ensayos y de generación de conocimientos sobre vacunas, tratamientos, pruebas y otros suministros esenciales en un reducido número de países ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la desigualdad. Y también creen, como muchas otras voces, que ha faltado un “plan integral” en el que la investigación y el desarrollo, los ensayos clínicos y los procesos de fabricación estuviesen guiados por una estrategia encaminada a conseguir un acceso equitativo y efectivo.

Esta es una de las críticas que ha reiterado recientemente Médicos Sin Fronteras (MSF), que defiende que los gobiernos y las instituciones que participan en la iniciativa deberían “imponer condiciones a toda la financiación”. Christos Christou, presidente internacional de MSF, también ha vuelto a cuestionar que ni el Acelerador ACT ni COVAX han logrado, hasta ahora, “garantizar que la transparencia sea un principio fundamental y un elemento de su funcionamiento, responsabilidad y gobernanza”. “Información fundamental, como los precios, la capacidad de fabricación, el calendario de entrega y los acuerdos con las empresas farmacéuticas, no se hace pública”, lo que dificulta, a juicio de MSF, el análisis del impacto real de estos mecanismos en un acceso equitativo.  

El grupo de expertos considera que debería efectuarse un examen “exhaustivo” de los logros, la financiación y la gobernanza del Acelerador ACT “para aumentar su robustez”. Sostienen que la iniciativa proporciona un modelo “valioso”, pero piden transformarla en una plataforma“ verdaderamente mundial”, pasando de un modelo basado en sistemas dominados por países ricos en el que la innovación “se deja en manos del mercado” a otro “dirigido a distribuir bienes públicos mundiales”.

La OMS ha sido clara en la idea de que la falta de fondos no es el único problema al que se enfrentan. “Si no hay vacunas que comprar, el dinero es irrelevante”, dijo hace unos meses el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La pandemia ha demostrado claramente que, en una emergencia, los países de ingresos bajos y medianos bajos no pueden depender de las importaciones de países productores de vacunas”.

El Acelerador ha recibido mucha más atención pública en los países ricos que C-TAP, una plataforma de la OMS para que las empresas compartan su conocimiento técnico y sus datos con otros productores, promoviendo las licencias (la autorización para usar las patentes) se concedan de forma no exclusiva para aprovechar la mayor capacidad de fabricación posible de todas estas herramientas. Pero desde que se creó hace un año, ningún desarrollador de vacunas ni tratamientos ha contribuido. La primera oferta oficial provino del CSIC español, que anunció a finales del mes pasado que pondrá a disposición de C-TAP la tecnología de un test de anticuerpos que ha desarrollado.

“Si queremos salvar vidas y acabar con la pandemia, tenemos que ampliar y diversificar la fabricación y hacer llegar los productos médicos para tratar, combatir y prevenir la pandemia al mayor número de personas posible”, dijo el presidente sudafricano la semana pasada a los líderes del G7, a quienes pidió, una vez más, que apoyen la suspensión temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que se está negociando en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a la que la Unión Europea continúa oponiéndose, pese al giro de EEUU.