La jueza que devolvió la licencia a Uber en Londres deja el caso porque su marido trabajó para inversionistas de la empresa
La proliferación de Uber y otras empresas similares en todo el mundo no solo está siendo sinónimo de conflicto con el sector del taxi, sino que también ha revelado problemas de encaje con la legalidad vigente. El pasado 25 de junio, la división británica de la plataforma recurrió ante la Corte de Magistrados de Westminster la retirada de su licencia para operar en Londres, motivada por las malas prácticas de la compañía en la ciudad.
Solo un día después, la jueza británica Emma Arbuthnot aceptó el recurso de Uber London Limited, devolviendo así una licencia que se prolongará durante 15 meses (aunque la empresa solicitaba un trimestre más) y que supone una tregua para el desarrollo de este negocio en la capital inglesa.
Pero el conflicto del taxi en Londres ha dado una vuelta de tuerca: Arbuthnot se aparta del caso -y de cualquiera que afecte a Uber- tras la denuncias de un posible conflicto de intereses, según informa 'The Guardian', que cita fuentes judiciales. El motivo es la actividad profesional de su marido, el exparlamentario tory James Arbuthnot, que trabaja para una consultora estrechamente relacionada con Uber.
Según reveló 'The Observer', el marido de la jueza fue director de SC Strategy Ltd hasta diciembre del pasado año, apenas unas semanas antes que comenzara el proceso judicial sobre la actividad de Uber en Londres. Sin embargo, según consta en la web del Parlamento británico -que sí recoge su cese como director-, Arbuthnot seguiría teniendo un puesto remunerado, como 'consultor senior', en la empresa.
Esta consultora privada destaca por la opacidad en sus formas (no tiene página web y evita publicitar su actividad) pero algunos de sus clientes sí que son conocidos. Caso de Qatar Investment Authority (QIA), el fondo de inversiones nacional e internacional de este país que, según reveló 'The Wall Street Journal' en 2014, fue uno de los principales inversores en una ronda de financiación de Uber de 1.200 millones de dólares.
“En cuanto se señaló este vínculo, ella decidió asignar el caso a otro compañero. Es esencial que los jueces no solo sean totalmente imparciales, sino que también se vean como tal”, dijo un portavoz de la judicatura a 'The Guardian', advirtiendo: “La judicatura tendrá que valorar si esta nueva información puede cambiar la percepción de absoluta imparcialidad en la decisión tomada”.
